ROMÁN LEJTMAN
Lo resolvió Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, ante la incertidumbre electora.
Loretta Preska, la jueza del distrito sur de Manhattan, anunció que suspendió el juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) hasta tanto no se conozca al nuevo gobierno de la Argentina. Preska debe decidir sobre la demanda contra la Argentina e YPF por la expropiación de la petrolera de bandera -en 2012-, durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
La causa fue iniciada por Burford Capital, un estudio global que se especializa en comprar derechos de litigio en grandes causas. Burford Capital exige al Estado Nacional y a YPF un resarcimiento que oscila entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.
Argentina e YPF rechazan las pretensiones de ese fondo buitre y exigen que la presentación judicial radicada en New York se termine de resolver en los tribunales nacionales asentados en la Capital Federal. Para los abogados del Estado y de la empresa mixta de energía no hay ninguna razón para litigar en Manhattan.
La jueza Preska, que sucedió al implacable Thomas Griesa, decidió suspender las actuaciones hasta que se defina la situación electoral en el país. Preska conoce la coyuntura nacional y resolvió aguardar un tiempo prudencial para saber si seguirá negociando con Mauricio Macri o deberá aguardar hasta 2020 para saber la estrategia procesal que ejecutará Alberto Fernández desde la Casa Rosada.
"Ante la realización de las elecciones en la República Argentina, este tribunal aplaza las fechas de información sobre la Moción de Desestimar para la norma de Forum non Conveniens hasta que este más claro que administración tendrá el poder de hablar en nombre de la República", decidió Preska.
Y concluyó: “En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía Inversore y Eton Park Capital Management para presentar documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo de respuesta de la república se extiende hasta el 7 de enero de 2020”.
Antes de esta inesperada resolución de la jueza de New York, la Corte Suprema de Estados Unidos había resuelto que no tenía competencia en este caso y Preska a continuación desestimó un juicio sumario que exigía Burford para acelerar una resolución que le permitiera embolsar millones de dólares con un presunto derecho bursátil que había comprado por migajas.
En este contexto, Preska también ordenó congelar todas las acciones y recursos hasta que decidiera si hace lugar -o no- a los argumentos jurídicos presentados por la Argentina. Esos argumentos apuntan a demostrar que el juicio debe ventilarse en los tribunales radicados en la ciudad de Buenos Aires.
Precisamente, en la doctrina americana que se conoce como forum non conveniens, se acepta la potestad del tribunal de Preska para fallar sobre la cuestión de fondo, si no se lograra convencer al magistrado sobre la conveniencia de hacer justicia en otra jurisdicción. En este caso, en la Argentina.
La decisión de Preska fue sorpresiva, pero tiene lógica jurídica. El 30 de octubre -tres días después de los comicios de primera vuelta-, los fondos buitres que representa Burford Capital tenían que contestar el recurso que había presentado la Argentina para trasladar la causa desde New York a Buenos Aires.
Y puede suceder que Fernández suceda a Macri, y que la posición de Argentina sea diferente al momento de presentar la oposición a la estrategia de Burford Capital.
Entonces Preska, para evitar un embrollo procesal y político, dictó un wait and see hasta saber quién jurará el 10 de diciembre en la Casa Rosada. Están en juego, ni más ni menos, entre 1.500 y 3.000 millones de dólares.
