CLEDIS CANDELARESI

Para contener las tarifas de gas tras los saltos devaluatorios y evitar subas abruptas en las facturas invernales, la Nación asumió una deuda a favor de las empresas del sector que redondea el equivalente a 400 millones de dólares. Una porción menor de estas obligaciones comenzará a honrarse en estos días pero el grueso de la obligación se pagará a partir de octubre, y en gran medida, bajo el próximo gobierno.

La tarifa de gas está dolarizada y, según la revisión que se hizo en abril para el semestre que termina en octubre, cuesta 4,5 dólares la unidad calórica (el millón de BTU), pesificada a un tipo de cambio de 41 pesos por dólar, el que estaba vigente en la segunda quincena de marzo.

Varios meses antes de la crisis desatada por el nuevo mapa político que delineó las PASO, el Gobierno había decidido postergar el próximo ajuste semestral de octubre a diciembre para evitar un salto abrupto en ese precio en el medio de la contienda electoral, determinación de facto que se formalizaría en los próximos días.

Para los productores de gas (primer eslabón de la cadena), esto implica que hoy están cobrando el equivalente a 3 dólares el MBTU, casi un tercio menos de lo previsto en moneda dura, lo que los tiene incómodos. Por el otro lado, hay distribuidoras (tercer eslabón, luego del transporte) con fuertes deudas en dólares que les pidieron más plazo para pagarles el producto porque no pueden cumplir con sus obligaciones bancarias.

El consumidor, protegido por el actual pseudocongelamiento, de todos modos afronta una tarifa proporcionalmente alta para el nivel de ingresos promedio de la economía. Y si se ajustara el mes que viene, como prevé el cronograma legal vigente, tendría que saltar por lo menos un 20% sólo por el tipo de cambio: el gas representa alrededor de la mitad de las facturas. Más las correcciones por precios mayoristas de otros sectores.

El esquema de “congelar” por un semestre el precio del gas fue adoptado después de la crisis que provocó el año pasado la drástica devaluación. Ante la firme resistencia social, el Estado asumió como una carga propia la diferencia cambiaria para evitar el salto tarifario que provocaría su traspaso a las facturas. Así, la deuda actual acumulada entre abril del 2018 y del 2019 es de poco más de 20.000 millones de pesos (alrededor de 350 millones de dólares al tipo de cambio actual).

La propuesta oficial es pagarles a las empresas del sector esta obligación en 30 cuotas mensuales a partir de octubre, ajustada por la tasa pasiva de pizarra del Banco Nación. Si éstas no aceptan, pueden eventualmente acudir a la Justicia.

El segundo de los tres ítems que componen un paquete oficial de compensación a las gasíferas por contener la tarifa para el usuario final se origina porque el último aumento semestral del 27% fue aplicado en tres cuotas a partir de abril y no de una sola vez ese mes. El Gobierno decidió garantizarles a las petroleras el valor pleno de entrada y el Estado asumió como una carga propia esa diferencia. Según estimaciones empresarias oficiosas, esto implicaría para todo el conjunto de proveedoras unos 1.000 millones de pesos (17 millones de dólares), que comenzarían a pagarse en estos días.

El tercer concepto que funda una obligación estatal a favor de las empresas es el diferimiento del 22% en el costo del gas de invierno. Desde julio a octubre los usuarios finales tienen ese descuento en el precio, que luego pagarán como un adicional en el período estival, a partir de diciembre y hasta abril. Fue un recurso para aplanar las facturas evitando una suba demasiado contundente en invierno, cuando el consumo es mayor.

Pero para que todas las empresas de la cadena se avengan a resignar un ingreso presente por un cobro futuro, el Estado decidió compensarlas con una tasa de interés que retribuya esa espera. Aquí se generó otra obligación estatal informalmente calculada por las beneficiarias en alrededor de 2500 millones de pesos (43 millones de dólares).

El esfuerzo fiscal para preservar el capital de trabajo y los ingresos de las empresas no pudo evitar tensiones en el interior de la cadena gasífera. La reciente resolución 488 de la Secretaría de Energía estableció un mecanismo para fijar cómo se repartía aquel “esfuerzo” entre los actores empresarios del rubro, que ya estaban en pleno conflicto, buscando el laudo del Enargas.

A decir de algunas productoras, antes de esa norma que organizó el sistema de descuentos, a partir del 1 de julio las distribuidoras aplicaron el recorte del 22% íntegro al gas que en algunos casos había sido suministrado por sus proveedoras en mayo o abril. Según las petroleras, ese recorte se sumó al de la aplicación gradual del aumento semestral —que se aplicó en tres escalones mensuales (9%, 9% y 10%)—, lo que habría disminuido su remuneración más de un 40%.

“A río revuelto, las distribuidoras suelen aprovechar para poner la mano en el bolsillo”, se lamentaba uno de los principales productores del país, sincerando una puja habitual en este segmento del escenario patronal.

Las empresas del sector tampoco escatiman quejas hacia la administración macrista con la que tienen diálogo permanente y a pesar de los esfuerzos de ésta por no desdolarizar los precios del sector. Finalmente, el actual recurso de mantener fijo durante un semestre el valor del gas provisoriamente pesificado en abril, fue un mecanismo de excepción, después de recomponer en moneda dura generosamente los ingresos de todos los segmentos del rubro.

Pero los lamentos empresarios se limitan a las decisiones que la gestión de Gustavo Lopetegui tiene que tomar apremiado por urgencias fiscales —como limitar la subvención al gas no convencional de Vaca Muerta— o para evitar una resistencia social a los aumentos de tarifas que podrían anularlos por la vía judicial, es decir, a acciones que en última instancia procuran resguardar sus ingresos.

Fuera de esos episodios, las acciones oficiales suelen ser muy contemplativas. Entre otros varios esfuerzos del Tesoro, a la cuenta habría que añadir que desde enero se comenzó a pagar en 30 cuotas mensuales a un núcleo de grandes petroleras 1.558 millones de dólares por el subsidio devengado en el 2017 en el marco del Plan Gas, extinto programa de subsidio a la producción que había diseñado el otrora ministro de Economía y candidato a la gobernación bonaerense, Axel Kicillof.