Desánimo, desdén del gobierno y fuga de inversiones a otros países es la realidad de la minería en México, industria que acumula 11 meses a la baja y de los últimos 65 meses en 64 ha reportado resultados negativos.
Aun cuando México es foco de atracción de capitales para invertir en exploración minera, la elevada carga tributaria que impacta sus costos operativos, bloqueos a minas, paros ilegales, anuncios sobre posibles cancelaciones de las concesiones, así como la inseguridad, dificultan el desarrollo del sector.
“El tema de seguridad es sensible y hay empresas que estamos en medio de donde operan diferentes grupos criminales (...) sabemos cuán sensible es nuestra presencia y sabemos que la derrama económica que generamos influye en el interés de diferentes grupos armados. No hay que ser inocentes en el tema, sabemos que esa es nuestra realidad”, reconoció el ejecutivo de una empresa minera que solicitó el anonimato por razones de seguridad.
La minería requiere certeza jurídica a las inversiones, Estado de derecho y mayor seguridad, de acuerdo con una encuesta entre empresarios del ramo durante la Expo México Minero 2019 que se lleva a cabo en esta localidad.
Información pública de las empresas mineras subraya la necesidad de que las inversiones se mantengan, al menos en el mismo nivel de 2018, pues a la fecha sólo dos proyectos nuevos se pusieron en marcha: El Compas de la firma Endeavour Silver y El Regalo, de la Asociación Minera y Cooperativa de México, ambos en Zacatecas, mientras que otros nueve sólo fueron reactivaciones y expansiones.
Las perspectivas para avanzar en la cartera de proyectos para los próximos seis años suman 4 mil 426 millones de dólares (incluida la atracción de inversiones), lo que dependerá de decisiones en materia de política del gobierno y de la evolución de los precios de los metales.
Los datos al cierre de 2018 revelan, por ejemplo, que si bien se vio un modesto crecimiento en flujo de capitales, pues el sector invirtió 4 mil 897 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 13.8% en comparación con 2017, la cifra se encuentra muy lejos de lo invertido en 2017 — 8 mil 43 millones de dólares—, “lo que refleja la cautela para invertir en México”, coincidieron especialistas del ramo.
La inversión extranjera directa en servicios relacionados con la minería atrajo 143 millones de dólares, 88 millones menos que un año antes, “lo cual se explica porque 2018 fue un año de gran incertidumbre para las empresas”.
Al cierre de 2018, la Dirección General de Desarrollo Minero, dependiente de la Subsecretaría de Minería de la Secretaría de Economía, detectó que en México operan 242 empresas con capital extranjero, una disminución de 16.5% respecto del año anterior, entre las que destacan firmas de Canadá, Estados Unidos y China.
El Índice de Percepciones Políticas que elabora el Fraser Institute señala que hay más confianza para los inversionistas en países mineros latinoamericanos como Chile, o su provincia Catamarca, Perú y Surinam, que en México, que se ubica en el lugar 29.
Respecto del régimen fiscal, México no aparece en los primeros 20 lugares, mientras que en materia de seguridad, los países de la región mejor evaluados —las primeras cuatro posiciones— son Chile, Perú, Guayana Francesa y Colombia. México se encuentra en el sitio 79.
Sergio Almazán Esqueda, que hasta septiembre pasado ocupó la dirección general de la Cámara Minera de México (Camimex), advirtió que si el país no se quiere ver rezagado por sus competidores, es necesario que se resuelvan diversos retos como el fortalecimiento del Estado de derecho y de seguridad jurídica, la competencia equitativa y los tramites expeditos. La inseguridad y el robustecimiento de una política minera integral que permita dar confianza a los inversionistas.
Fernando Alanís Ortega, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), indicó que de existir condiciones adecuadas el sector invertirá 24 mil 200 millones de dólares en este sexenio.
Mencionó que con esos recursos pagará impuestos y derechos por 23 mil 500 millones de pesos al año, adicionales a los 46 mil 159 millones que ya cubre.
Alanís Ortega alertó que si existe una política pública que incentive la actividad minera en el país ésta crecerá hasta representar tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del poco más de dos por ciento que actualmente alcanza.
En un comunicado, planteó que si la industria crece se propiciará la creación de 50 mil empleos adicionales a las 385 mil 200 plazas directas y a las dos millones 300 mil indirectas, que actualmente genera.
Durante su participación en la XXXIII Convención Internacional de Minería, realizada en Acapulco, Guerrero, Fernando Alanís solicitó al gobierno federal una política pública que además de aprovechar la riqueza geológica genere confianza entre los inversionistas.
Para ello propuso la deducción de ciento por ciento de los gastos de exploración, como se hace en países mineros. Además solicitó revisar el Fondo Minero para mantener su objetivo inicial y los recursos lleguen de manera oportuna y eficiente.
El presidente de la Camimex reconoció el apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para lograr el compromiso de establecer una Mesa de Minería donde se analicen las necesidades del sector.
En su oportunidad Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de la Secretaría de Economía, afirmó que todos los sectores involucrados deben defender coordinadamente a esa industria, porque es la mejor manera de tener un blindaje social. El funcionario aseguró que sin minería no habrá transición energética orientada a la generación de fuentes renovables
