China ha iniciado -desde hace ya algunos años- un lento pero constante proceso de “neocolonización” sin freno. Principalmente en América Latina. Los rígidos estándares morales impuestos por el Partido Comunista (PCC) a la población y a su clase dirigente le impedirían al régimen someter a otros pueblos a fuerza de crucifijos o evangelios tal como ocurriera en siglos pasados. Tampoco los actuales tiempos permitirían invasiones militares. Es por eso que su voracidad expansionista lleva el sello de la Reserva Federal de los Estados Unidos: sus funcionarios ofrecen dólares. Muchos dólares. De a miles de millones. Y parece funcionar.

La sabiduría milenaria rinde frutos al PCC. Sus jerarcas -encabezados por Xi Jinping, el presidente del gobierno central- conocen cada una de las debilidades y necesidades de los países del Tercer Mundo cuya mayoría de líderes y conductores sólo piensa en perpetuarse en el poder o en sobrevivirlo. África y América Latina, continentes relegados históricamente, son claros ejemplos del uso que Beijing hace de su dinero para explotar sus recursos e intentar imponer costumbres y leyes.

En la región latina, China extiende sus brazos -más activamente- desde hace algo más de una década. Siempre con la misma táctica: préstamos blandos y dinero fresco. Siempre con la misma estrategia: intentar apropiarse de los tentadores e infinitos recursos naturales y de la información. Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador y Argentina, por ejemplo, fueron algunos de los países donde hicieron pie a fuerza de yuanes convertibles. Desde 2005 alrededor de 141 mil millones de dólares descendieron como maná para regocijo de presidentes amantes del Socialismo del Siglo XXI. Los dólares eran transferidos desde el Banco de Desarrollo Chino y el Banco de Exportaciones e Importaciones de China.

La dictadura chavista conducida por Nicolás Maduro, por ejemplo, es un gran socio y deudor. De acuerdo a la Base de Datos Financiera de China y América Latina, los créditos que desembarcaron en Caracas en los últimos 10 años alcanzaron unos 62 mil millones de dólares. Hasta el momento, aún tiene que pagar más de un tercio de esa suma.

Conociendo la delicada situación financiera y económica del Palacio de Miraflores, Beijing deberá esperar. Sabe que el goteo de barriles de petróleo y de áreas de explotación minera y de crudo se le asignarán a cambio de no ser un acreedor hostil. Es más: Maduro promueve una joint venture con la casa matriz de PetroChina, la partidaria Corporación Nacional de Petróleo de China más conocida por sus siglas CNPC. En conjunto crearían una nueva unidad de negocio que podría equivaler a 65 mil toneles cada 24 horas.

Pero hay otro riesgo y es el ambiental. ¿Bajo qué parámetros operan las compañías chinas que se instalan en la Cuenca del Orinoco para explotar -además de las refinerías- las minas de diamantes y oro de Venezuela? Es un misterio. ¿Bajo qué legislación laboral trabajan los empleados venezolanos? ¿O son en su mayoría chinos?

Ecuador, en tiempos de Rafael Correa, también fue un beneficiario de la generosidad oriental. Desde 2009 fueron alrededor de 17.500 millones de dólares los que se le destinaron. Los sectores que verían llover los dólares: hidrocarburos, electricidad, minería. Compañías como Sinohydro, Gezhouba, China Petroleum y Chinalco están a cargo de varios de los proyectos más grandes, no sólo en tierra ecuatoriana, sino en todo América Latina.

Un informe elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA) -compuesto por un consorcio de ONGs de Ecuador, Argentina, Perú, Bolivia y Brasil- documentó “la falta de cumplimiento del Estado chino de sus obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos por al menos 18 proyectos operados por 15 consorcios empresariales chinos, que han actuado con el apoyo de 6 bancos chinos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. De los 18 casos documentados, 7 pertenecen a la industria minera, 6 a la industria petrolera y 5 al sector hídrico. Asimismo, 15 afectan a territorios indígenas, 11 a áreas naturales protegidas, 5 son patrimonio natural y cultural reconocidos por la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural (UNESCO) y 12 corresponden a la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña”.

La vulneración de los derechos de las comunidades es una constante. “En Ecuador, el proyecto San Carlos Panantza, ha reportado varios allanamientos, detenciones arbitrarias e investigaciones judiciales contra líderes indígenas a raíz de la confrontación por los desalojos forzosos de agosto 2016, evento que dejó un policía muerto y nueve personas heridas”, denuncian las organizaciones de derechos humanos. Detalle: todos los ataques eran conducido por las corporaciones a cargo del plan de inversiones.

En la mayoría de los proyectos, China desoye las recomendaciones internacionales y atropella a las comunidades -sobre todo originarias- y al medio ambiente. En Bolivia, por caso, “el bloque petrolero Nueva Esperanza se superpone con uno de los tres territorios del pueblo indígena Tacana, el cual alberga a un pueblo indígena en aislamiento voluntario ‘Toromona’. A pesar de que los Tacana se opusieron a la exploración petrolera, el Estado boliviano impuso el proyecto, y realizó un proceso de consulta en el que se acordaron condiciones para salvaguardar el territorio y proteger a los pueblos Tacana y Toromona. Sin embargo, BGP Inc. desconoció los acuerdos y causó daños ambientales afectando sus medios de vida”, señala el mismo documento. Para Evo Morales algunos indígenas tienen más derechos que otros.

En la Argentina, en tanto, el gobierno de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri -de diferente signo político- coincidieron en algo. Permitieron y alentaron la instalación de una base de “observación” en la Patagonia de uso exclusivo del gobierno chino. Allí está vedada la participación de funcionarios argentinos. Nadie se puede acercar a ver de qué se trata esa gigantesca antena capaz de recoger las comunicaciones en todo el continente. Sólo uniformados con bandera roja y estrellas amarillas pueden cruzar sus portones.

África bajo China

El continente africano es una de las mayores apuestas de China. Políticamente inició sus primeros pasos en los años 60, cuando comenzó a disputar su influencia en aquella región con los Estados Unidos y su rival en el comunismo, la Unión Soviética. Eran tiempos de Guerra Fría en los cuales el dinero no florecía en la capital de la Ciudad Perdida. Ahora es otra la historia... al menos económica.

En Nigeria, por caso, además de las grandes empresas asociadas con Beijng como Huawei o China Bridge, el régimen empuja a empresarios más pequeños a instalarse en el extranjero y penetrar en poblaciones hasta el hueso. Abandonan China por la escasa oportunidad de negocios internos que pueden encontrar en una población mayoritariamente empobrecida. O por orden directa.

En aquel país africano los ejemplos abundan. Igbesa, una pequeña área a 60 kilómetros de Lagos, la ciudad más importante de la nación es uno de ellos. En esa zona de libre comercio quienes mandan son empresarios chinos a quienes el poder central nigeriano les facilitó todo. Los “inversionistas” prometieron mejorar las infraestructuras. Lo hicieron al extremo: ahora en el importante y extenso poblado lograron imponer leyes propias, una policía que les responde y su administración.

Un estado dentro de otro donde quienes tienen el manejo son hombres de negocios enviados por el PCC, que además de controlar el terreno, ordenan quién puede y quien no comercializar productos a través de las fronteras.

Pero la olvidada ciudad del estado de Ogun no sólo sufre el yugo policial chino. También el medio ambiente es víctima de la destrucción. Su población ha hecho pedidos desesperados para que las autoridades pusieran un freno a lo que llaman una “invasión” de tierras. La comunidad ha denunciado que al menos 500 hectáreas habían sido destruidas por los “inversores” a pesar de que no podían hacer una explotación de ellas.

En términos absolutos la fracción aludida no parece extensa... si uno no es propietario de alguna de las hectáreas de allí. Los representantes legales chinos respondieron con dureza: amenazaron a los dueños con demandarlos ante la Justicia y retrotraer la adquisición que habían conseguido en 1977. Un litigio para ellos resultaría impensado en términos económicos. El gobierno de Nigeria, mientras tanto, mira hacia otro lado.

“Cada vez que vengo a África veo el dinamismo del continente y las aspiraciones de su gente para el desarrollo”. Las palabras corresponden a Jinping. Las pronunció en julio de 2018 en su cuarto viaje al continente. Seguramente no se refería al dinamismo y desarrollo percibido por los hombres y mujeres de Ogun.

Namibia es otro claro ejemplo. Le abrió completamente las puertas de sus recursos naturales, casi la exclusiva fuente de ingresos para la economía de aquel estado relativamente nuevo. A pesar de las promesas de crecimiento hechas por los “inversores”, ninguna permitió el desarrollo de su economía o infraestructura. La nación continúa atrasada.

Pero no sólo aquella explotación de sus riquezas (diamantes, cobre, uranio, oro, plata, plomo, estaño, litio, cadmio, tungsteno, zinc y ¿petróleo?) interesa a Beijing. También su influencia política. Hace apenas diez días ambos gobiernos firmaron un acuerdo por el cual el régimen chino capacitaría a sus fuerzas armadas. Se trata del Colegio de Personal y Comandos dirigido por el PCC. Para el presidente del país africano, Hage Geingob, se trata del aporte de conocimiento en guerras tácticas y operativas y del papel de los militares en una “sociedad democrática”. Nadie se animó a lanzar una carcajada cuando las palabras “China” y “democracia” fueron conjugadas en la misma oración.

También emerge otra ironía: Namibia logró independizarse definitivamente en 1990. La rebeldía que supo tener en épocas coloniales parece haberla olvidado al dejar en manos de otro imperio recursos y entrenamiento militar, instrumentos que cualquier discurso político colocaría bajo el paraguas de la soberanía.

Otras naciones africanas también han permitido el desembarco del dinero y funcionarios y empresarios enviados del régimen comunista chino: Angola, Etiopía, Kenia, Senegal, Sudán o Yibuti, son otras de las bendecidas. En septiembre de 2018, Jinping había prometido flamantes capitales en el continente por 60 mil millones de dólares. A los gobernantes les brillaron los ojos. Alguno habrá exagerado una emoción. El gesto del jerarca chino, en cambio, era indescifrable. Su objetivo, no. Tres años antes también había ofrecido una suma idéntica que fue concretando. Los leones se relamían.

En concreto, esa última suma -anunciada el año pasado en la cumbre del Foro de Cooperación China-África- se repartirá en 15.000 millones de dólares en préstamos sin intereses, 20.000 millones en líneas de crédito, 10.000 millones en fondos para el desarrollo y 5.000 millones para financiar las importaciones africanas. El resto en otro tipo de capital privado.

El comercio bilateral entre China y el continente crece alrededor de un 20% anual. Desde el año 2000 Beijing concedió créditos por 136.000 millones de dólares, según datos de la consultora estadounidense McKinsey. El argumento es siempre el mismo desde la oficina de Jinping: el desarrollo de África. Sin embargo, en ese lapso es poca la evolución que puede observarse en aquellos países.

En 20 años un total de 5 millones de niños han muerto como consecuencia de la falta de un sistema sanitario eficiente y de agua potable en el continente que China dice ayudar. ¿Dónde están las inversiones de miles de decenas de millones de dólares? Una nota del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) de enero de este año advertía que “miles de personas viven en riesgo de inanición en Somalia, Sudán del Sur, Nigeria y Yemen y se hace más importante que nunca no olvidar para que la tragedia no se repita”.

Difícil de sostener la defensa de esas inversiones que no están orientadas a lo más básico para el ser humano: la subsistencia alimentaria. En cambio, los planes del régimen trazan otros horizontes. Decenas de empresas tecnológicas desembarcan en países africanos para realizar tendidos de todo tipo: redes móviles, eléctricas, aeropuertos, internet.

El manejo de estas redes implica además el manejo discrecional de la información que ellas poseen. Y los ejemplos de mal uso son numerosos. El más escandaloso es el que puso al descubierto una publicación del diario norteamericano The Wall Street Journal que indicó que la mayor telefónica aliada al PCC -Huawei Technologies Co.- habría ayudado a gobiernos locales a espiar rivales políticos. La compañía desmintió de inmediato la información y amenazó con un juicio al periódico radicado en Nueva York. Sin embargo, las pruebas presentadas por el equipo de investigación periodística eran contundentes y verosímiles.

En el artículo se describió cómo funcionaba el mecanismo que sirvió para interceptar y desbloquear comunicaciones encriptadas de opositores, hackear sus redes sociales o rastrearlos en tiempo real. Hasta uno de los gobiernos favorecidos agradeció públicamente la gestión. ¿Impunidad o ingenuidad?

Una de las víctimas fue un dirigente político con ascendencia sobre la juventud y miembro del parlamento de Uganda. Se trata de Robert Bobi Kyagulanyi, quien además es un reconocido músico. Bobi estaba siendo espiado por la unidad de vigilancia digital del régimen de Yoweri Museveni. Sin embargo, sus técnicos no pudieron penetrar su celular ni sus redes sociales. Fue en ese momento cuando habrían acudido al principal jugador móvil del país.

Los técnicos de la firma china constituyeron entonces la solución al problema que enfrentaba el régimen: espiar a un rival del presidente Museveni, de acuerdo a The Wall Street Journal. Necesitaron dos días para cumplir con su misión. Fue así que consiguieron penetrar sus diálogos a través Whatsapp y de Skype. Documentaron todos sus movimientos y desarticularon manifestaciones que estaba planificando. Bobi fue apresado.

En Zambia, otro presidente, Edgar Lungu también sospechaba de sus rivales y no tenía las herramientas necesarias para atraparlos. Es por eso que ordenó un sistema de espionaje que no fue suficiente. Fue por ello que su policía digital debió recurrir a técnicos más confiables. Casualmente, trabajaban para la empresa de tecnología más grande del mundo a la que Beijing protege.

En esta oportunidad fueron dos los expertos de Huawei que habrían sido contratados por el gobierno zambiano. Trabajaron en conjunto desde agosto de 2018 hasta fines de abril de 2019. Dedicaron sus conocimientos a infiltrarse en las redes y los teléfonos de bloggers molestos para el régimen. Liswaniso Songiso, Patrick Mweetwa, Derrick Munshya y Emmanuel Kamosha, los espiados, fueron detenidos tras el “exitoso” hackeo.

El dominio podría extenderse aún más si Huawei consigue contratos de red 5G en Europa, África y América Latina. ¿Quién controlará las puertas traseras que este tendido albergaría en todo el planeta? ¿Quién estaría dispuesto a regalarle al neocolonizador su omnipresencia en las telecomunicaciones?

La tentación es mayúscula para cualquiera necesitado de dinero y promesas de inversiones. Máxime en continentes pobres y con rumbo dispar. Mucho más si se trata de naciones cuyos líderes lo único que suelen ver hacia el futuro es su propio proyecto político y no el desarrollo sostenible en el tiempo sin comprometer los recursos naturales, uno de los principales valores que un país puede tener, además de la visión estratégica de sus conductores.