El proyecto minero Dominga en Chile tendrá que ser analizado nuevamente por un tribunal ambiental, resolvió la Corte Suprema al acoger demandas de grupos ecologistas y rechazar reclamos de la empresa Andes Iron, dueña del proyecto.
La iniciativa de hierro y concentrado de cobre de 2.500 millones de dólares se ubicaría a unos 500 kilómetros al norte de Santiago, cerca de reservas ecológicas por lo que sus detractores señalan que causaría un grave daño ambiental.
En un proceso que se extiende ya por varios años, la construcción de Dominga había sido rechazada por una comisión regional de evaluación ambiental en marzo de 2017 y posteriormente el proyecto fue elevado al comité de ministros, donde también fue rechazado meses después, durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
“El proyecto tendría impacto significativo sobre los objetos de conservación de la reserva nacional del pingüino de Humboldt”, dijo el entonces ministro de Medio Ambiente Marcelo Mena. Dicha decisión generó la renuncia de los ministros del área económica de la época.
En el fallo del comité de ministros se argumentaron deficiencias en la sustentación ambiental del proyecto, con capacidad de 12 millones de toneladas anuales de hierro y 150.000 toneladas de cobre.
Antes de esas decisiones, sin embargo, el tribunal ambiental de Antofagasta, que tiene la jurisdicción sobre el proyecto, le había dado luz verde. Pero ahora debe volver a revisarlo para enfocarse en “el fondo” de la causa, resolvió la Corte Suprema, que consideró que en su primer fallo sólo se había referido a aspectos formales.
El Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta “conocerá y decidirá el fondo del asunto debatido, vinculado a las materias respecto de las cuales se omitió pronunciamiento, esto es, el carácter completo de los antecedentes del proyecto y la estricta evaluación ambiental del mismo”, dijo la Corte Suprema en su decisión.
El caso había llegado al máximo tribunal del país después que tanto Andes Iron como grupos ecologistas presentaran una serie de recursos.
El proyecto salpicó también al mundo político, ya que se ha denunciado que en su génesis tenía vínculos con el ahora presidente Sebastián Piñera, mientras por otra parte se ha señalado que la iniciativa se ubica cerca de terrenos de propiedad de la expresidenta Bachelet.
La empresa a cargo del proyecto, Andes Iron se refirió al fallo de la Corte Suprema sobre Dominga, y afirmaron que tienen plena confianza de la evaluación ambiental que se hizo de la iniciativa.
“Andes Iron reitera su compromiso invariable de cumplir con los más altos estándares en materia ambiental. Por eso valoramos positivamente, tal como lo dispone la sentencia del máximo tribunal del país, que los tribunales ambientales deban pronunciarse sobre el fondo de los aspectos jurídicos ambientales del proyecto”, indicó el presidente ejecutivo de la compañía minera Andes Iron, Iván Garrido, en un comunicado.
Además comentó que “el Servicio de Evaluación Ambiental, una vez culminado un riguroso proceso de evaluación ambiental, procedió a dictar el Informe Consolidado de Evaluación (ICE), resolución que recomienda a la Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo, aprobar el proyecto minero Dominga, precisamente por cumplir rigurosamente con la normativa ambiental vigente en el país.”
Finalmente el ejecutivo indicó que el proyecto que estará emplazado en la Región de Coquimbo concilia el desarrollo minero con el medio ambiente.
“Tenemos la convicción que las características de este proyecto son plenamente compatibles con los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente y a la biodiversidad existente en la zona, así como cumple totalmente con la legislación nacional medioambiental".
Pero no todos en la zona están contentos con la noticia, ya que se ha formado una mesa comunal que se ha manifestado a favor por las posibilidades laborales que se pueden presentar con este proyecto.
Esto fue analizado por el diputado UDI por la zona, Juan Manuel Fuenzalida, quien puntualizó que "es una mala noticia para la región, había mucha gente que estaba esperanzada en que este proyecto saliera adelante desde el punto de vista laboral y económico, hay que revisar el fallo por quienes corresponda, pero se dilata más un tema que le hace mal a la región".
La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) criticó la decisión de la Corte Suprema, que ordena al Tribunal Ambiental de Antofagasta pronunciarse por materias que omitió en relación al proyecto Dominga.
Diego Hernández, presidente de la gremial, calificó como decepcionante el fallo del máximo tribunal, por cuanto conlleva dilatar aún más la decisión de fondo respecto a este proyecto de inversión, que lleva más de dos años a la espera de un pronunciamiento definitivo.
“Este es un proceso que se ha extendido en el tiempo sin explicación y ello afecta la certeza jurídica, ya que los inversionistas están viviendo una verdadera pesadilla con evaluaciones tortuosas, judicializaciones y diversas instancias de discusión, sin que haya una resolución definitiva. En los procesos de evaluación ambiental los sí deben ser estables y los no rápidos”, sostuvo.
El abogado de la Universidad Católica de Valparaíso Daniel Guevara fue el presidente del Tribunal Ambiental de Antofagasta cuando se emitió el fallo de Dominga, en marzo del año pasado. En la oportunidad, la instancia entregó un fallo favorable para la realización del proyecto minero Dominga, al decidir que la iniciativa volviera a la Comisión Ambiental de Coquimbo.
Guevara dejó la instancia en junio pasado, luego de finalizar su período, y hoy analiza la sentencia de la Corte Suprema, la que califica de histórica, pues les entrega mayores atribuciones a los Tribunales Ambientales.
¿Qué lectura hace del fallo que emitió la Tercera Sala de la Corte Suprema?
La Corte Suprema ha movido la frontera y le ha otorgado al Tribunal Ambiental el deber, en este caso concreto, de revisar los aspectos técnicos de la línea de base del proyecto. Esta sentencia va a significar una pauta histórica de cómo los Tribunales Ambientales pueden extenderse a materias técnicas de fondo que tradicionalmente en Chile eran motivo de evaluación de los órganos técnicos del Servicio de Evaluación Ambiental.
¿Quién gana y quién pierde con esta decisión?
No se puede decir quién gana o quién pierde, porque la incertidumbre tendiente con este resultado no solo afecta a la empresa, sino que también a quienes son contrarios al proyecto, ya que no existe certeza sobre qué va a resolver el Tribunal Ambiental y del recurso consiguiente que se pueda presentar en la Corte Suprema.
Esta es una decisión excepcional y es una jurisprudencia muy innovadora de parte de la Corte Suprema respecto de los Tribunales Ambientales, porque sin necesidad de remover la ley, se ha movido la frontera de las facultades y competencias de los Tribunales Ambientales en materia de evaluación de mérito de los aspectos técnicos de un proyecto. Es decir, robustece el rol del tribunal y les entrega la confianza a los magistrados a futuro de poder evaluar todos los aspectos técnicos, no como lo hizo el Tribunal Ambiental de Antofagasta en su momento, a pesar de que tratamos de ser muy innovadores.
¿Por qué no se hizo?
Porque la Ley 20.600 que crea los Tribunales Ambientales dice, de manera expresa, que el Tribunal Ambiental no puede evaluar el mérito de la decisión ni del comité regional ni del Comité de Ministros.
En su momento, ¿hubo una mala gestión de parte del Tribunal Ambiental de Antofagasta?
El Tribunal Ambiental hizo la evaluación más conservadora de sus competencias y eso lo hubiera hecho cualquiera después de haber actuado de manera innovativa cuando llamamos a las partes a una conciliación y el Servicio de Evaluación Ambiental se abstuvo de participar. Nosotros leímos la norma y la leímos de manera expresa.
¿Qué se puede esperar ahora?
El problema grave es que se impone una exigencia a un tribunal no existiendo una guía trámite para definir una línea base, en este caso la marítima. En mi opinión, es ridículo que en un país que tiene más de 100 puertos y cuatro mil kilómetros de costa no exista una línea de base en materia marítima y hoy se le devuelve al Tribunal Ambiental el deber de evaluar el tema técnico sin que exista la guía trámite sobre el medio marítimo. Entonces, ¿cuál es el instrumento con el que voy a evaluar?
¿El tribunal puede declararse incompetente al no tener las herramientas para pronunciarse?
No, está obligada a resolver y se resolverá sobre la base de los principios generales del derecho. Ahora, ¿cuáles son los principios generales del derecho?, esa es la pregunta que queda: replicar Cruz Grande, desestimar porque un barco puede golpear a una ballena, que fue lo que le consultamos al gobernador marítimo, situación que nunca ha ocurrido, entonces a qué se atiene el juez, por eso se genera una incertidumbre, porque con esta decisión si bien se genera un retroceso al proyecto, tampoco se sabe cómo se podrá resolver.
¿Se seguirá dilatando la aprobación del proyecto?
Esta sentencia podría significar una mayor dilación y eventualmente esta sentencia podría incluso significar que este proyecto no se ejecute.
¿Qué puede pasar con los otros proyectos que lleguen al Tribunal Ambiental?
La lectura en esto es que necesitamos de manera urgente un rol mucho más activo del Poder Ejecutivo en dictar normas base que ayuden a tener las herramientas necesarias para evaluar proyectos.
