IVAN ALONSO
Nos guste o no, se ha iniciado ya el debate sobre una nueva ley de minería. Y uno de los aspectos más importantes por debatirse es la tributación, aunque no forme parte de la ley propiamente dicha.
Los gobernadores del sur sueñan con un Impuesto a la Renta del 80%, una tasa confiscatoria que haría inviable cualquier inversión minera que uno pueda imaginar. No hay proyectos tan rentables como para entregarle cuatro quintas partes de sus utilidades al fisco y ofrecer todavía un retorno atractivo sobre el capital invertido. Obviamente, no es una propuesta constructiva. No conduce a un debate racional. No es esa tampoco su intención. Su intención es conducir a la parálisis de la inversión privada.
Tenemos la sensación, sin embargo, de que el sector privado no está planteando bien su defensa. La comparación entre la carga tributaria que enfrenta la minería en el Perú con la que enfrenta en países como Chile o Australia transmite un mensaje equivocado. Parecería que a la minería se le debería cobrar todos los impuestos que se pueda, mientras se le deje al inversionista una rentabilidad mínimamente aceptable, que lo haga indiferente entre los Andes y el Pilbara
Pero la comparación relevante no es aquella entre la carga tributaria para la minería en el Perú y otros países. La comparación relevante, desde el punto de vista de una política tributaria racional, es entre la carga tributaria que enfrenta la minería en el Perú y la que enfrentan otras actividades económicas también en el Perú. Debería ser la misma para que el capital se dirija a aquellas actividades donde su rentabilidad (que es, más o menos, su contribución al ingreso nacional) sea mayor, sin que el sistema tributario distorsione las decisiones de inversión. Eso es lo que se llama neutralidad tributaria.
Dos son las principales objeciones que podrían levantarse contra el principio de neutralidad tributaria. La primera es que los inversionistas mineros provienen mayormente del exterior y que su problema no es decidir entre invertir en minería o en otro sector en el Perú, sino entre el Perú y otros países. Si partimos de esa premisa, tendríamos que crear regímenes especiales para otras actividades donde la inversión extranjera es también mayoritaria, como el petróleo, la infraestructura y algunas ramas industriales. Un caos tributario que, además de ser económicamente ineficiente, se prestaría al mercantilismo y la corrupción.
La segunda objeción posible es que la carga debería ser mayor para la minería porque los recursos minerales son propiedad de la nación. Eso es, al menos, lo que dice la ley. Pero de ahí no se sigue lógicamente que la carga tributaria deba ser mayor. Para eso están las regalías, que no son un impuesto, sino una compensación que se paga al propietario de un recurso cuando cede a un tercero el derecho de explotarlo. Por supuesto que las regalías no deben fijarse arbitrariamente para que no se conviertan en un impuesto encubierto. Hay seguramente un estándar en el mercado porque existen compañías que extraen minerales de yacimientos que no les pertenecen.
No hay, en resumen, una buena razón económica para gravar a la minería de una manera distinta a como se grava a las demás actividades económicas. Por eso, la nueva ley de minería debería dejar las cuestiones tributarias a las leyes generales sobre la materia.
Cada vez que algo parece no funcionar en nuestro país los peruanos recurrimos a leyes de fachada y pronunciamientos de apaciguamiento para enfriar la incontinencia, así estas no ofrezcan ninguna solución ni remedio inmediato.
No solamente eso, sino que, además, algunos grupos meten su cuchara y exigen una solución a medida, amenazando con convocar protestas “pacíficas” si es que sus exigencias no son atendidas perentoriamente, como si el Universo girara en torno a ellos.
Y de pronto, en medio del bullicio, una suerte de entropía se instaura: todos piden, reclaman y hasta redactan sus propios proyectos de ley para que las autoridades competentes las revisen, sin modificar ni una sola coma o punto.
Esto es lo que ocurrió con el anuncio de la nueva Ley General de Minería, que no solamente se cocina en el Ejecutivo, también en la sede de varios patronatos, en la Mancomunidad del Sur y, por supuesto, en los sindicatos.
Como no podía ser de otra manera, los presidentes regionales del sur han estado ocupados redactando un anteproyecto de la Ley de Minería. Y la propuesta que se llevó la palma no fue nada menos que, ¡la creación de una empresa minera estatal! En el Perú la memoria es frágil y estamos condenados a repetir los mismos errores.
Lo que ocurre aquí es una confrontación de agendas. La derecha liberal en el Perú está abierta a insertar modificaciones que aseguren la protección de poblaciones vulnerables de la actividad minera, pero no a claudicar ante grupos ideologizados de izquierda cuyo único objetivo es el de erradicar, protesta a protesta, el modelo económico imperante que tantos beneficios nos ha dado.
Sí, seamos inmisericordes con empresas corruptas y abusivas. Sí, no hagamos leyes tampoco a medida de multinacionales o grupos empresariales. Pero no nos dejemos engañar por algunos actores políticos que utilizan las mentiras y la violencia para promover sus agendas. Esta ley no cambiará el problema de fondo, solo servirá de parche momentáneo hasta que se presente el próximo filón que explotar por parte de la izquierda radical.
Puede que existan reclamos justificados, ya que la ley actual goza de sus buenos treinta años, lo que la mantiene al margen de los nuevos avances tecnológicos y requisitos ambientales, por lo que ciertamente se le puede considerar desfasada.
Pero una cosa es reconocer y señalar las dolencias y, otra muy diferente, es el rediseño completo de una ley que le ha generado al país ingentes entradas de divisas, rociado de bienestar a comunidades y engrosado el presupuesto estatal para invertir en proyectos sociales.
Lo que quieren personajes como Marco Arana y Cáceres Llica, es bajarse una de las tuercas que facilitan la combustión del motor de nuestro sistema económico. De esa forma irán debilitando poco a poco, el sistema que tanto aborrecen para instaurar el suyo, que no es nada menos que un calco del chavista.
Por lo pronto, parece que el Ejecutivo no modificará las cuestiones relacionadas al régimen tributario, sino que concentrará sus esfuerzos en limar y modificar aquello relacionado con las licencias sociales y de construcción. No obstante, el presidente ha demostrado ser bastante laxo en sus compromisos, y es que en el pasado sus propuestas se han visto cinceladas por grupos exógenos, a base de presión y amenazas.
