El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) existe desde 1992, y hasta 2017, solo 256 iniciativas de inversión, el 1,6% del total de proyectos, tardaron más de dos años en obtener su permiso para operar.

El dato lo entrega Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, quien realizó un análisis de los más de 24 mil proyectos ingresados al sistema, sus rubros y las tasas de aprobación y rechazo. El estudio entrega importantes evidencias en medio de la discusión que ha estado teniendo las últimas semanas la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que está analizando precisamente una profunda reforma al SEIA.

La propuesta del gobierno apunta a tres ejes: disminuir el componente político del sistema -eliminando, por ejemplo, la instancia de decisión del Consejo de Ministros-, aumentar la participación ciudadana y, como dice el propio mensaje firmado por el presidente Piñera en el proyecto de ley, “agilizar sus procesos para fortalecer el desarrollo sustentable de Chile”. El mensaje es claro respecto a esto último: “Los plazos de tramitación se extienden por largos períodos de tiempo, manteniendo situaciones de conflicto e incertidumbre”

Sin embargo, las cifras parecieran no sostener dicha afirmación. En los 25 años que analizaron en la UDP, el 75% de los proyectos ingresados al sistema fueron aprobados. Y el promedio de demora en obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente fueron 220 días. Un poco más de siete meses. La estadística cambia cuando se diferencia por el tipo de proyecto. Las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), relativas a proyectos de menor envergadura y de menor impacto ambiental, tardan siete meses en ser aprobadas, mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), 13 meses.

“Los datos muestran que el tiempo de demora en realidad no es tan extenso. Aumenta -y es algo esperable- mientras más grande sea el volumen de la inversión, entonces más te demoras por la complejidad del proyecto. Cuando sacas esta dimensión, que son un porcentaje bastante bajo de los proyectos que entran al SEIA, el promedio es seis a ocho meses, un tiempo bastante razonable. Existe una dinámica burocrática bastante establecida para la mayoría de los proyectos”, asegura Claudio Fuentes.

Tal como dice el cientista político, el estudio identificó que las 256 iniciativas que tardaron más de dos años en ser aprobadas (apenas el 1,6% del total), representan una inversión promedio de 116 millones de dólares, en contraste con el promedio del total de proyectos aprobados, que es de 23 millones de dólares.

También aislaron las inversiones que superan los 100 millones de dólares. Se trata de 650 proyectos “top”, el 4,5% del total de aprobados, pero que a su vez representa el 75,4% del total del dinero reconocido por el sistema. Estas inversiones “top” son, sobre todo, de energía y minería y se concentran en las regiones de Tarapacá, Atacama y Metropolitana.

Toda reforma incide en los tiempos

Si hay algo que marca la tendencia de ingreso y aprobación de proyectos son las continuas reformas al sistema. El estudio identifica cuatro períodos marcados por los cambios institucionales. Hasta el año 2002, los proyectos ingresados eran aprobados en tasas superiores al 90%, a partir de 2003 y hasta 2013 la tasa cayó a un promedio de 74% y luego de 2014 la tasa cae nuevamente a promedio de 55%, dice el estudio.

Fuentes explica que esto tiene que ver con el DS40, que estableció un nuevo procedimiento para aprobación que es mas exigente y con más condiciones sociales.

Cuando un proyecto es rechazado, se puede apelar. Y para ello existen distintas instancias. Como el titular, que puede solicitar revisión de oficio cuando algunas condiciones hayan variado sustantivamente. También existe reclamación ante consejo de ministros. Sin embargo, clarifica Fuentes, estos “rechazados”, en su mayor proporción son “No admitidos a calificación”, usualmente por faltas administrativas, debido a que el sistema es más complejo, y que corresponde a cerca del 70% de los casos rechazados.

“Eso me sorprendió”, reconoce Fuentes. “Yo pensaba que la dinámica del ciclo económico iba a ser relevante y en realidad es bastante independiente. Efectivamente, la institucionalidad incide mucho en el incentivo que los actores tienen para presentar o no proyectos. La recomendación a los parlamentarios es que evalúen el tipo de incentivo que se está diseñando, porque seguramente va a tener un impacto muy fuerte en la cantidad de proyectos que se presentan”.

Para la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, integrante de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, los tiempos de tramitación “no han sido parte del debate en la comisión porque se asume como dada la supuesta demora. Estos datos aportan mucho en ese sentido”.

“Lo que está haciendo el gobierno es atribuirles la responsabilidad a los órganos públicos de los procesos de demora. Por eso deciden acortar la participación ciudadana, bajándola de 60 a 30 días, por la presión del privado”, agrega la parlamentaria.

Para el diputado RN Sebastián Torrealba, también miembro de la comisión, la reforma se hace cargo de la demanda de la ciudadanía al ampliar la participación ciudadana a las Declaraciones de Impacto Ambiental y no solo a los Estudios, y de los propietarios de los proyectos. “Estamos asegurando que las iniciativas se puedan ejecutar a través de procesos más simples, para acortar la brecha que tenemos hoy día de evaluación”.

“En Chile, los proyectos se demoran cerca de cinco años en ser aprobados y en países modernos se demoran cerca de dos años. El objetivo de la reforma es proteger el medio ambiente, asegurar la participación y al mismo tiempo acortar los plazos burocráticos del Servicio de Impacto Ambiental”, dice Torrealba. Consultado por el origen de dichos datos, asegura que “son de la OCDE y están super documentados en la mesa de trabajo del gobierno de la presidenta Bachelet sobre la reforma al SEIA”.

Dicha mesa de trabajo estipula que los tiempos de tramitación son efectivamente mayores a lo esperado en algunos casos. Sobre los datos del estudio de la UDP, que contrastan los que él cita, Torrealba dice que los analizarán en la comisión.

El gobierno incluyó un informe de productividad junto al proyecto de reforma al SEIA, que incluye tablas de intervalos de tiempos que los distintos proyectos han permanecido en trámite. El análisis toma de 2010 a 2019 y coincide con el estudio de la UDP: La gran mayoría de los proyectos demoró menos de siete meses en ser aprobados.

Qué Pasa se contactó con el Consejo Minero para pedir una opinión respecto a la reforma al SEIA y al tiempo de tramitación de los proyectos. El estudio de la UDP dice que el sector minería tarda un promedio de 6,7 meses en ser aprobados por el sistema. Tomando los datos desde 2012 a 2017, tardan 8,21 meses promedio, menos de la mitad de lo que demora un proyecto de infraestructura portuaria.

Al cierre de este artículo, el Consejo Minero no respondió las preguntas de este medio, aunque el presidente del organismo, Joaquín Villarino, ha manifestado en diversas entrevistas que el Sistema de Evaluación Ambiental requiere ponerse al día para dar seguridad a la ciudadanía, a las comunidades, a los chilenos, para saber que cuando se aprueba un proyecto, sea con certeza y así evitar que se gastan millones de dólares para obtener permisos de funcionamiento y después, en un acto jurisdiccional, un juez lo rechace.

Para Claudio Fuentes, el hecho de que se asuman los tiempos de tramitación como algo a resolver por la reforma “tiene que ver con la correlación de fuerzas y el poder de ciertos grupos, como el negocio de la minería, que tiene un impacto muy grande en la economía nacional y manifiestan una mayor preocupación por los tiempos de demora. Yo creo que está más relacionado con eso que con los datos objetivos, toma relevancia una lógica política de los de gran envergadura por su impacto en la economía del país”.