Entre las razones que respondieron a su creación, se encuentran los conflictos relacionados a la minería, "tanto por preocupaciones ambientales como por expectativas y brechas no satisfechas"
Como se recuerda, tras los conflictos sociales en Las Bambas y Tía María, el presidente de la República, Martín Vizcarra, afirmó estar de acuerdo con mejorar la actual normativa, lo cual volvió a ser ratificado por el ministro del sector semanas después.
El Gobierno Peruano creó la comisión consultiva denominada "Comisión para el desarrollo minero sostenible", que se instalará en un plazo dentro de los 10 días dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Esta comisión –cuya labor deberá concluir en un plazo no mayor a 120 días– tendrá por finalidad proponer medidas normativas y de gestión, así como de política pública para el desarrollo de actividades mineras sostenibles.
Estará conformada por Roxana Barrantes –quien presidirá el grupo de trabajo–, Luis Marchese, Carlos Herrera, Diego Macera, Elsa Galarza, Iván Lanegra, Paulo Vilca y Gonzalo Tamayo. Su participación es ad honorem.
Entre las razones que respondieron a su creación, se encuentran los conflictos relacionados a la minería, "tanto por preocupaciones ambientales como por expectativas y brechas no satisfechas".
Asimismo, en la resolución N° 145-2019-PCM publicada hoy en El Peruano, se señala que "ha faltado que el aprovechamiento de los beneficios que genera la actividad, tengan el enfoque de desarrollo territorial".
Cabe resaltar que la comisión puede solicitar la participación de representantes de instituciones públicas o privadas, así como especialistas y profesionales de la materia. Incluye también la cooperación técnica internacional.
Según reconoce el Gobierno a través del documento publicado hoy, existen beneficios procedentes de la minería, no obstante, los conflictos relacionados a ella son frecuentes, tanto por preocupaciones ambientales como por expectativas y brechas no satisfechas. Además, el aprovechamiento de los beneficios que genera la actividad extractiva no cuenta con enfoque de desarrollo territorial.
Por ello, plantea adecuar o mejorar algunos alcances del desarrollo minero competitivo y sostenible y de manera transversal regular los aspectos económicos, sociales, laborales, de aprovechamiento de tecnología, la minería artesanal, entre otras lo cual debe estar considerado en la normativa legal que la regula, y de esta forma fortalecer su desarrollo y beneficios que se generan para las localidades alrededor de los proyectos y operaciones mineras y del país en general.
A la fecha, la propuesta de una nueva ley general de minería de los Gobernadores regionales del sur ya ha sido enviada al Congreso para su debate en comisiones.
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MARITA CHAPPUIS
¿La comisión que se encargará de hacer propuestas para una reforma de la normativa minera debería comprometerse a leer y analizar una serie de estudios por todos sus miembros, para que partan de un diseño básico más consensuado. Por ejemplo, estudios sobre cuál es el rumbo de la minería en la economía mundial, donde estará dentro de diez años, qué innovaciones la impactarán, cómo la afectará el cambio climático, qué metales ya están considerados como estratégicos, por qué se les encuentra sólo en ciertos países, y qué tipo de organizaciones y decisiones deberá tomar.
Estos estudios y data son elaboradas por consultoras internacionales que monitorean a la industria minera en todo el mundo como Boston Consulting Group, Wood Mackenzie, SNL, Instituto Fraser, Grupo Internacional del Cobre, Plomo y Zinc, etc.
Luego debería solicitar al Ministerio de Energía y Minas (Minem) que, con respecto a su cartera de proyectos —que ha perdido credibilidad, hasta el BCR hace su propia evaluación— presente un análisis del acumulado de inversión de cada proyecto, y su ubicación en el ranking mundial de proyectos mineros. Lo que van a encontrar es que su avance lento es porque tienen leyes muy bajas o metalurgia muy difícil. Además, la curva que muestra cómo está descendiendo la ley promedio de las minas en operación y como no se están reponiendo reservas es un requerimiento básico para la comisión.
El Minem también debería entregar información no sólo de cuántos conflictos sociales están monitoreando, sino cuántos proyectos han sido desestimados por la matriz antes de involucrarse en una negociación con comunidades y escuchar reclamos exorbitantes, que la economía de la mina no va a poder satisfacer.
Hemos escuchado en Arequipa —durante Perumin— sobre el agotamiento final de nuestras grandes minas actuales antes de 15 años, alrededor del 65% de la producción actual peruana, pero el ministro Francisco Ísmodes siguió presentando cifras de “inversión” minera sin presentar detalle de cuáles son los porcentajes de reemplazo de equipo, mantenimiento de producción o nuevas exploraciones. La “foto del momento” no dice nada en temas mineros que son de largo aliento.
La rueda podría terminar con las cifras del aporte fiscal que debería presentar el MEF y el escenario “B”: qué pasaría si el 65% de las minas deja de producir, cuáles son nuestros “sectores alternativos”.
En resumen esto no es una discusión de un caso particular como Tía María o si el IDL apoya a comunidades que quieren ser declaradas como pueblos indígenas. En el Perú, los conflictos también surgen porque la desinformación es vasta y porque comienza con la “propaganda” del Minem, que no muestra tendencias en el tiempo, y que la oficina de imagen del ministerio es la usa para mostrar una “gestión eficiente” y tapar críticas.
El Minem cuenta con bastante información que no procesa ni difunde. Las nuevas propuestas normativas deberían incorporar qué se debe hacer con la data del Minem y cómo el público puede acceder a ella, así como también la obligatoria sistematización de la data geológica de las exploraciones, para que se publiquen mejores estudios de la realidad peruana.
