El alto endeudamiento proyectado al 2026 y la ausencia de una capitalización por parte del Estado tiene a la minera buscando alternativas para materializar su millonaria cartera de proyectos.
La tranquilidad de Viña del Mar fue el entorno que eligió el nuevo presidente ejecutivo de Codelco, Octavio Araneda, para sincerar el crítico diagnóstico que se diseñó hace unos meses al interior de la cuprera y que evidencia el complejo futuro que tendrá la mayor productora del cobre del mundo en los próximos años.
El jueves se realizó un encuentro con carácter de reservado entre la plana ejecutiva de la minera y los consejeros de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), quienes eran los anfitriones del evento. La FTC quería manifestar su preocupación por el alto nivel de endeudamiento de la compañía, luego del bono por US$ 2.000 millones que colocó en Nueva York, situación que haría que, según el gremio que agrupa a todos los sindicatos de Codelco, la deuda de la empresa supere los US$ 17.000 millones. Hoy bordea los US$ 15 mil millones.
Pero los anfitriones fueron sorprendidos, pues el propio Araneda y su equipo cercano les detallaron un futuro aún más difícil si no se logran los cambios que están impulsando y que tienen al nuevo presidente ejecutivo peregrinando por todas las divisiones de la estatal. Esto es, cambiar la mentalidad interna con el fin que la empresa sea capaz de generar recursos propios.
El análisis mira hacia la Codelco del año 2028, donde el punto crítico se vislumbra en 2026, año en que la deuda de la minera alcanzaría su peak, bordeando los US$ 24 mil millones. La situación financiera es delicada, indican ejecutivos que conocen el diagnóstico de Araneda. Esto porque ya para el próximo año se proyecta un incremento relevante del endeudamiento, llegando a US$ 16.100 millones, lo que se une con los vencimientos que debe enfrentar la compañía en la próxima década, cifra que asciende a US$ 7.800 millones.
Por eso el futuro se ve incierto, pues en la minera saben que ese nivel de endeudamiento nunca lo alcanzarán, ya que antes de que eso ocurra se dejarán de hacer las inversiones. Estas suman en total US$ 39.000 millones, de los cuales US$ 17.000 millones son para los llamados “proyectos estructurales”, que son las obras que requieren mayor capital y que permitirán que la minera viva por 50 años más.
“No habrá caja suficiente para desarrollar los proyectos, por lo tanto, la deuda no continuará creciendo, pero tampoco los excedentes que Codelco le entrega al Estado”, reconoce una fuente interna de Codelco que estuvo en el encuentro del jueves.
Hoy la caja de la estatal está muy deteriorada, producto del mal semestre que vivió la compañía, situación que fue transparentada en la última entrega de resultados de Nelson Pizarro como presidente ejecutivo de la compañía, donde explicó la disminución del 49% de los excedentes por la caída del precio del cobre, la menor producción debido a la caída de ley, la huelga en Chuquicamata y por efectos climáticos. “Se ha perdido más de la mitad de la caja en lo que va del año”, señala un asistente al evento de la FTC.
Según los estados de resultados de la compañía, a fines de 2018 se contaba con US$ 1.229 millones y a junio la cifra llega a US$ 479 millones. Y de acuerdo a las proyecciones que el jueves entregaron en la V Región, la caja seguirá perjudicada en la próxima década. El mensaje fue: “desarrollar el plan de inversiones generará un flujo de caja libre de -US$ 9.000 millones en los próximos diez años”.
En Viña del Mar las malas noticias continuaron. La administración sinceró una situación que ya se comentaba en los pasillos de la Corporación Nacional del Cobre, y es que al interior de la minera están convencidos de que este año no tendrán capitalización por parte del Estado. De hecho, el presupuesto para este y los próximos ejercicios no está diseñado con ese aporte.
Pero no todo fue negativo. El vicepresidente de Finanzas de la minera, Alejandro Rivera, explicó que la administración ya tiene diseñada una fórmula para tener recursos sin necesidad de pedirle al Estado. Rivera detalló ante los consejeros de la FTC que las fuentes de financiamiento contempladas para el total de inversiones de la minera son generación propia, donde se espera capturar unos US$ 23.000 millones, principalmente por depreciación y amortización. Además, se contempla obtener unos US$ 8.000 millones a través de impuestos diferidos por la vía de la depreciación acelerada de sus activos, fórmula que al interior de la minera se conoce como “capitalización implícita”. De acuerdo a lo informado, por este concepto se espera, en promedio, obtener recursos por US$ 800 millones por ejercicio, cifra similar al monto que el gobierno ha autorizado en los últimos años como capitalización.
Al ser consultada, Codelco explica que “el incentivo a la inversión a través de la depreciación acelerada, establecido en el código tributario, es una fuente temporal de recursos de aplicación universal a los contribuyentes que realizan proyectos de inversión”.
Añaden que “en nuestro caso, por el gran volumen de inversiones y dependiendo de las utilidades generadas, puede constituir una relevante fuente de financiamiento temporal. Sin embargo, estos no son y no serán suficientes para financiar el plan de inversiones que venimos desarrollando desde hace algunos años”.
“Nuestras decisiones de inversión tampoco se basan en estos incentivos, tienen que ver con el futuro sustentable de la empresa. Para este año, dado el escenario actual del precio del cobre, no alcanzan a representar el 10% de nuestro plan de inversión total”, detallan formalmente en la minera.
Explican también que son “conscientes de los beneficios de una posible capitalización por parte del Estado para la salud financiera de la compañía, pero independientemente de que eso ocurra, mantendremos un nivel de endeudamiento consistente con la actual clasificación de riesgo nivel ‘grado de inversión’”.
¿Qué implica eso? “Esto significa que nuestra capacidad para desarrollar nuestros proyectos estará supeditada a la capacidad de continuar mejorando la generación de caja a través de una mejor gestión, por lo que estamos trabajando para que la empresa reduzca sus costos”, detallan en la minera.
Agregan también que “buscamos maximizar la captura del potencial de la base de recursos geológicos, llevar a su límite técnico los activos, aumentar la productividad, bajar el costo de los proyectos estructurales y mejorar la continuidad de todos los procesos. De este modo, buscamos capturar en este quinquenio un potencial de varios miles de millones de dólares que nos permitan financiar nuestra amplia cartera de proyectos, resguardando la sostenibilidad financiera de la corporación”.
El diagnóstico crítico que informó el jueves el equipo de Octavio Araneda contempla que el aporte al Estado también disminuya. Es que la minera ya no cumplió las promesas comprometidas en el presupuesto que en noviembre pasado presentaron ante Hacienda, lo que llevó a que la administración diseñara uno nuevo, llamado “6+6”, y que es un plan que se reestructuró a partir de junio con los datos reales de enero a ese mes y que proyecta un mejor desempeño hacia diciembre. Ahí está la ambiciosa meta de elevar en un 30% la producción que se logró en los primeros seis meses del año y también poder entregar excedentes cercanos a los US$ 1.700 millones este 2019.
“La baja en la producción y en los excedentes de la empresa este 2019 obedece a distintos factores, entre ellos, los desembolsos de las múltiples negociaciones colectivas y la baja en las leyes de cabeza. Factores exógenos, como las lluvias del verano en el norte y la guerra comercial, hicieron que los resultados fueran aún peores.
También influyeron factores operacionales, como la performance de las fundiciones. Por lo anterior, al cierre del primer semestre, se determinó la meta de aumentar en un 30% la producción en los restantes meses del año y así llegar muy cerca de los resultados comprometidos al inicio del año (el plan 6+6 recoge lo sucedido el primer semestre y las acciones necesarias para recuperar o mantener la brecha respecto al plan original)”, explica la minera al ser consultada.
Añade que las iniciativas que permitirán este incremento son acceder a mejores leyes en la división Chuquicamata (0,72% a 1,02%); recuperar el nivel de procesamiento; asegurar la continuidad de marcha y alcanzar la capacidad de diseño de las fundiciones.
De acuerdo al análisis que se presentó el jueves, las estimaciones de la minera mirando hacia los próximos ocho años, contemplan que para 2020 la compañía generará excedentes por US$ 2.280 millones, pensando en que el precio del cobre promediará US$ 2,99 la libra. El mejor año se estima para 2025, fecha en que la minera entregará US$ 3.068 millones al Estado, considerando que el metal rojo llegue a US$ 3,05 la libra. En términos productivos, se compromete a mantener, a partir de 2019, una producción promedio de 1,6 millones de toneladas métricas finas (tmf) hasta el 2027, año en que recién podría volver al nivel de los 1,7 millones de tmf.
En su primer mes como presidente ejecutivo, Araneda ha tenido un solo discurso: diseñar una nueva Codelco, con una nueva mentalidad y nuevos comportamientos. Esto, porque su meta es que de acá al año 2022, “Codelco sea una compañía más rentable, con una mirada competitiva a 50 años, con un plan de negocios sostenible y con niveles de deuda saludable”, señaló en una entrevista, que dio a días de asumir su nuevo cargo, a El Mercurio de Calama.
“El plan de Araneda es muy ambicioso”, comenta un ejecutivo de la minera que está al tanto de la agenda que está impulsando el nuevo presidente ejecutivo.
En la minera explican que en el mediano plazo, “y para abordar un nivel de inversión que podría llevarnos a una situación financiera compleja, Codelco ha emprendido un proceso de transformación a través de un plan estratégico de negocios”. Este plan busca, además, que los costos de Codelco se ubiquen en el segundo cuartil y que logre una productividad promedio de 65 toneladas por trabajador, “factores que deben traducirse en un incremento de nuestro flujo de caja para financiar los proyectos estructurales”, enfatiza la compañía.
Este diagnóstico crítico no solo es de conocimiento de los trabajadores, sino que también la empresa lo ha compartido con los parlamentarios y con el gobierno, con el objetivo de viabilizar su implementación, recalcan en la estatal.
