Con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Oleoducto Norperuano, el Gobierno no descarta el ingreso de un actor privado en el proyecto.
Francisco Ísmodes, ministro de Energía y Minas, indicó que ese escenario “es posible” pues “es un sistema de transporte que le da servicios a todos los lotes de empresas que operan en la selva”. Así lo anunció en Economía para todos.
El objetivo es seguir transportando petróleo crudo de la amazonia a la costa, y evitar la suspensión de su funcionamiento por lo caro que resulta el mantenimiento, que asciende a US$ 20 millones al año.
En otro momento, el ministro Francisco Ísmodes se refirió al arbitraje del estado peruano y Odebrecht por el gasoducto sur y sostuvo que el Ejecutivo esperará a que culminen las investigaciones contra la constructora brasileña.
Si se comprueba que hubo pagos irregulares en torno a este proyecto, como ya lo reconoció Odebrecht, el Gobierno iniciará acciones legales
“Estamos a la expectativa porque lo que se concluya de esa investigación será aprovechado por el Gobierno para iniciar acciones legales contra los responsables”, enfatizó.
El presidente de la petrolera estatal peruana, Petro-Perú, Carlos Paredes, afirmó que el Oleoducto Norperuano le genera a la entidad una pérdida de US$100 millones.
Para el presidente de Petro-Perú, la situación del sector petrolero peruano ha llegado al punto tal que el país debe preguntarse si quiere o no tener actividad petrolera.
“Si la respuesta es sí, entonces hay que renegociar condiciones para los inversionistas; y si es no, entonces hay que tomar las acciones que correspondan, pues la inactividad le está costando al país miles de dólares diarios”, sostuvo en el foro “Perú: Gestión Pública e Infraestructura” que organiza El Comercio y El Dorado Investment.
Desde hace casi una década, el oleoducto sufre actos de sabotaje que generan daños ambientales que se deben remediar; además de que sufre por la cada vez menor producción petrolera del país que hacen cuestionar su viabilidad.
Paredes agregó que el alto costo logístico y operacional, las leyes ambientales, los excesivos trámites, y la inseguridad han terminado por reducir al mínimo la nueva inversión en esta actividad.
Refinería
La tubería petrolera no es el único activo polémico de Petroperú. La estatal peruana invierte actualmente US$5.000 millones en la modernización de la construcción de una nueva refinería de Talara.
Al respecto, Paredes defendió el proyecto justificando que su tasa interna de retorno es de dos dígitos (la rentabilidad que va a generar), siendo la mayor entre los proyectos de inversión pública.
Agregó que, financieramente, terminar la construcción de ese proyecto es mejor que abandonarlo.
La preocupación de Paredes por la deuda de la empresa se basa en el impacto que podría tener esta sobre su clasificación de riesgo. La agencia Apoyo y Asociados ha advertido en su último reporte trimestral sobre la estatal, que la clasificación de esta está limitada a sus niveles de deuda como porcentaje del Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización).
Al cierre del primer trimestre, la deuda financiera de la empresa fue equivalente a 25,4 veces el Ebitda y Apoyo & Asociados espera que mantenga un promedio por encima de 14 veces hasta que el Proyecto de Modernización de Refinería de Talara (PMRT) entre en operación en el 2021 y se empiece a amortizar la deuda contraída.
"Es decir, los niveles de apalancamiento se elevarían a niveles superiores a los de la categoría y estándares de la industria en situaciones regulares. Cabe mencionar que Apoyo & Asociados espera que el nivel de apalancamiento se normalice una vez que el PMRT haya entrado en operación", señaló la clasificadora.
(Infografía: El Comercio)
Sobre esta posibilidad, una fuente del sector indicó a El Comercio que es viable la posibilidad que el tesoro pública asuma parte de la deuda si se considera -tal como lo indica el informe de clasificación de Apoyo & Asociados- que Petro-Perú tiene una garantía financiera por parte del Estado Peruano por un valor de US$1.000 millones.
Para que este dinero del Tesoro Público sea transferido a Petro-Perú se requiere que llegue a un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este Diario se comunicó con el MEF para consultarle si han tenido acercamiento con la petrolera estatal y conocer su posición sobre esta posibilidad, pero declinaron en declarar.
De acuerdo con el especialista consultado, Petro-Perú buscaría pagar parte de su deuda de corto plazo que es la más cara. Sin embargo, debe evaluar las opciones que tiene. Esto, porque si el MEF le otorga el financiamiento, la deuda de Petro-Perú solo cambiaría de acreedor más no de magnitud.
En ese sentido, para Alonso Segura, ex ministro de Economía, las declaraciones del presidente de la estatal generan varias dudas sobre la situación del PMRT, puesto que en su planteamiento inicial preveía que una vez que entre en operación, generaría los recursos suficientes para pagar la deuda.
De necesitar un apoyo financiero, Segura indicó que existen varias alternativas, siendo la mejor de ellas que el dinero del Tesoro Público ingrese a la estatal a través de una inyección de capital, para que con este nuevo flujo se repague parte de la deuda vigente.
"Si los flujos [de ingresos de Petro-Perú] no son suficientemente altos para asumir el pago de la deuda, tendrían que hablar con el MEF para encontrar soluciones. La inyección de capital como opción, mejora sus números y sus ratios financieros", apuntó el ex ministro.
De acuerdo con Segura, se deben revisar los números de Petro-Perú y luego conversar con el MEF antes de brindar anuncios como difundidos el martes.
La empresa estatal busca que entre US$1.000 millones y US$1.500 millones sean asumidos por el MEF para aliviar sus problemas de sobreendeudamiento generado por el PMRT. Este monto no es menor: es una cifra cercana a la que demandó la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Otro punto a considerar es el uso que se le dará a las ganancias obtenidas de la operación de la refinería. La Unidad de Análisis Económico de este Diario estima que, asumiendo una ganancia neta por barril de petróleo refinado de US$7,5, se obtendrían utilidades de US$ 246 millones anuales. Si a esto se le descuentan los gastos operativos, en un escenario optimista, el beneficio neto estaría alrededor de US$163 millones
Asumiendo que Petro-Perú destina el 100% de esos recursos a amortizar su deuda, la saldaría por completo en poco más de 26 años.
Por su parte, el directorio de la petrolera estatal precisó que la transferencia de una porción minoritaria de la deuda de Petroperú al Tesoro Público es solo una de las acciones que estamos evaluando, para hacer frente a la situación de la compañía.
Petro-Perú añadió que la figura planteada tampoco encarece el proyecto de la refinería ni incrementa la deuda pública, dado que la deuda de Petroperú ya es deuda pública y por el contrario al pasar al Tesoro Público, podrían acceder a tasas de interés más bajas.
"Esta operación financiera tiene la gran ventaja de mejorar el balance de la empresa, incrementar su valoración en el mercado y viabilizar la entrada de capital minoritario a Petroperú, con todos los beneficios que eso acarrea", indicó.
Asimismo, la empresa reconoció que en la aprobación del denominado Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) concurrieron criterios políticos y no se lanzó con todo el análisis y la transparencia que se requería.
"Era iluso pensar que un proyecto de esta magnitud podría ejecutarse solo en base a deuda. El resultado esperable ha sido sobre endeudar a Petroperú, tal como fue previsto en sesiones del Directorio de aquel entonces", indicó la petrolera.
