JUAN SALDARRIAGA
A casi dos meses de que el Consejo de Minería decida suspender la licencia de construcción del proyecto Tía María a Southern Copper, el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Francisco Ísmodes concedió una entrevista a El Comercio. En esta también comenta sobre los cambios que se evalúan en la Ley General de Minería y el futuro del Oleoducto Norperuano.
La SNMPE ha alertado que la inversión en minería no sólo no crecerá, sino que caerá este año. ¿En que se basa el Minem para sostener que aumentará (en más de 20%)?
En los números que tenemos. Nosotros recibimos información directa de las empresas mineras a través de una declaración que se llama Estamin, con la que hacemos nuestras proyecciones. Y esto coincide con lo que hemos definido a finales del 2018 (US$6.000 millones para este año).
¿Aseguran que la inversión en minería sí crecerá?
Tenemos la confianza de que la inversión minera este año estará cerca al número que hemos previsto.
¿Descarta entonces que hay un estancamiento de las inversiones mineras, como señala la SNMPE?
No hay ese estancamiento de las inversiones mineras. Incluso, hemos tenido una reunión con la SNMPE para compartirles nuestras cifras y esperamos que rectifiquen.
¿Cuántos proyectos mineros iniciarán construcción el próximo año?
Tenemos Yanacocha Sulfuros (ampliación de Yanacocha). Esperamos que Corani también empiece. Luego tenemos los proyectos Coroccohuayco, optimización Inmaculada, la ampliación de Pachapaqui y San Gabriel. Todo esto suma un monto de US$3.950 millones en nuevas inversiones.
Allí hay algunos proyectos que debieron salir este año y que han sido aplazados al 2020.
Sí, Corani fundamentalmente, por un tema del financiamiento que aún no consiguen. Pero lo ideal sería incluir a Tía María.
¿Seguirán insistiendo con Tía María?
Seguimos trabajando en generar espacios de dialogo que permitan aclarar las dudas de los que se oponen al proyecto. Se han dado algunos (espacios), pero hay un grupo con el cual no hemos podido establecer conversaciones. Y también estamos invocando a las autoridades, porque no todas se oponen a Tía María. Esperamos esto cambie para que el proyecto pueda salir adelante.
Pero el Consejo de Minería aún debe resolver si cancela o no su licencia.
Claro. El Minem con su Dirección General de Minería (DGM) otorgó esta licencia de construcción, de acuerdo al marco legal, y las autoridades de Islay y el gobernador regional de Arequipa impugnaron esa resolución. Y ahora el Consejo de Minería tomará una decisión las próximas semanas.
En la eventualidad que el Consejo falle en contra, ¿el proyecto volverá a fojas cero?
Eso dependerá de lo que el Consejo decida y de los alcances de esa decisión. Ellos tendrán que definir el porqué de su resolución y qué se tiene que hacer para levantar la observación.
¿No quedaría paralizado, como Conga?
Todo dependerá de lo que decida el Consejo. Si identifica un error material, si se puede corregir (por parte de la empresa) y cómo se tendría que corregir.
Si fuera ese el caso, ¿Southern seguiría adelante en la obtención de la licencia social?
Exacto. En el momento que la licencia de construcción se confirme por el Consejo de Mineria, o lo que corresponda, tendría que trabajarse la licencia social.
Mientras tanto, la empresa minera acaba de anunciar que destinará US$1.000 millones a México. ¿Eso significa que está reorientando sus inversiones?
Yo pienso que Southern puede tomar las decisiones corporativas que más les convenga, pero también considero que, al margen de esta situación específica de Tía María – que se arrastra desde 2011 y que hay que resolver -, nuestro país tiene potencial minero y está avanzando con sus inversiones. La continuidad de la inversión minera está garantizada.
¿Qué normas, aparte de la Ley General de Minería, evaluará el Comité Consultivo que verá la reforma normativa minera?
Lo que va a ver esta comisión conformada por especialistas que conocen bien el sector, es identificar aquellas áreas que ameritan una mejora normativa para la competitividad minera. Eso es muy importante para la generación de divisas que puedan ser destinadas a la inversión de programas sociales y cierre de brechas, para que las comunidades perciban que se está mejorando su bienestar.
¿Cuál es el plazo para que el comité haga su trabajo?
Son ciento veinte días para que recibamos la propuesta de parte de esta comisión.
¿Con opiniones de todos los involucrados: los gremios y la sociedad civil?
Por supuesto. La comisión va a recibir aportes, que se sumaran a sus propios planteamientos. Incluso, se ha planteado la posibilidad de recibir el soporte de la cooperación internacional, de países con legislaciones mineras más avanzadas, como Australia y Canadá.
¿Qué opina de la propuesta de Petro-Perú, de cerrar el Oleoducto Norperuano (ONP) por las pérdidas económicas que este le ocasiona? ¿Cuál es la alternativa?
Hemos solicitado a Petro-Perú que elabore una propuesta integral de gestión del oleoducto. Parte de la solución consiste en modernizarlo, y para ello se ha iniciado la mejora de algunas instalaciones. Hay más de S/100 millones invertidos allí. A su vez, está en elaboración un estudio para su modernización integral.
¿Esta propuesta se la han pedido a Petro-Perú recientemente?
No. Hemos venido trabajando de tiempo atrás con el anterior presidente de Petro-Perú (James Atkins) y ahora con Carlos Paredes.
¿Pero qué le parece la propuesta de cerrar el oleoducto? Los petroleros están muy preocupados.
No estamos de acuerdo con el cierre del oleoducto. Entendemos que Petro-Perú está perdiendo financieramente, debido a que el volumen que transporta no cubre sus costos mínimos, pero también hay una oportunidad de mejora tecnológica. Por eso, hemos pedido a Carlos Paredes (presidente de Petro-Perú) que consiga asociar a las empresas petroleras para mejorar la operación del oleoducto.
¿Cómo avanzan esas conversaciones?
De eso esperamos un avance en las próximas semanas. Pero no es lo único. También estamos trabajando en desarrollar el aspecto social, para garantizar la operatividad del oleoducto.
¿Para evitar nuevos atentados contra las instalaciones petroleras?
Por esta razón nos hemos acercado a las comunidades que habitan a lo largo del oleoducto: para poder cumplir con aquello que el estado no ha hecho en mucho tiempo. Cada vez que hay un conflicto social y se arma una mesa de diálogo, vienen los temas de salud, educación, electrificación, saneamiento De allí, la necesidad de plantear un plan de desarrollo de la selva.
¿Cuándo estaría listo ese plan?
En realidad, hacia fines de noviembre. Hace un mes salió publicado un decreto supremo estableciendo que se iba a armar este plan de desarrollo para Loreto. Es un proceso donde van a participar todas las comunidades.
