el Presidente Sebastián Piñera llamó por teléfono a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, con quien conversó varios minutos.

¿La razón? Transmitirle su disposición para que envíe a su equipo a monitorear en terreno la situación en que se encuentra el país, producto del estado de emergencia que se decretó en medio de las movilizaciones que surgieron a raíz del alza en la tarifa del Metro.

El contacto surgió a raíz de las múltiples denuncias por violaciones a derechos humanos que se han registrado a través del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Según el último reporte que entregó ayer ese organismo, hay cerca de tres mil personas detenidas; 582 personas heridas, de las cuales 295 son por armas de fuego; y 67 acciones judiciales, entre ellas, 14 recursos de amparo, cinco querellas por homicidio y doce querellas por violencia sexual.

Así, antes de ese contacto telefónico entre Piñera y Bachelet, el canciller Teodoro Ribera -quien se había reunido previamente con el Mandatario para entregarle un plan de acción elaborado por el ministerio para enfrentar la crisis- señaló en un punto de prensa en La Moneda que el Presidente “ha instruido a que se invite a la alta comisionada de Derechos Humanos” y que se convoque también al director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Casi una hora después de la declaración de Ribera, a las 13.21, la expresidenta Bachelet informó, en su cuenta de Twitter, que “he decidido enviar una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Chile”. Y agregó: “Parlamentarios y el gobierno han expresado su interés en recibir una misión”.

Según han transmitido desde el gobierno, aún no tienen certeza del día en que llegará el equipo de Bachelet a Chile, pero estiman que sea a principios de la próxima semana. El lunes pasado, la exmandataria ya había transmitido su preocupación, afirmando que “estoy triste de ver violencia, muertes y lesiones en Chile”, junto con exhortar “al gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación”.

El rol de Carabineros y de las Fuerzas Armadas se ha transformado, según fuentes de gobierno, en un tema complejo para La Moneda y que ha estado en el foco de los cuestionamientos por parte de la oposición, sector que ha pedido, en más de una oportunidad, retirar a los militares de las calles. La complicación, afirman algunos en el Ejecutivo, radica en que han surgido comparaciones con el uso de la fuerza militar durante la dictadura.

El tema, de hecho, lo comentó el propio Piñera en una reunión que encabezó el miércoles en la tarde con los presidentes y jefes de bancada de los partidos de Chile Vamos. En esa cita, según presentes, el Mandatario reconoció que el escenario es complejo y, además, transmitió inquietud por lo que calificó como “fake news”, haciendo alusión -dicen los presentes- a noticias que han circulado de violaciones a DD.HH. que han terminado siendo falsas.

En Chile Vamos ponen como ejemplo la información que comunicó el director del INDH, Sergio Micco, con quien Piñera se reunió ese mismo día, sobre una denuncia en que se acusaba que en la Estación Baquedano del Metro estaba operando un centro de tortura. Esto, debido a que, posteriormente, Micco se retractó.

Durante los primeros días de la crisis, las vocerías del gobierno estuvieron enfocadas en hacer balances en materia de seguridad y orden público. Y en cada una de ellas, el Ejecutivo ha justificado el uso de las facultades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, apelando a que están reaccionado a los actos de “vandalismo” y “violencia”. Y este jueves, en medio de los cuestionamientos que han surgido, las vocerías estuvieron enfocadas en dar respuesta en esta materia a la ciudadanía, aunque desde el Ejecutivo ratificaron su respaldo a las FF.AA. El canciller Ribera, por ejemplo, destacó que “el Presidente, personalmente, contactó a los encargados de las fuerzas en Santiago, Valparaíso y Concepción para hacerles presente su interés de que el uso de la fuerza estuviera limitado a lo estrictamente necesario”. Y agregó: “Queremos plena transparencia, nos preocupan las noticias que no tienen fundamentos”.

Casi a la misma hora, en la Guarnición de Santiago, los ministros Alberto Espina (Defensa) y Hernán Larraín (Justicia) realizaban un punto de prensa para dar cuenta del actuar de las Fuerzas Armadas y de los casos presentados ante la justicia. “Quien determina si hay violaciones a los derechos humanos, o no, son los tribunales de justicia”, recalcó Larraín, evitando calificar anticipadamente las denuncias que se han hecho. En tanto, Espina aseguró que “el análisis que hacemos todos los días es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo y cumplimiento de la ley”- Y agregó que “son seres humanos, pueden existir casos en que hayan existido actuaciones en que se salieron de los protocolos”.

En La Moneda, en todo caso, dicen que han actuado como corresponde. Y recalcan que si Piñera recurrió al estado de emergencia fue para restablecer el orden. Así, en el gobierno señalan que desde el primer día ha estado preocupado por los DD.HH. de los ciudadanos, argumentando que fue iniciativa de él invitar a Micco a La Moneda y a la ONU antes -dicen- de que el organismo lo pidiera.