LAURA ZULLIAN
Vientos a favor soplan para la minería en Mendoza, vientos cuyas ráfagas parecen ser cada vez más fuertes. Este martes se le dio sanción definitiva en la Legislatura al proyecto de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la fase de exploración de Hierro Indio y es la primera vez desde que se sancionó la ley 7722 que se aprueba un proyecto minero en Mendoza.
Empresarios del rubro se entusiasman con la idea de que la ley 7722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la actividad minera, sea modificada o directamente derogada en el corto plazo. Mientras tanto, aseguran que ya hay empresas internacionales que quieren saber más sobre la legislación mendocina para, en un futuro, desembarcar con sus oficinas.
Carlos Ferrer, presidente de la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, dijo que durante este mes en el que se debatió el proyecto de la DIA de Hierro Indio ya tuvo contacto con empresas internacionales que se interesan por el potencial minero mendocino.
"Hemos tenido consultas en la Cámara de más cinco empresas de servicios internacionales que quieren ver cómo es el panorama mendocino, yo personalmente he hablado con una empresa española que están interesados en ver cómo evoluciona la 7722. Se vienen dando estos contactos desde afuera desde hace un mes, están llamando para saber cómo está el escenario jurídico porque el potencial minero es desconocido en Mendoza", contó Ferrer.
En relación a la sanción definitiva de la DIA, Ferrer dijo que desde la cámara están muy contentos y que están viendo el horizonte de forma positiva. "Asesores nacionales de nuestra Cámara han estado reunidos con asesores del presidente electo, con parte del equipo técnico, y se ha tomado la decisión de desarrollar 'a cuatro motores' la energía, minería y el petróleo", contó Ferrer.
"El humor social y el humor político han cambiado. La democracia tiene que ser una herramienta para que el hombre común tenga una mejor vida. La posición talibana, del no porque no, es un desprecio por el bien común de absoluta necedad, de que otros estén sin trabajo, detrás de esa pantalla de todos por el ambiente en realidad lo que ha habido son con actos de inconcebible egoísmo", opinó Ferrer.
Contó también que ya están fortaleciendo la cámara y que van a incorporar a esas empresas internacionales con el compromiso de que se radiquen en Mendoza para que facturen en la provincia y tributen en suelo mendocino.
Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Mendoza y Especialista en Derecho Minero, también se mostró satisfecho con lo sancionado este martes en la Legislatura y con una perspectiva hacia el futuro sostuvo que para ellos la ley 7722 debería ser directamente derogada pero que, si eso no se logra, lo que debería cambiar es sin dudas el artículo primero.
El artículo 1º de la ley 7722 es el que prohíbe "el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo".
"Nuestra postura es que la 7722 debería derogarse, sabemos que eso es muy difícil porque es una ley que tiene hasta una sentencia de la Corte que dice que es una norma constitucional", afirmó Rodríguez.
El letrado explicó que artículo 1º crea lo que se en Derecho se llama una "presunción". "Es algo que no admite prueba en contrario, esas sustancias están siempre prohibidas, si yo quisiera hacer un proyecto minero en un desierto en donde no hay agua, también están prohibidas. Yo llevaría esa restricción a que admita prueba en contrario, es decir, que permita que yo pueda demostrar científicamente que no voy a dañar", asesoró.
Para él, otro de los cambios que debería realizarse es el de tener que pasar siempre por la Legislatura. "No es necesario revalidar en ese ámbito, para eso están otros instrumentos. Esto tiene un sistema de transparencia en audiencias públicas", opinó.
"Es un paso adelante el hecho de ser el primer proyecto que se aprueba, es algo muy auspicioso del sector, es una vuelta a la racionalidad. Hay una maduración que hay que celebrar", señaló Rodríguez.
Para Rodríguez, en estos 12 años desde que fue sancionada la ley 7722 hubo cambios en la legislación que permitieron asegurar más controles. "Hubo una evolución legislativa, hace 12 años la Ley de Glaciares no estaba, tampoco la de ordenamiento territorial. También hubo una evolución de la ciencia y de la sociedad que dice que no se pueden tener recursos enterrados, la solución es ver cómo lo hacemos de forma segura. La 7722 a mi juicio es no enfrentar los problemas y no es lo más inteligente, yo creo que ha llegado un momento de madurez en el que la sociedad dice que no podemos tener esto prohibido", agregó.