Mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas
La iniciativa, aprobada por la Cámara de Diputados en segundo trámite, deja sin efecto el decreto tarifario vigente y extiende la aplicación del previo, al tiempo que establece un mecanismo de estabilización de precios destinado a favorecer directamente a los clientes finales del sistema.
En condiciones de pasar al Ejecutivo para su promulgación como ley de la República quedó el proyecto que crea un mecanismo de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas (boletín 13017), ello luego que la propuesta fuera ratificada por la Cámara de Diputados por una contundente votación.
El texto, aprobado en los mismos términos que lo propuesto por el Senado por 115 votos a favor, uno en contra y diez abstenciones, beneficiará a los usuarios finales sujetos a regulación de precios suministrados por empresas concesionarias de servicio público de distribución eléctrica .
El mecanismo de estabilización se someterá a las siguientes reglas:
1. En el período comprendido entre el 1 de julio de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados corresponderán a los niveles de precio contenidos en el Decreto 20T, de 2018, del Ministerio de Energía, y se denominarán Precio Estabilizado a Cliente Regulado (PEC).
2. En el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución podrán traspasar a sus clientes regulados serán aquellos definidos en las fijaciones semestrales. En cualquier caso, no podrán ser superiores al PEC ajustado de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor a partir del 1 de enero de 2021 con base en la misma fecha.
3. A partir de la publicación de la presente ley y hasta el término del mecanismo de estabilización, los precios que las concesionarias de servicio público de distribución pagarán a sus suministradores considerarán la aplicación de un factor de ajuste que permita asegurar que la facturación de estos sea coherente con la recaudación esperada en razón del PEC o PEC ajustado de la correspondiente distribuidora.
En caso de que el cálculo de precios de nudo promedio hubiera resultado en precios mayores al PEC o PEC ajustado, según corresponda, los precios serán ajustados a la baja. En caso contrario, los precios serán incrementados, con el fin de cubrir los saldos no recaudados. Con todo, respecto de cada contrato, el ajuste se aplicará hasta cubrir su saldo no recaudado.
4. La Comisión Nacional de Energía calculará, para cada contrato, las diferencias de facturación que se produzcan entre el precio establecido en el decreto semestral respectivo y el precio que se hubiera aplicado de conformidad a las condiciones del correspondiente contrato. Este saldo deberá ser incorporado en los decretos tarifarios semestrales respectivos, detallando los saldos no recaudados de cada contrato en su equivalente en dólares.
A partir de julio de 2023 o bien hasta acumular un saldo no recaudado de 1.350 millones de dólares, no se podrán incrementar los saldos no recaudados, para lo cual la Comisión Nacional de Energía deberá determinar los ajustes al PEC ajustado necesarios.
5. Los saldos no recaudados no devengarán interés. Sin embargo, excepcionalmente, al 1 de enero de 2026, devengarán un interés igual a la tasa de referencia diaria intercambiaria de oferta de Londres de seis meses, o la tasa equivalente que la reemplace, más un spread correspondiente al riesgo país a la fecha de aplicación.
Se considerarán para el mecanismo solo aquellos contratos que inicien suministro antes de 2021. Los decretos a que hace referencia el presente artículo continuarán vigentes mientras no se publique en el Diario Oficial el decreto correspondiente al período siguiente.
Otras normas
La Comisión Nacional de Energía (CNE) mediante resolución exenta establecerá las reglas necesarias para la implementación del mecanismo de estabilización cumpliendo con los siguientes principios:
a. Que las empresas distribuidoras traspasen íntegramente a sus suministradores los precios señalados en cada uno de los contratos de acuerdo a la temporalidad que establece la presente ley, sin que aquello le signifique ni un costo ni un ingreso adicional a los ingresos tarificados por el valor agregado de distribución (VAD).
b. Que los ajustes que se vayan produciendo sean abonados o cargados a los generadores de manera que no signifique una discriminación arbitraria.
c. Que los abonos se realicen en proporción a los saldos no recaudados.
d. Que para aquellas empresas generadoras cuyo contrato hubiere terminado, se incluyan los pagos correspondientes para la total extinción de su saldo no recaudado.
e. Los pequeños medios de generación distribuidos no serán afectados por las disposiciones de la presente ley.
Los clientes sometidos a regulación de precios que opten por cambiar al régimen de precios libres, a partir de la vigencia de esta ley hasta el término del mecanismo de estabilización, deberán participar de este mecanismo de estabilización en igualdad de condiciones con el resto de los clientes regulados, a través de una componente específica que se adicionará al peaje de distribución conforme lo determine la Comisión Nacional de Energía.
El mecanismo de estabilización de precio se extenderá hasta que se extingan los saldos originados por aplicación del mismo, lo que en ningún caso podrá extenderse más allá del 31 de diciembre de 2027. Si durante el período que medie entre los años 2025 y 2027, la CNE proyectase que los saldos no recaudados no lograren ser extinguidos en su totalidad, esta determinará los ajustes al PEC ajustado necesario para extinguir totalmente los saldos antes del 31 de diciembre de 2027.
Finalmente, entre otros puntos, se deroga el decreto tarifario determinado este año y extendió la vigencia del previo.
Luego de un intenso debate, los senadores despacharon el mensaje que viene a dar una señal en pro de una de demandas expresadas por la ciudadanía en los últimos días.
Con sentido de urgencia, la Sala aprobó el proyecto, en primer trámite, que crea un mecanismo transitorio de estabilización de precios de la energía eléctrica para clientes sujetos a regulación de tarifas. La norma permitirá anular la reciente alza de 9,2% de la electricidad, retrotrayendo el valor de las tarifas al primer semestre de este año.
El texto que ahora va a la Cámara Baja, fue respaldado en general con 39 votos a favor y 3 en contra , mientras que se analizó una indicación del Ejecutivo que fue rechazada.
Durante la discusión, los congresistas hicieron ver una serie de críticas al mensaje, sin embargo reconocieron que la contingencia obliga dar estas señales en pro de la economía familiar.
De hecho, se manifestó que el congelamiento de las tarifas no es más que un crédito que la ciudadanía deberá devolver a partir del 2021 y que nada asegura que dejar sin efecto el alza no impida que se reajusten los costos desde el citado año. Así se hizo ver la necesidad de hacer un cambio de fondo al mercado que presta servicios básicos y a las políticas subsidiarias del Estado.
Desde la otra vereda se reconoció que este es un primer paso a una transformación mayor que deberá hacerse al formato de “empresa modelo” pero que este análisis sólo podrá darse con el tiempo necesario, el mismo que hoy no se tiene.
Durante el debate intervinieron los senadores Álvaro Elizalde, Alejandro García Huidobro, Felipe Harboe, Carlos Bianchi, Yasna Provoste, Pedro Araya, Alejandro Navarro, Jorge Pizarro, David Sandoval, Alejandro Guillier, Víctor Pérez, Ximena Órdenes, Juan Antonio Coloma, Juan Pablo Letelier, Francisco Huenchumilla, Guido Girardi, Francisco Chahuán, José Miguel Insulza y José García Ruminot. A su vez hizo uso de la palabra el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet.
El presidente de la Comisión Minería y Energía, el senador Elizalde explicó la iniciativa y el debate en general y particular que se dio en esa instancia. “Los generadores no cobrarían el precio actual a las distribuidoras. No se trata de congelar las cuentas sino las tarifas desde hoy hasta el 2020, fecha a partir de la cual las tarifas bajarán definitivamente considerando las licitaciones anteriores”, explicó.
Agradeciendo el trabajo que se ha realizado en la citada instancia por parte de los legisladores y el ministerio respectivo comenzó su intervención el senador García Huidobro. “Desde antes del alza, nos preocupó lo que iba a pasar. En algunas regiones iba a llegar el alza hasta un 16%, y a partir de los primeros meses del 2020 iban a subir aún más. Nos parecía injusta la situación de los clientes regulados. La norma es fijará hasta fines del 2020 las tarifas; y solo al 2021 se podrían reajustar vía IPC”, resumió.
El senador Harboe aseguró que “hubo un impacto negativo por parte de la ciudadanía cuando se conocieron las medidas anunciadas recientemente. Nos preocupa esta alza porque trabajamos en la fijación tarifaria para evitar estas situaciones, pero después ingresaron decretos que complicaron el panorama. Acá se congela o difiere el pago de la tarifa. Vamos a tener que aprobar una suspensión a la tarifa pero a partir del 2021, se van a ver incrementadas las cuentas. Hay que ser transparentes en eso”.
En la línea del legislador anterior, el senador Guillier manifestó que “este proyecto no rebaja las tarifas de la luz sino que las congela por un año. Se busca una empresa modelo y las compañías no ha tenido una conducta creíble. Estoy recordando lo que pasa en la región de Magallanes respecto a lo que pasa con el gas. Uno quiere que en estos proyectos se resuelvan realmente los problemas de la gente que no puede pagar. No se resuelve el abuso histórico de las empresas generadoras y distribuidoras”.
La senadora Provoste expresó que “en lo sustancial, es una mecanismo de estabilización que trae a valor presente, una parte de las rebajas que deben verse con las nuevas centrales licitadas. Luego a partir del enero del 2021 y junio del 2023, el precio será reajustado de acuerdo al IPC. La tarifa eléctrica a un cliente regulado tiene una serie de cargos y la componente más importantes es por energía y potencia. El problema es que este proyecto solo aborda una parte de los costos de la cuenta que es la generación. Solicito al gobierno que en la ley corta se ponga un mecanismo de estabilización en la transmisión y también en la distribución”.
“Me hubiera gustado estudiar este proyecto con calma” confesó el senador Araya. Complementó diciendo que “tengo dudas en esta norma. Se parte con un supuesto que el monto de deuda de las empresas será compensado con las bajas que no se realizarán a partir del 2021, pero los montos será en dólares. No podemos predecir el precio del dólar el 2021. Las personas no pagan en dólares, puede haber una diferencia en la tarifa. El mecanismo no asegura la baja de la tarifa final porque solo se hace referencia a la generación eléctrica. Se cree que los costos de transmisión aumentarán en los próximos años, entonces es preocupante”.
El senador Navarro dijo “esto es una mentira. Se le está dando a las empresas un crédito, porque ellas pagarán en cómodas cuotas desde el 2021. Esta era el momento para decirles a las compañías que debían llegar a un acuerdo. ¿Por qué la gente debe pagar el alza del dólar? En dos años más debía bajar la luz pero eso no se podrá porque hoy se estabiliza. Es lo peor que podemos hacer. No se toca el modelo y a las grandes empresas. Esto es engañoso porque se le hace creer a la ciudadanía que se les está premiando congelando las cuentas y no es cierto. Voto en contra”.
El senador Pizarro aseguró que “había decidido abstenerme, pero ahora voy a votar a favor por un tema de responsabilidad política. El tema de fondo es reestructurar una política pública respecto a los servicios básicos y el transporte público que deben ser eficientes y baratos. Hay que ver los subsidios a la clase media y los más pobres. Esto también implica revisar cómo están operando las empresas que los prestan. Creo que con el tiempo debemos apuntar a este reestructuramiento. No hay que quedarse en la caricatura o frase cliché. Esto es insuficiente pero es un primer paso”.
A su turno, el senador Sandoval recordó las palabras del presidente Piñera en cuanto al tema de los abusos. “Hoy vemos el congelamiento de la electricidad. Va a ser necesario sentarse la mesa para estudiar mecanismos distintos para terminar con los abusos. No es posible que un mismo profesional de salud que atiende en el sistema público actúe de manera distinta en el privado. En la región de Magallanes esta ley no nos afecta, pero estamos legislando para el país. Nosotros tenemos casos dramáticos porque no hay empresas interesadas en prestar el servicio porque hay pocos habitantes”, relató.
El senador Guillier admitió que “se entiende el contexto de emergencia y por eso aprobamos este proyecto. Si nos ponemos ahora a debatir los cambios de fondo, sigue subiendo la energía. Los precios de los servicios básicos no pueden incrementarse a diario sin tener mecanismos de contención. Acá se congela el precio de uno de los componentes de la tarifa final. Ojo con eso. Las empresas generadoras representan un 75% del costo de la boleta pero no aseguran que no habrá más alzas. Estamos atenuando la tarifa eléctrica que se podría disparar”.
“Me ha llamado la atención la calificación de fraude que se le ha dado este proyecto. Todos sabíamos el propósito de la iniciativa”. Así comenzó su intervención el senador Pérez. “También me sorprenden que los legisladores se pronuncien de esta manera si era conocido lo que iba a pasar. Hay que dejar de lado esta retórica. No hay duda que en los temas de fondo se deben debatir con cuidado como en este caso, la ley corta y larga de distribución eléctrica. La idea es respaldar a la ciudadanía y facilitarles la vida”, recordó.
La senadora Órdenes manifestó que “me pregunto qué pasó con la ley de equidad tarifaria. La realidad cambia y quedan estos temas atrás. Ahora el tema es el costo de la vida. En mi región pagamos el mayor monto en electricidad y agua. Asumo que este proyecto debe votarse a favor porque tiene discusión inmediata pero estamos votando sin informe. Entiendo que después todo se regulariza, sin embargo se necesita tiempo para estudiar. Espero que cuando se presenten cambios estructurales sí nos den tiempo”.
“Vamos a votar a favor porque le alivia la carga a parte de los chilenos”. Con esa frase el senador Letelier aseguró que “el pago de lo público es un tema. No seamos indiferentes a lo que estamos viviendo. El proyecto tendrá sentido cuando analicemos la estructura tarifaria. Acá se trata a los clientes como si todos fueran iguales y no es así. Hay utilidades brutales que manejan los privados con el capitalismo salvaje que dejó de lado el sentido público de la propiedad. Hay otro problema grande con el cobro de los TAG y el uso de las carreteras”.
El senador Huenchumilla hizo un llamado a no perder la calma. “Si este proyecto se hubiera discutido hace un mes atrás, hubiéramos estado en sintonía pero el escenario de hoy es muy distinto. Qué debemos hacer para lograr neutralizar la molestia de la gente y salir de la crisis. El objetivo político es recobrar la credibilidad del Estado. Eso no lo estamos consiguiendo porque la gente sigue en la calle. El presidente manda esta propuesta social. La gente quiere que le rebajen las cuentas, pero saben también que esto es insuficiente frente a una sociedad abusiva que lleva más de 40 años”.
“Voté a favor porque queremos resolver lo inmediato. Muchos de nosotros que votamos a favor, no quiere decir que estemos de acuerdo con el mecanismo de estabilización. Son temas fundamentales los servicios básicos y la rentabilidad de las empresas. Es paradojal que Chile que tiene energía solar con costo marginal cero, tenga tarifas eléctricas elevadas. Nos parece que si queremos abaratar la tarifa, hay que recurrir a las energías renovables y la energía solar. Estas son políticas de deben desarrollarse a la brevedad”, reflexionó el senador Girardi.
El senador Chahuán argumentó que “esto es parte de la agenda social de la cual hay que hacerse cargo. Ha habido una prontitud para congelar el alza. La preocupación de poner el IPC norteamericano es la única indicación que se hizo respecto del IPC local. En general hacemos un llamado a un nuevo pacto social que coordine los temas centrales en los que todos tenemos miradas distintas pero coincidimos en la pertinencia de hacer cambios”.
“Espero que alguna vez revisemos las tarifas, la fluctuación del dólar y las ganancias de las empresas. Me gustaría entender cómo todo eso se cruza con la distorsión de los precios producto del IPC norteamericano. Veo que estamos adelantando un problema que hay que resolver más adelante”, mencionó el senador Insulza.
El senador García Ruminot recordó que “hay que despachar el proyecto hoy para evitar el alza de las tarifas que repercute en el presupuesto de las tarifas. Esta indicación hay que estudiarla. Está la reajustabilidad del precio del dólar y la variación del IPC de USA y el efecto de eso no lo sabemos. Si el dólar baja, no hay problema. En cuanto a mi región me apena lo que pasa en La Araucanía donde se corta la luz y genera un grave problema para el emprendimiento turístico. Necesitamos más inversión que nos garantice que no van a haber más interrupciones del servicio”.
