NESTOR SCIBONA

ada seis meses, el Indec recuerda con sus estadísticas que la pobreza afecta a más de un tercio de la población y enciende un intenso debate político que suele durar unos pocos días, hasta que alguna noticia o escándalo imprevisto lo posterga hasta el siguiente semestre. La diferencia, esta vez, es que el último informe no solo coincide con la campaña electoral, sino que corrobora que las crisis económicas y su correlato de aumento explosivo del número de pobres son en la Argentina un combo recurrente con inevitables consecuencias políticas. La derrota del oficialismo en las PASO es una muestra elocuente.

Los datos duros del Indec muestran que, en la primera mitad de este año, la crisis gatillada en 2018 sumergió los ingresos de nada menos que 3,7 millones de personas por debajo de las líneas de pobreza ($ 30.400 mensuales promedio para un hogar con dos adultos y dos niños) y de indigencia ($ 12.250) con respecto al mismo período del año anterior. Esta condición abarca ahora a un universo de 17,8 millones de habitantes, que equivale al 35,4% de la población total de 31 aglomerados urbanos (y al 36,8% en los rurales), de los cuales 7,7% son indigentes.

También en promedio, la brecha entre el ingreso familiar y el costo de las canastas básicas de consumo fue de 39% y 37%. Esta distancia sugiere que no pocos jefes de hogar de clase media baja, incluso con trabajo formal o informal, pasaron a engrosar el segmento de la ancha base de la pirámide social ubicado bajo la línea de pobreza que, por grupos de edad, afecta además al 52,6% de los chicos de hasta 14 años. 

La combinación de fuerte devaluación del peso, mayor inflación, caída de ingresos, recesión y retroceso del empleo privado, fue la tormenta perfecta que ubicó a esos indicadores en los niveles más altos desde 2009. Aun así, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA estima que la pobreza medida por ingresos podría elevarse a 40% a fin de año, a raíz del salto del dólar posterior al triunfo de la fórmula kirchnerista en las PASO y la aceleración inflacionaria, que apunta a superar el 50% anual de 2018.

Estos resultados implican una autosentencia para Mauricio Macri por la famosa frase de que su gestión debía ser juzgada por la baja de la pobreza. Sin embargo, el indudable fracaso de Macri en este terreno no redime al de sus antecesores. Ninguno de ellos puede tirar la primera piedra.

De hecho, aquella frase fue pronunciada en septiembre de 2016 cuando el Indec reanudó la difusión de esa estadística (con un nivel de 32,2%), después de la prolongada interrupción dispuesta por el exministro Axel Kicillof bajo el insólito argumento de "no estigmatizar" a los pobres. Ese deliberado ocultamiento le permitía al gobierno de Cristina Kirchner jactarse públicamente de que en la Argentina había menos pobres que en Alemania, cuando la UCA -única fuente confiable entonces- calculaba que su segundo mandato concluyó con 29% de pobreza.

Más atrás en el tiempo, el indicador tuvo tantas oscilaciones como políticas económicas, pero siempre con un piso alto. Según datos de Chequeado, Néstor Kirchner redujo la pobreza a 27% seis años después de que el estallido de la convertibilidad la había catapultado hasta 51% tras la renuncia de Fernando de la Rúa, que finalizó abruptamente su gestión con 35,4%. Previamente, Carlos Menem la había bajado en su segundo mandato hasta casi 27% desde el 47% alcanzado con la hiperinflación de Raúl Alfonsín.

Para encontrar niveles de pobreza de un dígito hay que remontarse a comienzos de 1974, con el 4% durante el breve tercer gobierno de Juan Domingo Perón. No obstante, solo a partir de 1992 el Indec pasó a incluir datos homogéneos y comparables dentro de la posterior evolución histórica.

Precisamente con estos datos, un documento elaborado por el Cippec y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el apoyo técnico del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) bajo el título "El desafío de la pobreza en la Argentina", pone de relieve que en los últimos 30 años la tasa de pobreza medida por ingresos nunca fue menor al 25%, un piso difícil de perforar, con el agravante de que el PBI per cápita creció menos de 1% anual desde el retorno de la democracia.

El trabajo se centra en la "pobreza crónica", que abarca al 10% de los hogares más vulnerables (casi 5 millones de personas) y es definida como el núcleo duro con menores posibilidades de salir de esa condición, aún en períodos económicos favorables, ya que tiende a reproducirse de padres a hijos.

En el perfil de este conjunto social, 50% de las personas viven en el conurbano bonaerense y 22% en la periferia de grandes ciudades (como Córdoba, Rosario y La Plata); 47,9% son menores de 15 años y 23,6%, jóvenes de 16 a 25 años; el tamaño promedio del hogar es de 6,1 personas; 43,4% tiene jefatura femenina; el nivel educativo es bajo, con primaria incompleta (5,7 años) y casi ninguno llega al nivel superior (más de 12 años).

Una de las autoras del estudio, Gala Díaz Langou (Cippec), afirma que debe desterrarse el mito de que los pobres crónicos no trabajan, ya que la mayoría de los adultos lo hace más horas pero en condiciones más precarias, ya que gana poco más de un tercio que una persona no vulnerable y 35% declara no tener un empleo fijo.

En esos hogares, la participación laboral de los varones (92,8%) duplica a la de las mujeres (46,7%), ya que el embarazo adolescente hace que muchas de ellas deban dedicarse al cuidado de más chicos y simultáneamente a las tareas domésticas.

A nivel macroeconómico, la especialista aporta otro dato preocupante: si la economía creciera 3% anual en los próximos cinco años, la pobreza no bajaría de 20%. "El crecimiento es una condición necesaria pero no suficiente", sostiene. De ahí que el documento proponga una estrategia integral liderada por el Estado con apoyo de diversos sectores, incluyendo movimientos y organizaciones sociales, sindicatos y empresas.

Aquí los antecedentes no ayudan, ya que pocos actores predican con el ejemplo. Sin ir más lejos Juan Manzur, uno de los 15 gobernadores peronistas que presentó el amparo aceptado por la Corte Suprema contra la desgravación del IVA a los alimentos de la canasta básica, utilizó el avión sanitario de la provincia - a un costo de 24.000 dólares-, para trasladar a Tucumán a dos dirigentes (Verónica Magario y Fernando Espinosa, de La Matanza) al acto partidario de Alberto Fernández. También compró 2000 kilos de carne para un asado multitudinario, que seguramente hubieran sido más necesarios en los comedores comunitarios y escolares tucumanos.

Por su lado, la CGT ni siquiera dejó en pie el capítulo que regulaba la capacitación de estudiantes secundarios en empresas (bajo el título de "prácticas laborales rentadas"), al bloquear en el Congreso la despiezada reforma laboral de 2017. Y ahora acaba de sumar a la CTA, que promovió cuanto paro docente surgió en los últimos años bajo la supuesta defensa de la educación pública. Al menos podría haber propuesto destinar esos días libres a apoyo escolar para los alumnos de los hogares más vulnerables, incluso con la participación de estudiantes secundarios de colegios públicos y privados.