La confianza empresarial, la inversión privada y la inversión pública podrían verse afectadas por las tensiones, según especialistas.
La última encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva (BCR) reveló que agosto fue el peor mes del año para la confianza empresarial a corto plazo, al ubicarse en la zona de pesimismo con 45 puntos. Esta cifra es similar a la obtenida en verano del 2017, cuando estalló el Caso Lava Jato.
Los niveles de crispación política alcanzados en los últimos días podrían generar un debilitamiento adicional, dice Francisco Grippa, economista principal para Perú del BBVA Research.
“Difícil decir en este momento cuánto será el debilitamiento [de la confianza empresarial]. Pero si este clima persiste, es probable que haya algún debilitamiento”, subraya.
Para Enzo Defilippi, exviceministro de Economía, la agudización de la crisis política implica mayor incertidumbre, lo cual genera la ralentización de la inversión privada. “Los proyectos de inversión que se habían previsto realizar probablemente sean pospuestos hasta tener un panorama político más claro”, indica.
Por otro lado, resalta Grippa, el deterioro que muestra la confianza empresarial en los últimos meses responde a varios factores, entre los que se encuentran las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, las bajas tasas de crecimiento de la economía registradas en abril y mayo, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
El BCR actualizó la semana pasada sus proyecciones sobre el crecimiento de la economía para este año. La entidad estimó que el PBI registraría un crecimiento de 2,7% , inferior en 0,7 puntos porcentuales al que proyectó en junio de este año, y en 0,3 al crecimiento estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El motor que impulsaría la producción nacional, según el BCR, sería la demanda interna. Esta aumentaría en 3% al cierre del 2019. El dinamismo que ha registrado y continuará registrando la inversión privada explicaría el fortalecimiento de este indicador. La entidad monetaria prevé que la inversión privada crezca 4,4% este año.
“[El aumento de las tensiones políticas] puede tener impacto sobre las variables reales. En concreto, sobre la inversión privada; pero va a depender mucho de cómo se desentrampe esto y de cuánto tiempo tome desentramparse. Eso no lo sabemos. Eso lo vamos a ir viendo en los próximos días o semanas”, aseguró Grippa.
A su turno, Defilippi señala que la actual situación política podría ralentizar la inversión privada en los próximos meses.
Sobre cómo salir de una posible ralentización de la economía, Grippa señala que se puede hacer mediante la política monetaria y la fiscal.
“El BCR redujo la tasa de interés. Eso favorece la demanda de crédito y por lo tanto, el gasto del sector privado. Eso podría continuar. Todavía el BCR tiene espacio [para reducirla más], sobre todo, considerando que la inflación está en niveles reducidos”, afirma.
En cuanto a la política fiscal, indica que se puede implementar estímulos para que los diferentes niveles de gobierno, ejecuten sus proyectos. Pero el problema, precisamente, está en agilizar la ejecución.
Al respecto, Defilippi explica que para salir de una ralentización se necesita mayor gasto de parte del gobierno.
“Lo que hemos visto es una ralentización de la capacidad de gasto, con lo cual no es esperable un aumento en el gasto público”, subraya.
Para el gremio, esta situación generará una mayor inestabilidad económica en el país y obligará al Banco Central de Reserva del Perú (BCR) a revisar nuevamente su proyección de crecimiento del PBI para el país, actualmente ubicada en 2.7% para fin de año.
“Pongo en duda el crecimiento, incluso la reprogramación que ha hecho el BCR. Si el primer semestre hemos crecido 1.7%, para poder llegar a un 2.7% tendríamos que crecer un 5% (en el segundo semestre), y esto es absolutamente imposible por lo que sucede en el país. Creo que al final el BCR va a terminar haciéndolo (corregir nuevamente su previsión)”, apuntó.
“Si nos acordamos de lo que sucedió en la década del 90, cuando hubo una situación similar y se cerró el Congreso, ya vemos cuáles son las consecuencias que tuvo ese actuar”, advirtió León.
Además, indicó que el empresariado se mostrará más cauto y tomará “precauciones” mientras se resuelve la crisis.
“Eso va a suceder necesariamente en la economía, en la micro, pequeña, la grande. Todos los emprendedores van a estar alertas para ver qué cosa va a suceder en nuestro país”, puntualizó.
Mercedes Araoz juró como presidenta de la República encargada por el Congreso. La juramentación se dio luego de que el Congreso declarara la incapacidad temporal del presidente Vizcarra y decidiera suspenderlo por un año.
Poco más de dos horas le tomó al Congreso definir su estrategia luego del anuncio de disolución del presidente Martín Vizcarra. La respuesta vino en tres partes: primero una moción de vacancia, luego la suspensión del mandatario y finalmente la juramentación de Mercedes Araoz como presidenta encargada.
El Parlamento retomó su sesión a las 7:30 p.m. –más de dos horas después del anuncio de Vizcarra– con dos mociones que ingresaron a la agenda en la Junta de Portavoces, con el respaldo de Fuerza Popular, Apra, Contigo, Cambio 21, Alianza para el Progreso y Acción Popular.
La sesión comenzó con una larga espera en el registro de asistencia, pues necesitaban llegar a 87 presentes. Lo primero que se votó fue la admisión a trámite de la moción de vacancia. Para esto se necesitaban 50 votos y obtuvieron 79, con lo que luego se fijó el 4 de octubre como fecha para que Martín Vizcarra asista a brindar sus descargos por 60 minutos, según lo estipulado en reglamento del Parlamento.
Luego se dio cuenta de la moción de suspensión, la cual fue sustentada por las fujimoristas autoras del texto: Rosa Bartra y Alejandra Aramayo, presidenta y miembro titular de la Comisión de Constitución, respectivamente. Ambas sustentaron el pedido de suspensión en el artículo 114, inciso 1, de la Constitución, donde se estipula que el ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por “incapacidad temporal declarada por el Congreso”. Pese a que el reglamento no tiene establecido un procedimiento para la votación de una moción de suspensión, la mayoría parlamentaria determinó que solo se necesitaban 66 adhesiones. El bloque obtuvo 86 votos.
En ambas votaciones no estuvieron presentes legisladores de las bancadas Peruanos por el Kambio, Bancada Liberal, Frente Amplio y Nuevo Perú. En el caso de Unidos por la República, se fueron todos menos Glider Ushñahua, quien votó a favor, tanto de la vacancia como de la suspensión. De los no agrupados, Ana María Choquehuanca se retiró, Carlos Bruce votó a favor de las dos propuestas y Mercedes Araoz no votó y aguardó el desarrollo de la sesión mientras redactaba su discurso.
A las 9:05 p.m., Araoz ingresó al hemiciclo –discurso en mano– para jurar como presidenta encargada. Su ingreso estuvo acompañado de los aplausos del bloque liderado por Fuerza Popular y la posterior entonación del himno nacional.
La juramentación fue corta y sin banda presidencial. Mercedes Araoz repitió “por el país” mientras Olaechea le daba palabras de aliento. “Lo más fácil habría sido renunciar. No me corro a mis responsabilidades por más difíciles que sean las circunstancias”, dijo Araoz en su discurso y anunció que convocará a la Organización de Estados Americanos.
Tras la juramentación, funcionarios de la Oficialía Mayor del Congreso, acompañados por la notaria Mónica Tambini, acudieron a Palacio de Gobierno y a la Presidencia del Consejo de Ministros a dejar el oficio de nombramiento de Mercedes Araoz, pero no fueron recibidos. Les dijeron que la Mesa de Partes abre recién hoy a partir de las 9:00 a.m.
Fuentes legislativas indicaron que Araoz despachará tanto en el Parlamento –donde mantiene una oficina– así como en el Colegio de Abogados de Lima. En los siguientes días, Araoz deberá presentar su propio Gabinete ante el Parlamento.
La Policía Nacional del Perú, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, emitieron comunicados en los que reafirmaron y reconocieron al presidente Martín Vizcarra como “jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú”.
Las instituciones castrenses y la PNP se pronunciaron horas después de que el jefe del Estado emitiera un mensaje a la nación en el que anunció que había decidido disolver el Congreso al considerar que se había rechazado la cuestión de confianza presentada por el primer ministro Salvador del Solar por la elección de magistrados del Tribunal Constitucional (TC).
Según sostuvo la Presidencia a través de su cuenta de Twitter, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astullido, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Jose Luis Lavalle, y los jefes de cada una de las Fuerzas Armadas (Marina de Guerra, FAP y Ejército Peruano) también acudieron a Palacio de Gobierno “para reafirmar su respaldo al orden constitucional”.
De otro lado, el pleno del Congreso de la República aprobó este lunes por la noche una moción que declara la incapacidad temporal del mandatario Martín Vizcarra y su suspensión en el cargo. Tras ello, proclamó a la vicepresidenta Mercedes Araoz Fernández como presidenta en funciones encargada por el Parlamento.
El titular del Legislativo, Pedro Olaechea, le tomó juramento a Mercedes Araoz, quien indicó en un discurso ante congresistas de Fuerza Popular y del Apra que se iniciará "una etapa de convivencia democrática y un acuerdo de gobernabilidad”. Además, anunció que convocará a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En otro momento, Pedro Olaechea señaló que la resolución de suspensión de Martín Vizcarra le será comunicada de inmediato al presidente de la República. Precisamente, la decisión de suspenderlo fue adoptada por 86 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Así, parte del pleno del Parlamento intentó responder al presidente Martín Vizcarra, quien horas antes había anunciado su decisión de disolver al Parlamento Nacional.
De otro lado, Vicente Zeballos juró este lunes por la noche como presidente del Consejo de Ministros en reemplazo de Salvador del Solar.
Mientras esto sucede, los actuales congresistas son invitados a retirarse voluntariamente de recinto parlamentario. De lo contrario, el mandatario está facultado a autorizar que los padres de la patria sean desalojados.
Cabe destacar que, según la Carta Magna, la Policía está facultada para reestablecer el orden público interno.
En el Artículo 134 de la Constitución se agrega que el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. “Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”, se lee en la Constitución.
La Comisión Permanente del Congreso de la República entra en sesión y es la única que puede quedarse en funciones.
Si se elige a un nuevo Parlamento, según artículo 135 de la Constitución, este se debe reunir y, puede censurar al Consejo de Ministros, o negarle la cuestión de confianza, después de que el Presidente del Consejo haya expuesto ante el Congreso los actos del Poder Ejecutivo durante el interregno (suspensión) parlamentario.
“En ese interregno, el Poder Ejecutivo legisla mediante decretos de urgencia, de los que da cuenta a la Comisión Permanente para que los examine y los eleve al Congreso, una vez que éste se instale”, se agrega.
Finalmente, la Constitución prevé en su artículo 135 que, si dentro de los cuatro meses de disuelto el Congreso no se efectúan dentro del plazo señalado, “el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, recobra sus facultades, y destituye al Consejo de Ministros. Ninguno de los miembros de éste puede ser nombrado nuevamente ministro durante el resto del período presidencial”.
José Elice, ex oficial mayor del Congreso sostuvo que no corresponde interpretar por anticipado que se negó la confianza por no debatir la cuestión de confianza antes de la elección de los magistrados del TC.
“No aprobado el proyecto recién se interpretaría por no aprobada la confianza y se produce lo que la Constitución denomina la crisis total del gabinete. Esa crisis total de gabinete, que sería la segunda en el periodo gubernamental, habilitaría al presidente de la república para disolver el Congreso”, anotó.
Óscar Valdés, ex primer ministro consideró que el mandatario estaría mal asesorado para considerar una disolución del Congreso. Esto, pese a que pueda recibir el respaldo de la ciudadanía, tendría graves efectos a futuro.
“Si se disuelve el Congreso, no se disuelve la Comisión Permanente, esta va a continuar. Allí viene otros escenario. Si los sacan a todos los congresistas por voluntad, se debe convocar a elecciones legislativos”, indicó.
Valdés consideró que el rol de la vicepresidenta Mercedes Araoz, será fundamental. “Si ella ha sido disuelta como congresista, no creo que tenga la cara para ponerse al costado del Presidente para seguir gobernando y tiene que hacer causa común con los congresistas”, advirtió.
