El 17 de septiembre, la jueza de Nueva York, Loretta Preska, decidió suspender hasta diciembre el juicio contra la petrolera YPF hasta que se defina quién el próximo presidente de la Argentina. La magistrada sugirió que las fechas se aplazaban porque se requería tener un sentido más claro de qué administración tiene el poder para hablar en nombre de la República.

Desde el Gobierno enviaron una carta a la jueza donde mostraron su desacuerdo con la medida y con la idea de que la autoridad legal de la actual administración no esté clara. En el multimillonario juicio —el más importante que enfrenta el país— podría costarle al Estado más de USD 3.000 millones por la reestatización de la compañía.

La Procuración del Tesoro —que representa al Estado argentino— recibió el miércoles pasado una respuesta por parte de la jueza donde señala que es “incorrecta” la interpretación que se realiza, de que el aplazamiento responde a la falta de autoridad del Gobierno actual, y que esa no fue la intención de la medida. Desde el Gobierno, lo interpretaron como un pedido de disculpas.

La causa contra YPF se originó luego de que empresas que eran accionistas minoritarias de la petrolera le cedieron el derecho de litigar a Burford. Alegan que en la reestatización no fueron tratadas igual que Repsol, el mayoritario; y por eso reclaman.

El 30 de agosto la defensa Argentina completó ante ese juzgado la argumentación sobre lo que la ley estadounidense define como "forum non conveniens" (foro no conveniente), de acuerdo a lo resuelto en la primera audiencia que se realizó en julio pasado en los tribunales de Nueva York.

En ese momento la lectura que se hizo desde la defensa argentina fue de un revés para el fondo Burford -la parte litigante contra el país- dado que entonces se esperaba que la jueza desestimara la argumentación argentina que pretende que el caso pase a la jurisdicción nacional.

"Aún cuando se trate de una jueza americana se debe aplicar la ley argentina o si no, se debe trasladar acá", sostienen fuentes oficiales a Télam, según las cuales la extensión de los plazos se realizó con "un fundamento poco afortunado", se expresó tras conocerse el fallo del 17 de septiembre.

"Es un mensaje muy duro políticamente hablando", insistió la fuente, la Argentina "no puede consentir que se confunda Estado con Gobierno", profundizó, y recordó que ya la jueza Preska había rechazado en 2015 la presentación de un "foro no conveniente" realizada por la defensa Argentina bajo la premisa de que no existía seguridad jurídica en el país.