ÁLVARO RONCAL
En esta segunda entrega de la entrevista al ministro de Energía y Minas, comenta los planes del gobierno sobre la consulta previa, la ventanilla única digital y la visión de la nueva “comisión minera”.
¿Cómo será la implementación de la ventanilla única digital (VUD)?
Ha sido un trabajo que ha durado doce meses para llegar al decreto supremo. Ha habido toda una coordinación con los entes involucrados sobre los procesos que se van a interrelacionar. Tras la emisión del decreto supremo quedan dos temas pendientes que avanzan en paralelo: la plataforma tecnológica, para la que debemos elaborar un expediente de inversión pública y que tardará entre 9 y 12 meses; y una revisión para ver cómo optimizamos los procesos en el Minem y las [cinco] instituciones participantes.
¿El plazo de implementación no es muy largo? Funcionaría a partir del 2021 cuando no es seguro si tendremos un nuevo presidente en el 2020.
Era más largo. Lo hemos optimizado. Estamos viendo la posibilidad de que por medio de una iniciativa público-privada podamos reducir estos tiempos. Tenemos que comenzar a trabajar así vengan otras autoridades. La labor del gremio es hacer seguimiento para que se continúe. Sería para nosotros excelente dejarlo listo ante un cambio de gobierno.
La idea de la VUD es que puedas visualizar en un solo espacio todos los trámites que vas a seguir en cada sector. También permite presentar información y recibir comentarios, ver si hay demoras. Cuando se exceden los plazos, las autoridades veremos dónde está el cuello de botella, quién es el funcionario. Abre oportunidades de mejora. El cálculo inicial es reducir en 50% los plazos.
Hay quienes creen que la VUD será solo una herramienta de tracking pero que no ayuda a centralizar los procesos. ¿Es así?
La VUD te va a permitir tener un conocimiento centralizado de los trámites y cualquier cambio va a estar alrededor de un espacio centralizado. Esto se va a ordenar muchísimo con la ventanilla.
La preocupación del empresario es que tenemos nueve entidades que opinan en los procesos de obtención de permisos. ¿La ventanilla solucionará esto?
Por supuesto, porque les da visibilidad a los trámites y al revisarlos se verá si tienen razón de ser.
¿No debería haber una mayor centralización de los trámites alrededor de menos entidades?
Se ha mencionado que se deberían centralizar en Minem y que haya una suerte de task force. Es difícil porque tendríamos que tener a todos los especialistas acá. Cada sector tiene políticas y prácticas propias. Las autorizaciones en minería son transversales: eliminar esta transversalidad podría reducir la tramitología, pero significaría quitarle a los demás sectores una opinión sobre algo que va a ser materia de sus competencias. En su momento nosotros éramos juez y parte, por lo que más que regresar en el tiempo, se trata de ordenarnos.
Pero estamos hablando de nueve entidades. En ningún otro país por el que competimos por inversión hay tantos entes opinantes. ¿No hemos llevado muy lejos esta transversalidad? ¿Son necesarias nueve entidades?
No necesariamente. Eso es algo que va a salir en este proceso de optimización.
¿Puede darse el caso que terminen siendo menos?
Por supuesto. No vamos a hacer cosas innecesarias y la idea es optimizar. La transparencia va a permitir ver posibilidades de reducir o unir permisos, o que se hagan en simultáneo.
El gobierno abrió la ventana para una nueva Ley General de Minería y para propuestas de los gobiernos regionales que van desde tener un Estado minero hasta a que ellos gestionen todo lo ambiental. ¿Es este el camino para ser más competitivos?
[Una mejor normativa] es algo que vemos de tiempo atrás y se viene trabajando desde Rimay [centro de buenas prácticas mineras del Minem], que tiene una propuesta de minería para el 2030.
Pero la visión de Rimay pareciera no comulgar mucho con la que tienen los gobernadores.
Justamente, lo que se va a trabajar en la comisión es la visión de Rimay como insumo y seguro habrán otros insumos, como la propuesta de los gobiernos regionales, del gremio minero, etc. En base a esto construiremos una propuesta.
De ahí pueda salir un ‘Frankenstein’, ¿cómo va a complementar dos visiones sobre la minería que son diametralmente distintas?
La línea es lo que se ha trabajado en Rimay, pero la comisión tendrá que escuchar a distintos grupos de interés. Aunque parezca que no es lo correcto, no se le debe cerrar la puerta a lo que están planteando.
¿Le parece que la propuesta de los gobiernos regionales del sur tiene el foco correcto?
No, justamente. No tiene el enfoque correcto. Tienen que entender que el tema de fiscalización a mediana y gran minería no lo van a liderar, porque no lo pueden liderar ni para la pequeña. Además, con el cambio de autoridades, todo volvería a foja cero. Pero sí se puede informar a la autoridad regional los resultados de la fiscalización y que participen para conocer los alcances de ésta.
¿Las propuestas de la comisión van a ser vinculantes para el gobierno?
No.
Porque comisiones pasadas, como la de reforma del sistema previsional, no dieron ningún resultado.
La comisión va a ser consultiva. Van a hacer propuestas normativas, de políticas, y nosotros como gobierno dejaremos encaminado lo que nos propongan. Tía María es un punto de quiebre. Algunos dicen que no es el momento de cambiar la normativa, pero, ¿cuándo es el momento?
Pero se le acaba el tiempo al gobierno si es que hay adelanto de elecciones. ¿Cuándo habrá resultados?
El trabajo de la comisión es de 90 a 120 días para entregar propuestas.
¿Se espera que vayan al Congreso? ¿Creen que puedan avanzar considerando que serán presentados en un momento políticamente complejo?
Confiamos en que los temas técnicos y económicos van a ser atendidos en el momento que se presenten. Creemos que son temas distintos. El adelanto de elecciones se tiene que dar y nuestro presidente tiene una posición muy firme. Pero hay temas que tienen que seguir avanzando. Este es un gobierno que cree en la inversión.
¿Se harán cambios normativos a la consulta previa?
Estamos trabajando en precisarla. Si bien se aplica en dos casos específicos, no está tan objetivamente determinado. Estamos trabajando con una consultora para que el inversionista tenga mayor predictibilidad. No es una modificación normativa, sino ordenar cuándo corresponde la consulta.
Las propuestas de los gobiernos regionales del sur más bien apuntaban a ampliarla.
La consulta previa solo debe hacerse si la exploración afecta derechos colectivos.
Entonces no están alineados con ellos.
No. Al inicio de la exploración no sabes cómo va a ser la explotación. Entonces, se necesitan dos momentos de consulta. En septiembre el documento estará listo e incluirá también plazos. El tiempo de trámite por la consulta en sí puede hacer que esto demore hasta seis meses más.
El ministro de Energía y Minas detalla la posición del gobierno sobre la situación actual en Tía María y señala cuáles serán los proyectos mineros que iniciarían construcción en el 2020 como Zafranal, la optimización de la mina Inmaculada y San Gabriel.
Si bien el 2018 fue exitoso por el inicio de nuevos proyectos [como Quellaveco], esta tendencia no siguió en el 2019. ¿Por qué no salieron los proyectos que estaban en cartera para este año?
Los que comenzaron en el 2018 han mantenido su avance. Eso va de la mano con el apoyo que se la ha dado a esos proyectos en agilizar sus trámites y en soporte social. Quellaveco casi se contamina con el problema de Tía María.
Sí hubo efecto contagio, entonces…
Bueno, coincidió en todo caso.
Pero usted dice que hubo una contaminación…
Puede contaminar, definitivamente. No ha habido una paralización del proyecto y ése es un trabajo que el gobierno ha hecho. Se ha mantenido el acompañamiento, que es lo que nos toca hacer como gobierno. La decisión de invertir depende del inversionista. En Corani [Bear Creek] se debe gestionar el financiamiento. En Lagunas Norte [Barrick] entiendo que están buscando hacer un proyecto más grande. Para el 2019 no estaban otros como Zafranal [Teck] o Pampa del Pongo [Jinzhao Mining], por lo que tenemos que trabajar de cerca con la empresa para conocer sus planes de inversión. No todos estos procesos se traban por acción del Estado.
Como sí pasó en Integración Coroccohuayco, de Glencore.
Su aprobación del estudio de impacto ambiental está en trámite en Senace. Deberíamos ver si está demorado o no. Estamos resolviendo si va a haber o no consulta previa. Lo que queremos es que el proceso inicie antes y la comunidad está dispuesta.
Había pedidos específicos en ese proyecto de que la consulta previa
la haga la empresa como parte del EIA…
La consulta previa la desarrolla el Estado. El gobierno debe llenar los espacios que antes ha llenado la sociedad civil y el inversionista. Si hay un potencial conflicto, que sea el gobierno a través del Minem o la PCM quien esté antes y no lo deje avanzar. Por eso la consulta previa por parte del Estado está bien y se va a mantener. El tema es que puede comenzar antes. Hay información y trámites del EIA que son compatibles con la idea de que inicie antes.
¿Qué proyectos deberían salir en el 2020?
Yanacocha Sulfuros, San Gabriel (Buenaventura), Integración Coroccohuayco, Corani, la ampliación de Pachapaqui (ICM). Son cerca de US$4,000 millones de compromiso de inversión. Además, la inversión prevista para el 2020 supera los US$6,000 millones de este año. En San Gabriel ya estamos avanzando reuniones con la comunidad. Corani en mes o mes y medio ya tendrá novedades sobre su estructura financiera. Hay un par de sorpresas, como la optimización de Inmaculada (Hochschild) que no estaba mapeada y que comenzaría el año que viene. Como ven, sí hay un piloto en este ministerio que lidera este tema con su equipo.
Mencionaba la necesidad de que haya una presencia previa del Estado
para que los conflictos no escalen. Entonces, ¿qué pasó en Tía María?
Tía María a mediados del 2018. Se trabajó con los alcaldes en ejercicio y se dejó claro que había un trámite [para la licencia de construcción] que había sido pedido por Southern, pero que había temas sociales pendientes. La idea era impulsar iniciativas que generen un espacio positivo para las inversiones. Eso en parte es la razón de ser del Fondo de Adelanto Social (FAS). Lo encontramos aprobado pero construir su reglamento y manual de operaciones significó contratar especialistas para elaborar los documentos que recién fueron aprobados [en agosto].
¿Por qué ha tardado tanto en implementarse el fondo? Han pasado
más de dos años desde su aprobación.
Hay una demora. Hemos comenzado a trabajar cuando entramos en abril del 2018…
¿No había cierto nivel de avance cuando llegaron?
No había. Nada del reglamento y del manual tampoco. Hemos tenido que elegir quién era el secretario técnico. Hemos terminado nosotros, por gestión propia, el reglamento y el manual de operaciones. Ha tomado tiempo, pero así es que toman tiempo las cosas en el sector público.
Ya identificamos algunos proyectos [a los que aplicaría] en hidrocarburos al norte. En minería estamos definiendo cuáles. Lo importante es la cartera a corto plazo. Zafranal es uno, Pampa del Pongo es otro, Corani es otro. Esa es la idea. Otro tema importante es que hay saldos de balance de otros sectores que van a ser asignados al fondo de adelanto social.
Regresando a Tía María, ¿por qué se dio la licencia de construcción
si es que no tenía ‘licencia social’ y el proyecto sería suspendido al mes?
Hay que separar. Quien suspende es el Consejo de Minería, no el ministerio.
¿Cuándo fue la última vez que el Consejo de Minería suspendió un proyecto?
Creo que es la primera vez.
Usted comentaba la semana pasada que el Consejo de Minería nunca
ha sido cuestionado por sus decisiones técnicas, pero resulta que nunca
ha tomado una decisión así.
Ha resuelto de acuerdo a la coyuntura que ha encontrado o se ha generado alrededor de este proyecto. Algunos dicen que se tomó en dos días la decisión, pero llevábamos 20 días de paralización. Se evaluó el aspecto social y dentro de su marco normativo se tomó una decisión. Nosotros como Dirección General de Minería dimos la licencia de construcción porque es lo que correspondía hacer. Ya había pasado cuatro años sin que se hubiera dado.
Southern Copper, para ustedes, siguió un proceso que estuvo
completamente en orden para obtener la licencia de construcción.
Por supuesto.
Entonces sería raro si el Consejo de Minería detectara lo contrario, ¿no?
Son instancias diferentes.
¿Esperarían que se ratifique su decisión?
El Consejo de Minería debe revisar el trámite y resolver sobre ese trámite. No te puedo adelantar cuál va a ser su parecer. Hay un trámite que ha cumplido el marco normativo, pero el Consejo debe pronunciarse.
Pero las circunstancias bajo las que se otorgó la licencia son las mismas.
No es que haya cambiado ninguna circunstancia, más allá de la conflictividad, ¿no?
Si se ha dado un permiso que ha cumplido los requisitos legales y técnicos, el Consejo de Minería sobre eso se va a pronunciar.
¿Qué pasa si es que el Consejo determina que no se cumplen esos
requisitos? Básicamente significa que el Minem aprobó un
proyecto que no estaba bien fundamentado.
El Consejo de Minería tomará una decisión en su momento…
Y si la decisión es esa, ¿qué harían ustedes?
Revisaremos en el momento que corresponda lo que opine el Consejo, lo que haya resuelto y si en algo no se ha cumplido, veremos qué pasó. Es un órgano que siempre ha sido reconocido por emitir opiniones autónomas. Se otorgó el permiso porque se cumplió el marco legal y correspondía. No se podía demorar más tiempo porque Southern podía perder el EIA. No justificaba que esto tenga un plazo mayor.
Como se le explicó en reiteradas oportunidades a las autoridades de Islay y del gobierno regional, el tema formal tiene que seguir y está separado del tema social. Buscábamos ese compromiso de no iniciar la construcción del proyecto si antes no mejoraba el espacio social. Tratamos de que hubiera un espacio de mejora del diálogo, más allá de si se avanzaba con el permiso legal. Igual hubieron grupos que no estaban de acuerdo ni con la licencia ni con el diálogo.
¿Son mayoritarios? Southern dice que la aprobación al proyecto es
mayoritaria en Islay.
La población más numerosa de Islay es la de Mollendo, pero es también la más alejada. Cuando ves toda la provincia, sí, hay una mayoría, pero si vas al valle del Tambo, la mayoría no apoya el proyecto. El gobierno tiene que tener presencia antes que se genere el conflicto, no solo en programas sociales, sino informando. Ese espacio no ha sido llenado: el área de gestión social del ministerio se ha manejado solo controlando los conflictos. Queremos cambiar eso, por lo que creamos los comités descentralizados. Queremos generar un espacio positivo con programas.
¿Por qué no se ha logrado? Han tenido un año de trabajo.
Nuestros tiempos no son iguales a los de la comunidad. Es un proceso de comenzar a ganar confianza que toma mucho tiempo. Además, las autoridades que han participado no han ayudado. La autoridad puede generar balance y abrir espacios, pero en este caso los espacios los han cerrado. No queremos imponer un proyecto. Es imposible pensar en un proyecto que avance por estados de emergencia, no es lo normal. Hay coyunturas que deben ser resueltas pero no marcan ni un inicio ni fin de la minería. La minería en el Perú va más allá de Tía María. Tenemos que impulsar nuevos proyectos con la misma fuerza que lo hicimos en Tía María.
