NICOLAS CASTILLO
Recientemente, el presidente de Petro-Perú, Carlos Paredes, ha anunciado que evalúa paralizar el funcionamiento del tubo que transporta el petróleo crudo de la Amazonía peruana a la costa, debido las millonarias pérdidas que arroja su operación: alrededor de US$20 millones anuales, otros US$75 millones por modernización y entre US$30 millones y US$40 millones por cada tubo que dañan las comunidades.
Según Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad de Hidrocarburos, a raíz de los que está sucediendo en la selva, hay una consciencia de todos los actores de construir una nueva institucionalidad en la industria extractiva petrolera.
El ejecutivo indicó que “la industria extractiva está entrando en una nueva etapa, dejando de lado que la confrontación apostando por el diálogo y la institucionalidad”.
“Hace más de un año y medio, en la Amazonía se ha venido generando una serie de conflictos sociales entre el Oleoducto, las empresas de hidrocarburos y la población que han llevado a una reducción sustancial en el volumen de producción de crudo. Eso no solo termina afectando el empleo, sino también los ingresos de canon y regalías y por ende, la actividad del oleoducto”, afirmó Cantuarias durante su presentación en el Perú CEO Impact Summit, organizado por RPP y El Dorado Investment.
A decir del ejecutivo, las comunidades representadas por los líderes de las cinco cuencas de la Amazonía han propuesto “un proceso de diálogo institucionalizado”, con la finalidad de cambiar la dinámica de confrontación por la confianza y colaboración y a fin de desarrollar la industria de hidrocarburos en la selva, bajo la premisa de respeto a las comunidades y a los estándares ambientales.
“[Este proceso de diálogo] brindará la licencia social que requieren las empresas para incrementar su producción y que el oleoducto pueda operar y se pueda dar tanto su ampliación como modernización”, dijo.
El ejecutivo manifestó que tanto las empresas del sector como los gremios y líderes de las cinco cuencas de la Amazonía peruana están llevando a cabo un proceso de diálogo, que requiere de la presencia del gobierno central y regional. “Esto es una clara ilustración de que el país quiere institucionalidad para solucionar las diferencias y que la gente está cansada con la protesta”, indicó.
Cantuarias manifestó que las comunidades y la sociedad en general demandan que el diálogo no pase solo por compromisos, sino que se cumplan y esto es algo que las comunidades exigen tanto al sector público como al privado.
“Necesitamos un mecanismo que empodere a las comunidades para que tengan la seguridad de que los compromisos se van a cumplir”, comentó.
De otro lado, la presidenta de la Confiep, María Isabel León, sostuvo en el mismo foro, que se requiere que el Estado transmita confianza para que haya institucionalidad. La ejecutiva indicó que ello pasa porque las entidades estatales cumplan con los plazos fijados por la ley para solucionar los problemas administrativos.
“Se requiere aprender a cumplir los plazos que se establecen en las mismas normas. Para la Confiep el que haya un capítulo asignado al tema de institución en plan de competitividad es muy importante”, concluyó.
