Una vez más, el Consejo de Estado se ratifica en su decisión: todavía no se puede hacer fracking en Colombia, y cualquiera que lo haga, está cometiendo una ilegalidad. Esta es la más reciente decisión del alto tribunal, dentro de un debate jurídico del más alto nivel que busca que los magistrados le den el aval a la exploración y explotación de petróleo y gas en el país en yacimientos no convencionales en Colombia. 

Esta nueva determinación del Consejo de Estado se conoce, luego de que el gobierno le pidiera al alto tribunal que suspendiera unas medidas cautelares que decretó en noviembre del año pasado. En ese entonces, el magistrado Ramiro Pazos Guerrero, de la Sección Tercera, concluyó que la autorización en Colombia para el fracking puede acarrear afectaciones al medio ambiente y a la salud humana.

Para el gobierno, que en Colombia se puede emplear este método de extracción de gases y petróleos es de suma trascendencia pues, sin esta técnica, se puede afectar la seguridad energética del país. Además, asegura, no hay evidencias que acrediten que su uso tenga efectos en el cambio climático; que hay suficiente legislación al respecto; y que los efectos del fracking “no producen daños graves e irreversibles”.

Sin embargo, para ambientalistas, la posición del gobierno es contraria a los que investigaciones científicas han demostrado en otros países: que las investigaciones científicas todavía no han descartado que el fracking no representa riesgos para la salud y el medio ambiente. En consecuancia, aseguran los expertos, es mejor prevenir cualquier situación que, a la larga, pueda afectar los suelos y el airte del país. y la vida de sus ciudadanos.

Para el Consejo de Estado, es claro que son numerosos los estudios que prevén que el uso de esta tecnología puede tener un impacto negativo en la preservación del medio ambiente y en la salud humana y que, por lo mismo, varios países han decretado su prohibición, condicionamiento o aplazamiento, hasta no cerciorarse sobre sus verdaderos efectos. Así lo dejó plasmado el alto tribunal en el documento en el que decretó las medidas cautelares y suspendió todas las reglas que le permitían al gobierno hacer fracking. 

Para llegar a esta determinación, tres conjueces de la Sección Tercera estudiaron un proyecto de fallo que planteaba revocar la suspensión del fracking y darle el aval a esta práctica. Sin embargo, la mayoría de los togados no estuvieron de acuerdo con este planteamiento y derrotaron la ponencia. Ahora, el siguiente magistrado en orden alfabético deberá reescribir el documento, pero dejando en firme la suspensión de esta práctica.

En medio de este debate, el pasado 9 de septiembre, la Corporación Podion y la Alianza Colombia Libre de Fracking denunciaron ante el Consejo de Estado que el gobierno y la empresa Drummond estarían incumpliendo la orden del alto tribunal de no utilizar este método de extracción. Así se lo hicieron saber a los magistrados que estudian el caso a través de un incidente de desacato.

De acuerdo con la denuncia de las dos organizaciones, Drummond actualmente se encuentra explotando 15 pozos de gas. Para Luis Enrique Orduz, coordinador del programa socioambiental de la Corporación Podion e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, “con la medida cautelar del Consejo de Estado el Gobierno debió suspender no solo el trámite de licencias, sino también todos los contratos suscritos para yacimientos no convencionales y las licencias otorgadas a la Drummond para explotar gas asociado a mantos de carbón en el departamento del Cesar”.

David Uribe, abogado de la Corporación Podion e integrante de la Alianza, señaló que, pese a “tener conocimiento” de esta actividad por parte de la Drummond, los Ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA ) “han venido desacatando la decisión proferida por el alto tribunal, permitiendo que los proyectos de la multinacional que han utilizado la técnica del fracturamiento hidraúlico, sigan avanzando sin contar con el marco normativo que permita estas operaciones”. 

El desacato es otro de los recursos que tendrá que revisar el Consejo de Estado. Pero, con la decisión de hoy, queda claro que todavía no se puede hacer fracking en el país, mientras no haya una decisión de fondo.

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 Impacto

Este impacto en el mediano plazo se daría porque las reservas de gas del país han disminuido de tal manera, que en diez años se habrán acabado. En consecuencia se debería empezar a importar el combustible, lo que aumentará las tarifas para el usuario final afectando a un importante número de hogares.

"En Colombia hay nueve millones 500 mil hogares que usan gas natural. Eso es más o menos el 70 % de la población y la mayor parte de los usuarios pertenecen a los estratos 1 y 2", afirma Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).

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Por su parte, la ministra de minas y Energía, María Fernanda Suárez, afirmó que es importante mantener la autosuficiencia energética para evitar que el precio del combustible suba de forma significativa.

"El costo del gas en boca de pozo promedio nacional es de 4,5 dólares por millón de BTU y, para la generación eléctrica, nosotros ya estamos importando gas por la planta de Regasificación de Cartagena. El costo del combustible cuesta entre 8 y 10 dolares, osea que el costo del gas importado si puede ser el doble frente al gas nacional", afirmó la funcionaria.

Sin embargo, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), Camilo Sánchez, afirmó que el incremento sería menor al que menciona el Gobierno Nacional.

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"Eso sería sí ya no tuviéramos reservas y en el momento en el que no las tuviéramos tendríamos que traer importado, un porcentaje que no daría un incremento significativo al precio".

Por su parte el presidente de promigas, Erick Flesh, señaló que hay tres alternativas a parte del fracking para asegurar el abastecimiento del combustible en Colombia.

“La explotación offshore toma tiempo, pero seguirá la importación de gas natural líquido que ya es una realidad, además de la opción de Venezuela, que es la más rápida”.

Cifras del sector indican que el desarrollo del fracking podría generar 250 mil nuevos empleos y le aportaría a la economía colombiana alrededor de 20 billones de pesos en regalías e inversión.