Para la Fiscalía, hubo irregularidades en cómo los municipios administraron los fondos, y fundamentalmente, en la forma en que se distribuyeron. 

La decisión involucra a varios bonaerenses. Entre ellos a los actuales: Francisco Durañona y Vedia (San Antonio de Areco) Ricardo Miguel Casi (Colón) Héctor Aníbal Olivera (Tordillo), Gustavo Alfredo Walker (Pila) y Oscar Darío Ostoich (Capitán Sarmiento). Además, están los ex: Diana Edith Argüello (Lobería) Jorge Alejandro Eijo (General Belgrano), Francisco Aurelio Iribarren (Florentino Ameghino) Marta Susana Medici (Alberti) Ricardo Néstor Curetti (Patagones) Carlos Marcelo Racciatti (Lezama), y Francisco Virgilio Gutiérrez (Quilmes)

La medida alcanza a 47 alcaldes a nivel nacional y a tres ex jefes de gabinete de Cristina Kirchner: Fernando Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández. Para la Fiscalía, hubo irregularidades en cómo los municipios administraron los fondos, y fundamentalmente, en la forma en que se distribuyeron. Y también involucra a Juan José Mussi, en su rol de ex secretario de Ambiente.

En concreto se trata de los funcionarios procesados por el juez Claudio Bonadio en primera instancia y cuya decisión fue confirmada por la Cámara Federal meses atrás. Se espera por más medidas.

Rívolo inició la investigación a fines de 2016, a partir de una auditoría de la Secretaría de Ambiente en colaboración con la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la Jefatura de Gabinete, en el marco de un proceso de revisión de documentos de la gestión anterior.

En su dictamen, Rívolo dio cuenta de las irregularidades. “Las maniobras ilícitas perpetradas por los funcionarios que gestionaron los fondos asignados a aquel proyecto (un total aproximado de $590.136.927), han incidido directamente en que, habiendo transcurrido más de una década desde la implementación del Programa, el país se encuentre sumamente atrasado en materia de tratamiento de los residuos que generan sus habitantes y que, a grandes rasgos, no se hayan cumplido los principales objetivos fijados en el Proyecto (reducción y valorización de RSU, implementación de la GIRSU, clausura de basurales a cielo abierto, recopilación, procesamiento y difusión de información y comunicación y participación); privando a la ciudadanía de gozar de una mejor calidad de vida en materia ambiental”. 

El juez Bonadío investiga el destino de más de 600 millones de pesos durante la gestión kirchnerista, otorgados a alcaldes y exalcaldes para proyectos de reciclado y de gestión de residuos entre 2013 y 2015.

En julio, la Cámara Federal porteña había confirmado el procesamiento de 47 actuales y exintendentes en el marco de la megacausa que investiga el uso de fondos públicos para obras medioambientales.

En esa instancia, el tribunal de apelación sobreseyó a uno de los jefes comunales y dictó la falta de mérito a otros 15.