ÁLVARO RONCAL
La competitividad minera del Perú se ve comprometida por su infraestructura, regulación y entorno social.
La minería peruana ha perdido su brillo. Hoy es menos competitiva que otras jurisdicciones contra las que compite por inversiones, desde Canadá y Australia hasta México y Chile, revela el Índice de Competitividad Minera (ICM), elaborado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Macroconsult y el estudio PPU. Las brechas en infraestructura, las múltiples trabas regulatorias y el precario entorno social e institucional hacen que los inversionistas mineros lo piensen dos veces antes de comprometerse con proyectos en el Perú. “Varias personas en la última edición del PDAC en Toronto me dijeron: ‘tu país se ha vuelto impredecible’”, señala Augusto Baertl, presidente del directorio de Graña y Montero y Panoro Minerals.
El atractivo geológico ya no es fue suficiente. El estudio del IIMP, presentado en Perumin 2019, revela que el Perú, entre los siete países evaluados, es el segundo con mejor percepción de atractivo geológico, según el ranking Fraser; sin embargo, es el cuarto en inversión en exploración y está muy alejado del primero (Australia) en reservas, producción y años hasta el agotamiento de las mismas. “En minería el Perú juega en las ligas mayores y compite con Canadá o Australia. No podemos pensar que nuestro modelo son otros países de Latinoamérica”, afirma Rafael Lengua, socio del PPU.
En minería, el Perú es visto como la tierra prometida, pero los problemas relacionados a infraestructura, regulación y entorno social hacen que nadie quiera entrar a ella.
El atractivo geológico peruano no viene sin hueso: la compleja geografía del país hace que las zonas de mayor potencial minero sean de difícil acceso y que la logística sea más costosa que la de sus pares. Por ello, se requiere de una infraestructura de transporte privilegiada. No es el caso del Perú: es el peor calificado en infraestructura aeroportuaria, vial y ferrovial, según el ICM.
Las fuentes coinciden en que el Plan Nacional de Infraestructura podría beneficiar al sector, aunque solo es el primer paso. “El plan está enfocado en competitividad. Varios proyectos han estado mal estructurados o no se ha tenido la capacidad para sacarlos adelante; construir esas capacidades es el siguiente paso”, detalla Kate Harrison, embajadora del Reino Unido que trabaja junto al MEF en el mencionado plan.
Las mineras y el gobierno central también podrían participar de forma más activa en el desarrollo de los planes regionales de infraestructura, lo que beneficiaría no solo al sector minero. “La infraestructura se puede compartir y puede ser para múltiples usos, como en los trenes. Como son costosos, es necesario que participen más agentes [empresas y ministerios]”, indica Ángela Grossheim, gerente de estudios e investigación del IIMP y exministra de Energía y Minas. Hoy no existen espacios de interacción entre distintos niveles de gobierno. “No hay un alineamiento entre las políticas y lo que el ejecutor final hace. En Cotabambas las regalías se han usado para construir plazas de toros”, afirma Fernando Castillo, exdirector general de gestión social del Minem.
El Perú es el peor país en todos los indicadores regulatorios del ICM. “Nueve entidades distintas opinan y observan la actividad minera. Un proyecto ideal donde todo camina bien, con estas nueve agencias y los pasos que hay que tomar, tarda 12.5 años desde que se descubre hasta su construcción”, sentencia Víctor Gobitz, CEO de Buenaventura. “Tenemos el peor entorno institucional, y eso lo agrava”, agrega Lengua, del PPU. La falta de coordinación entre las entidades involucradas, el número de permisos —muchos inexistentes en otros países— y la falta de predictibilidad en la aplicación de normas hacen que el Perú sea menos competitivo que países con poca tradición minera como Colombia. “Si Tía María estuviera en Canadá, Australia o Sudáfrica, ya se habría construido”, afirma Gonzalo Tamayo, socio director de Macroconsult y exministro de Energía y Minas.
Dada la dispersión de la normativa minera —las competencias legales están en múltiples entidades—, buscar eliminar procedimientos no es del todo viable. Ante ello, el estudio propone aplicar el silencio administrativo positivo en ciertos casos. “Los plazos legales ya son largos y el Estado los excede en más del doble”, indica Tamayo. Otro camino está en evaluar los permisos exigidos en el Perú, mas no en países como Australia y Canadá, como pedir una servidumbre al Estado sobre terrenos eriazos o iniciar actividades de exploración. “En el Perú obtener una concesión puede tomar un año; en Canadá, es un trámite automático”, afirma Lengua. “Es un proceso que tiene nulo impacto ambiental, pero en el que ha habido mucha ignorancia del Minam”, señala Marita Chappuis, consultora minera y bloguera de SEMANAeconómica.
El negativo entorno social en el Perú hace impredecibles sus costos. “Pierdes la predictibilidad para correr un modelo económico que demuestre la rentabilidad [del proyecto]”, indica Castillo. La inseguridad jurídica en materia social —que engloba acceso a tierras, acuerdos sociales y debilidad institucional— coloca al Perú en el penúltimo puesto en ese rubro, de acuerdo con el ICM. La falta de una política estatal que apoye las actividades económicas en las zonas de influencia de los proyectos hace que las mineras tengan que suplir el rol del Estado.
“En estas zonas la principal actividad suele ser agricultura de subsistencia. Cuando la mina encarece la mano de obra y no todos pueden trabajar en ella, es difícil tener un entorno positivo”, agrega Castillo. El acceso a tierras es otro dolor de cabeza de los inversionistas mineros. Los cambios de directiva en las comunidades suelen generar renegociaciones y, como consecuencia, aumento de costos. Además, la superposición de derechos —donde la minera tiene que negociar tanto con propietarios como posesionarios— complica aún más la situación.
Un camino para avanzar hacia una mejor relación entre Estado, empresas y comunidades es asegurar el llamado ‘adelanto social’. “Estamos en los meses de formulación del presupuesto: hay una oportunidad para alinear con las regiones a qué proyectos irán los recursos en el 2020”, indica Castillo. La implementación del Fondo de Adelanto Social y recursos como el ‘Disclosure to Development’ —instrumento que busca facilitar el acceso y entendimiento de información pública, presentado por el IIMP en Perumin—, serán también útiles en ese sentido, indica Grossheim.
A diferencia de sus competidores, el Perú cuenta con un potencial geológico privilegiado y depende de sí mismo para dar el salto.
