Es lo que puso en crisis a la industria petrolera y será lo que abra en buena medida el próximo período presidencial. Sea cual fuere el resultado, lo cierto es que las petroleras anticiparon una jugada, fueron a la Justicia y, por las dudas, se atajaron marcando un terreno de expectativas. Nadie tiene del todo claro cómo será la salida del precio interno del crudo Brent y su precio encorsetado.

La brecha volvió a ampliarse respecto de los valores internacionales: los casi 65 pesos de cotización de la divisa estadounidense vuelven a imponer una mayor diferencia respecto de los pasos que dio la Secretaría de Energía para acercarse a la cotización internacional, desde el escenario posterior al DNU 566. Al mismo tiempo, el mercado mundial siguió la tendencia alcista de los últimos tres días: el barril cerró a u$s 61,52. Es decir, volvió, en términos de cotización internacional, a una diferencia de unos u$s 20 en su liquidación actual.

La nueva versión del barril criollo cotizaba a $2.950. Esto es, el precio de venta con las restricciones del decreto 566 (u$s 59 por unidad a un dólar de $50) y las resoluciones que lo flexibilizaron. Cruzado con la cotización oficial de la divisa, el precio implica unos u$s 45. A esto se suman descuentos que dejan ese valor en unos u$s40 en el mercado interno, al borde de lo inviable para muchas operadoras que, como hace dos meses, prefieren esperar que pase el temporal antes de perforar con la decena de equipos que se mantienen sin actividad en la provincia.

En Vaca Muerta, una de las pocas empresas que puede tener niveles de productividad que hagan rentable ese escenario es YPF, que en Loma Campana declara tener un break even de u$s 35.

Como trasfondo, más que nunca, los tiempos políticos. Un factor central para entender la demanda realizada por la Cámara de Empresas Energéticas (CADE), que agrupa a casi todas las grandes jugadoras del sector.

Fuentes consultadas afirman que las petroleras y refinadoras que piden la inconstitucionalidad de los decretos que intervienen en el precio del barril y los surtidores quieren sentar un precedente. Que la salida de estas regulaciones, que debería ser el 13 de noviembre, quede como una mala foto del pasado. Y que un eventual cambio de signo político en La Rosada no opte por la renovación del piso a los precios vía el congelamiento del barril.

Es lo que entra en etapa de definiciones, también, en las próximas dos semanas, a la que los últimos días le agregan presión por el precio de la moneda estadounidense.

Con todo, es solo una parte de los desafíos de la próxima administración, sea cual fuere su signo político.

La otra es la del frente externo, la bendita macroeconomía y su correlato en el riesgo país y el nivel de inversiones que será del reino de lo posible. Parte de lo que viene será observar si se termina concretando esa suerte de salvoconducto para el sector petrolero del que todavía no hay novedades: una ley que -también- incentive y garantice la libre disponibilidad de divisas para comenzar a transitar ese camino en el que las petroleras que frenaron inversiones tengan un elemento del que agarrarse para volver a confiar en el país e invertir en Vaca Muerta.

Mientras tanto, las operadoras dan al menos el primer tramo del 2020 por perdido, en el mejor de los casos: es ese momento en el que medirán el clima económico, para ver si reactivan sus planes de inversión, que, como se ha mencionado en estas páginas, incluían el objetivo de salir con más crudo hacia destinos en el exterior.

Es lo que por estas horas les explican emisarios del gobierno neuquino a los sindicados como eventuales referentes de Alberto Fernández en el sector energético.