MARITA CHAPPUIS

El Ministro Carlos Oliva ha declarado que cuenta con un buen equipo de abogados para hacer frente a cualquier demanda por Tía María. Señaló que de 20 demandas que se interpusieron al Estado peruano, ganaron 19. No dijo que justamente la que perdió fue la demanda que interpuso una empresa minera, porque le cancelaron la concesión del proyecto Santa Ana. Las circunstancias ahora son más difíciles.

Se trata de una licencia de construcción de un proyecto mucho más grande, con el agravante de audios comprometedores para cualquier juez internacional. Pero el Ministro Oliva también añadió que “económicamente” tampoco el MEF tenía problemas. Este comentario apareció junto a la noticia de bebés que morían por la falta de incubadoras. En resumen, hay dinero para pagar indemnizaciones ocasionadas por arrebatos políticos de caciques regionales pero no para equipar hospitales.

Pero volviendo al tema del juicio y la indemnización: ¿el Ministro Oliva no ha calculado que sería mejor negociar con los agricultores y con la empresa?, si sumamos los honorarios que cobrarán los abogados para litigar un caso difícil en fueros internacionales y por lo menos 8 años, más la indemnización que se tendría que pagar (en julio se ordenó a Pakistan pagar cerca de US$ 6 mil millones por una situación similar) más el retroceso en las inversiones, cualquier estudiante de economía recomendaría construir una presa en el valle, que saldría más económico que el gasto legal y la indemnización. Pero al parecer el Ministro Oliva no cuenta con buenos asesores de temas mineros. Ante la propuesta de la nueva Ley Minera de los gobernadores del sur, ha planteado que las empresas mineras deberán auspiciar un Plan de Desarrollo Regional, que sería aprobado junto con el estudio ambiental.

Nos imaginamos que esta recomendación ha venido de una ONG anti minera, pues en los últimos meses han encontrado este “nicho de negocio” en las alcaldías provinciales y gobiernos regionales.

Estos estudios contemplan una escuela en cada esquina junto a un enorme hospital, miles de kilómetros asfaltados, pastos mejorados, sembríos de todo tipo….pero ni una mina. No importa si el plan no tiene alguna referencia al origen de los fondos para construir tanta maravilla, a éstas ONGs se les ha pagado puntualmente por el “excelente” Plan de Desarrollo presentado.

El ministro al parecer no sabe que en minería existe lo que se denomina “ley” que es el contenido metálico por tonelada. A mayor ley más rentabilidad. Todos los depósitos “world class” peruanos están en explotación hace años (por ejemplo Antamina) y no se han encontrado yacimientos ricos para reemplazarlos. De la lista “Cartera de Proyectos Mineros del MINEM”, la mayoría, por no decir todos tienen leyes medias o bajas. Por lo tanto, las posibilidades que estos inversionistas acepten con entusiasmo esta propuesta del MEF son exiguas.

Además, los inversionistas saben que en el Perú cada vez que surge un conflicto, el gobierno peruano responde con una medida legal que endurece más las condiciones para hacer minería, pero los conflictos siguen. Tambo Grande trajo una nueva legislación de participación ciudadana, Alan García le quitó al MINEM la fiscalización y se creó OEFA; por Conga se le quitaron facultades para revisar EIA; y se creó SENACE. En la última propuesta los gobernadores han pedido que OEFA les entregue la fiscalización.

Como dice Alfredo Bryce, el Perú es un país de muchas leyes pero sin ley.