El viernes 13 de septiembre vence el plazo que la Comisión de Minería y Energía del Senado se dio para el ingreso de indicaciones es al proyecto de Ley de Protección de Glaciares, que a partir de ese momento debiera comenzar su votación. 

Se espera que a esa fecha, el Ejecutivo ya habrá presentado su propuesta de indicaciones a la moción parlamentaria, que por lo señalado públicamente, debieran ir en el sentido de disminuir el ámbito de acción de la legislación protectora de estas reservas de agua dulce.

El proyecto, presentado en julio de 2018 por los senadores Guido Girardi (PPD), Ximena Órdenes (PPD) e Isabel Allende (PS), avanza lentamente luego de ser aprobado en general, y que un proyecto previo, que se tramitó durante 4 años en la Cámara de Diputados, fuera desechado por el actual gobierno al retirarle su apoyo a mediados del año pasado. 

El hito de este mes es solo un paso en el largo camino que aún debe recorrer la iniciativa, que ha recibido artillería pesada del gobierno junto a las grandes empresas y sindicatos mineros, que con múltiples tácticas han obstaculizado por más de una década los 6 proyectos ya presentados para proteger los glaciares del territorio nacional.

El 8 de agosto de este año, en una maratónica jornada, varios actores involucrados -y enfrentados- se vieron las caras. Ese día, en la sede del Congreso en Santiago, ex autoridades del gobierno de Michelle Bachelet, dirigentes de las empresas mineras y de sus trabajadores, y representantes de las comunidades, entregaron su visión en un debate fundamental en el año en que Chile será anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25).

A un lado, cuestionando una vez más una ley especial de protección de glaciares, el Instituto Libertad y Desarrollo, el Ministerio de Minería, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros, la Federación de Trabajadores del Cobre, Codelco y la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería.

En el otro, la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares, cuyos representantes reafirmaron su convicción y la de las comunidades, respecto a la necesidad de una ley especial que efectivamente proteja todos los glaciares y no una que legalice su destrucción.  

También participó la academia, que estableció que la minería es gran responsable de los impactos y la disminución de los glaciares en Chile.

Los que prefieren el statu quo

Fueron los ejecutivos de Codelco los encargados de profundizar en los argumentos por los cuales se oponen a cualquier tipo de regulación. Esto, en sintonía con la visión del gobierno, cuyo ministro de Minería, Baldo Prokurica, ha señalado que “este proyecto, que no solo se refiere a los glaciares blancos, se refiere al ambiente periglaciar y al permafrost, prohíbe cualquier actividad económica”, añadiendo que en estas condiciones, y según información de Cochilco, el país “tendría que dejar de producir el 30% del cobre”.

El presidente ejecutivo de la cuprífera, Nelson Pizarro, recordó que a partir del retiro del proyecto Andina 244, Codelco se comprometió a no intervenir glaciares, mientras que su gerente de Sustentabilidad y Relaciones Institucionales, Jorge Lagos, reiteraba que no se requiere una nueva legislación.

“El Sistema (de Evaluación de Impacto Ambiental) en su ley establece que todo proyecto cercano a un glaciar debe hacer un estudio de impacto ambiental. Creer que el sistema no ha logrado su propósito, hay que mirarlo bien. Es cosa de ver qué ocurrió con Barrick y con el 244, que nos invitó a pensar y repensar la minería en el sector, por tanto el sistema si hace y sí hizo su trabajo” expresó.

La Federación de Trabajadores del Cobre también estuvo presente. Su presidente, Juan Olguín, partió señalando que la postura de la organización es “respaldar la protección de los glaciares”, para acto seguido señalar que “el proyecto de ley sin embargo cuenta con una serie de debilidades y dificultades que particularmente impactarían la División Andina, El Teniente, la industria del litio y empresas privadas como Caserones”.

Agregó que el proyecto de ley como está planteado “afectará a divisiones del norte como División El Salvador y algunas del distrito norte con conceptos como el permafrost y ambientes periglaciares”. El Colegio de Ingenieros siguió la misma línea y, en alguna medida, negó que el retroceso de los glaciares en Chile sea por actividades productivas.  

“En el contexto temporal del largo plazo, marcado por un período geológico de retroceso glaciar, la gran mayoría de los glaciares han experimentado reducciones importantes en sus áreas, desde la segunda mitad del siglo 20. Esto se ha acelerado en décadas recientes, pero no necesariamente está determinado por actividades antrópicas directas o cercanas”, expuso el presidente de la organización, Arturo Gana de Landa.

El profesional añadió que “existe alta incertidumbre en la predicción de la evolución de los glaciares y en la evaluación de los efectos de actividades antrópicas y en las acciones de mitigación efectivas”.  

Ante ello, cuestionó el proyecto de protección de los glaciares, por considerar que este “amplía en exceso el rango de aplicación con definiciones técnicas poco precisas, siendo totalmente restrictivo en cuanto al desarrollo de actividades en glaciares, de todo tipo y en su entorno, consagrando una protección perpetua a dicho sistema lo que es contradictorio con su naturaleza cambiante y en franco retroceso por condiciones climáticas de escala geológica”.

Minería que sí impacta los glaciares

Quienes mayormente viven los impactos de la acción antrópica en los glaciares, particularmente de la minería, son las comunidades que cohabitan en zonas aledañas dependientes de los servicios y funciones ecosistémicas de estos: regulación del clima, agua potable, biodiversidad endémica. Esta mirada y experiencias fue la que llevaron a la Comisión de Medio Ambiente Constanza San Juan y María Jesús Martínez, de la Coordinadora de Territorios en Defensa de los Glaciares.

En la ocasión Martínez cuestionó a sectores productivos que ponen en duda la pertinencia de una Ley de Protección Glaciares: “La discusión se está llevando por la influencia que ha ejercido cierto rubro, en si es necesaria la ley o no, cuando eso ya no es cuestión de debate”.

Y luego, aclaró: “Los glaciares para nosotros, quienes cohabitamos, quienes nos nutrimos permanentemente de los glaciares, estos son los vientres del agua. Es donde nace el agua que llega incluso hasta las ciudades. Solo el 2,5 % del agua del planeta es dulce y de ese 2,5 %, el 75 % está en forma de glaciares”.  

Por ello, indicó, “todos los glaciares, independiente de cómo sean catalogados, son valiosos. Su aporte es invaluable y su entorno es fundamental porque se albergan otras formas de agua”.

Desde la academia, el geólogo del Laboratorio de Investigación de la Criósfera y Aguas de la Universidad de Atacama, Ayon García, dejó en claro que la minería sí impacta y ha impactado los glaciares. Para ello, recurrió al ejemplo del glaciar El Toro, en la comuna de Huasco y al área de operaciones de Barrick Gold por Pascua Lama.

“Claramente, en un inicio hay un tema de cambio climático que fue reduciendo los glaciares, pero luego comenzaron a pasar caminos por encima y finalmente el glaciar fue reducido a un espacio muy pequeño” informó.  

En conclusión, “hay una tendencia climática que está reduciendo los glaciares pero si intervenimos obviamente se van a reducir mucho más rápido, no solo en la región de Atacama”, por tanto, “realmente es muy preocupante realizar intervenciones en estos cuerpos considerando el cambio climático al que estamos enfrentándonos”.

Por último, en el ámbito político, el ex ministro Pablo Badenier apuntó a la decisión del gobierno que el 21 de agosto de 2018 retiró su respaldo al proyecto de protección de glaciares que en ese momento llevaba ya 4 años de tramitación: “A mi juicio un error importante desde el punto de vista político y probablemente también desde el punto de vista estratégico, perdiéndose bastante discusión del proyecto de ley que ya había votado la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”.

Ahora, pasada la semana distrital del 26 al 30 de agosto, debiera comenzar la votación de las indicaciones presentadas al proyecto, entre las cuales se incluyen las de los senadores David Sandoval (UDI), Luz Eliana Ebensperguer (UDI) y Rafael Prohens (RN). Este último fue uno de los autores originales de la iniciativa, pero al igual que su correligionario Manuel José Ossandón, en agosto de 2018, a solicitud del gobierno, retiró su firma del proyecto.  

Luego de ser zanjada, la iniciativa será revisada por la Comisión de Medio Ambiente.

Integran la Comisión de Minería y Energía del Senado, su presidente Álvaro Elizalde (PS), además de Alejandro García Huidobro (UDI), Alejandro Guillier (IND), Rafael Prohens (RN) y Yasna Provoste (DC).