B. CUELLAR Y F. COLAUTTI
La minería es una de las más tradicionales actividades productivas en las sierras cordobesas.
Fue, durante el siglo pasado, más relevante que el turismo como actividad económica y laboral entre los faldeos montañosos de la provincia.
Con el tiempo, las minas fueron perdiendo espacio. Pero hay numerosos emprendimientos en actividad y, en los últimos años, un renovado interés en sumar otros que se traduce en nuevos proyectos que solicitan autorización para la explotación de canteras de piedras, granito, cal, áridos, basalto y otros minerales.
Los tiempos y las demandas sociales variaron. En las Sierras, el turismo pasó a ocupar el puesto uno de actividad económica y laboral. En otras, el avance urbano ha sido muy notorio en las dos últimas décadas. Son las zonas serranas las que más crecen hoy en términos demográficos.
En ese marco, los proyectos de extracción minera generan polémicas con los pobladores, que por habitar esos sitios o por defender su impronta turística, demandan cada vez más que se reduzcan los impactos potenciales en su ambiente y en su paisaje.
Más del 90 por ciento de lo que se extrae en Córdoba está destinado al rubro de la construcción (viviendas, edificios y rutas).
Los debates y controversias por nuevos emprendimientos mineros se vienen dando en todos los valles serranos en los últimos años. Unos cuantos han quedado archivados por las polémicas planteadas, en zonas cada vez más pobladas. Esa resistencia no era visible 15 o 20 años atrás.
La región de Sierras Chicas, cercana de la Capital provincial, representa un caso singular. Es la zona de mayor crecimiento demográfico en las dos últimas décadas, tiene numerosas canteras en explotación y suma diversos proyectos mineros más en trámites de autorización.
Desde que en 2014 rige la nueva ley de ambiente en Córdoba, que obliga a efectuar audiencias públicas para cada emprendimiento, las limitaciones para obtener autorizaciones han crecido.
Entre los sectores con mirada ambiental, en Sierras Chicas la minería pasó a ser junto a la deforestación y el desarrollo inmobiliario, partes de un mismo dilema de sustentabilidad regional.
En ese corredor existen actualmente 16 minas en funcionamiento, para la extracción de áridos, piedras y cal. Se ubican desde Villa Allende y Unquillo hasta la zona de Ascochinga, pasando por Río Ceballos y Salsipuedes, y hasta la ruta 9 que atraviesa Jesús María.
Varias quedaron dentro de áreas declaradas como reservas naturales y –advierten algunos– intentan ampliar su trabajo hacia zonas donde lo debería restringir la ley 9.814 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
En las últimas semanas se suspendieron dos audiencias públicas convocadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia para la instalación de nuevas canteras. Una, por la llamada La Sorpresa, entre las localidades de Agua de Oro y La Granja. La otra lleva por nombre Puesto de Funes, en un paraje cerca de Villa Allende.
Laura Gómez, integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, admitió la satisfacción de esa ONG por la suspensión de ambas audiencias. “Quedó demostrado otra vez que la participación es fundamental en las temáticas ambientales”, apuntó.
Desde esos sectores, interpretan que las audiencias suspendidas dan cuenta del temor a visibilizar el rechazo social a los emprendimientos promovidos.
El año pasado, se frenó la instalación de Canteras Rumi, que hubiera sido una de las mayores explotaciones de la región, en un campo de 150 hectáreas entre Saldán y La Calera. Esa iniciativa privada planteaba la extracción de 50 mil toneladas mensuales de piedras de rocas, durante 30 años. Ambos municipios también se opusieron al emprendimiento, la audiencia nunca se concretó y el proyecto hoy parece archivado.
“Estamos contentos pero seguimos atentos. Lo bueno es que la gente está tomando conciencia y se involucra más que antes”, indicó Gómez.
De las 16 canteras activas del corredor de Sierras Chicas, las que generan más conflictos están en La Calera, Villa Allende y Agua de Oro, por ubicarse en “áreas protegidas”, que deberían implicar una mayor protección de sus ecosistemas.
“En Villa Allende, El Gran Ombú está avanzando sobre la reserva. Y las nuevas que se quieren instalar se harían dentro de la misma área que además es reserva de monte permanente, según una ordenanza municipal”, advirtió el geógrafo Joaquín Deón.
A su vez, marcó que en La Calera y Villa Allende están las explotaciones mineras no metalíferas más grandes de Argentina.
Según el geógrafo, hay otras funcionan dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, creada en 2001 por ordenanza municipal de La Calera. “Y sucesivas veces fueron habilitadas por la Provincia, por encima de esa ordenanza“, indicó.
Deón no niega que la minería es necesaria. “Pero el problema que tiene Sierras Chicas es la minería a gran escala, con muchas canteras juntas”, deslizó.
Deón apuntó que la mayoría de las canteras en Sierras Chicas son de triturados graníticos, y advirtió que se está viviendo “un acaparamiento de tierras con ese fin” por un punto flexible de la ley de bosques que admite ese avance para el caso de minas ya existentes.
Otro dilema es que los municipios no pueden decidir muchas veces sobre el uso de esas zonas en discusión por carecer de ejidos aprobados por ley. Saldán –según Deón– es la única localidad del corredor que tiene una ordenanza.
El Foro Ambiental Córdoba envió una carta a la Provincia rechazando el emprendimiento de Puesto de Funes y apuntó al tema legal. Según señaló, la ley 9.841, de Regulación de Usos del Suelo de la Región Metropolitana, “no clasifica el uso del predio para áreas industriales de impacto, actividades mineras o asimilables”. Y precisó que “un 99 por ciento del lugar está categorizado como zona roja, de máxima categoría de conservación de bosque nativo. Y es área natural protegida, según la ley”.
El lugar donde se pretende instalar esa cantera abarca 19 hectáreas, entre las reservas hídricas y naturales Bamba y Villa Allende.
En el caso de La Sorpresa, el proyecto ocuparía 2,8 hectáreas, para extraer áridos. Federico Kopta, del Foro Ambiental, apuntó que a 100 metros se encuentra el arroyo San Cristóbal, que ya padece una erosión intensa.
Kopta subrayó que “no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lugar”, y consideró que “el marco legal debería ser suficiente para no instalarlas”.
Entre los vecinos que temen la minería, la lista de inquietudes incluye las detonaciones por explosivos, el polvillo que emanan, el tráfico pesado que involucran, el impacto sobre el paisaje y en los cursos de agua cercanos y, en algunos casos, la ocupación de predios con monte nativo.
Córdoba explota entre 40 y 50 millones de toneladas por año de sus minas. Por lejos, son arenas, gravas y piedra triturada las que marchan primero. Piedras calizas para cemento y cal aparecen luego, y más abajo las arcillas. Dolomita, serpentinita, cuarzo, feldespato y otras completan el stock.
Desde 1995, la ley provincial 9.526 prohíbe en todo el territorio cordobés la explotación del uranio y de metales, como oro y plata.
Casos en Traslasierra, Punilla, Calamuchita y Paravachasca.
Sierras Chicas no es la única región serrana que ha tenido polémicas por proyectos de nuevas explotaciones mineras en los últimos años.
Por caso, y entre otros, en el Valle de Paravachasca se recuerda una reciente por la apertura de una mina en José de la Quintana. En Punilla, hubo conflictos por canteras nuevas en Los Gigantes y cerca de Candonga. Traslasierra suma, como antecedente más cercano, las movilizaciones en contra de una exploración para evaluar la presencia de litio en Las Tapias. En Calamuchita, entre otras, generó discusiones un planteo de extracción en un cerro cercano a Villa Yacanto. En todos esos casos, los proyectos finalmente no avanzaron.
