NICOLAS CASTILLO
Petro-Perú evalúa la posibilidad de suspender el funcionamiento del Oleoducto Norperuano –que transporta el petróleo crudo de la Amazonía hacia la costa–, porque según su presidente ejecutivo, Carlos Paredes, la petrolera estatal “no puede seguir invirtiendo la cantidad que invierte en el oleoducto, en las condiciones de estos últimos años”.
Paredes incluso ha llegado afirmar que dejar de producir petróleo en la Amazonía “también es una opción” para enfrentar las pérdidas generadas por el ducto, aunque ha precisado que su gestión no promoverá esta alternativa. El funcionario manifestó su desazón con la operación, luego hacer públicas las medidas que baraja para “corregir las demoras y sobrecostos” en la modernización de la refinería de Talara, que han llevado a “sobreendeudar” a la estatal.
erdo con Petro-Perú, la operación del oleoducto pierde, en promedio, US$20 millones al año en la última década, US$70 millones anuales en su modernización, así como entre US$30 millones y US$40 millones en la reparación de los cortes en los tubos, ocasionados por los habitantes de la zona.
Pese a la situación que atraviesa el oleoducto, hace menos de un mes, el Congreso aprobó la Ley 30993, que “Declara de interés nacional la elaboración y ejecución del proyecto de afianzamiento y modernización del Oleoducto Norperuano”. Según el Congreso, la iniciativa “no genera gastos al erario nacional”.
Si bien el proyecto recibió la oposición del Ministerio de Energía y Minas (Minem), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Osinergmin, en ningún caso el Minem ni el MEF dieron como argumento el problema de salud financiera que afronta el oleoducto, ni cuestionaron de dónde saldrían los recursos para llevar a cabo un proyecto de ese tipo.
La opinión de la petrolera estatal también fue solicitada para esta iniciativa. Petro-Perú sugirió la incorporación de dos artículos; uno de regulación tarifaria y otro de asignación de recursos para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas garanticen la seguridad del ducto.
En tanto, Osinergmin sí demandó que el proyecto precise la fuente de financiamiento para la inversión requerida para una eventual modernización del oleoducto.
Según la autógrafa de la ley aprobada, el Parlamento reconoció que la iniciativa tenía opiniones desfavorables, sin embargo, indicó que centró su interés “en la pretensión de llamar la atención sobre la importancia y urgencia de elaborar un proyecto de modernización para el ducto”.
La opción que baraja Petro-Perú sobre la suerte del oleoducto genera discrepancias entre los especialistas y autoridades del sector, que en lo que sí coinciden es en los factores que están detrás de las pérdidas del ducto.
“Cerrar el oleoducto sería algo muy drástico”, aseveró Carlos del Solar, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), tras indicar que “si bien es comprensible la posición de Paredes”, se debe hacer un esfuerzo para evitar llegar a esa acción.
“Petro-Perú puede paralizar el oleoducto porque nadie está obligado a trabajar a pérdida”, afirmó a El Comercio otra fuente del sector.
El oleoducto es un tubo que tiene una extensión de 1.106 km –equivalente a 122 veces la longitud de la vía expresa de Paseo de la República–, compuesto por tres ramales que tienen la forma de una ‘i griega’ echada hacia la derecha. La obra tiene 43 años de antigüedad y fue construida para transportar el crudo extraído de la selva norte al terminal de Bayóvar, en Piura.
De acuerdo con el especialista consultado, en la situación que opera el ducto, Petro-Perú está subsidiando a las petroleras que trasportan su producción en los tubos, toda vez que el costo de operación del oleoducto es de alrededor de US$11 por barril, mientras que –según Paredes– la tarifa cobrada es de US$8,6 por barril. Esta última no puede ser incrementada porque a las empresas no les saldría a cuenta.
Según la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), entre el 2011 y junio de este año, las pérdidas de Petro-Perú provenientes de la operación del oleoducto sumaron US$138,3 millones. Durante, este tiempo, el costo promedio operativo anual (costos de ventas y gastos de administración) ha sido equivalente a US$65,5 millones, mientras que los ingresos operativos han estado debajo de ese valor. Entre el 2011 y el 2015, el ingreso promedio llegó a los US$51 millones, mientras que entre el 2016 y el 2018, estos llegaron a apenas un valor promedio de US$39,8 millones.
Para Perúpetro, la autoridad promotora de la inversión en hidrocarburos del país, el Oleoducto Norperuano es un activo estratégico nacional indispensable para viabilizar la producción de petróleo actual y futura de los lotes ubicados en la Cuenca Marañón. Perúpetro reconoce que para que se concreten las inversiones en dichos lotes, se requiere “contar con un oleoducto operativo y confiable, y acelerar la obtención de permisos y licencias”.
Una de las fuentes consultadas afirmó que la falta de certidumbre sobre la operatividad del oleoducto ha sido una de las principales causas por las que se ha trasportado poco volumen de petróleo en dicho ducto. El ejecutivo comentó que esto obedece a que la infraestructura ha sido víctima de gente inescrupulosa, que ha cortado los tubos generando derrames, y que además, no permite que ingrese nadie a la zona para hacer la limpieza de la infraestructura.
“Estamos ante un círculo vicioso. El oleoducto lo rompe un tercero que reclama mayores ingresos por canon y regalías, que dependen de una mayor producción de petróleo. Pero esta producción no llega porque las comunidades no dejan trabajar a las empresas, debido a que paralizan constantemente el ducto y no se toman las medidas para protegerlo”, manifestó la fuente consultada por este Diario.
Según la información de la SMV, desde el 2011 el oleoducto ha sido víctima de alrededor de cinco conexiones clandestinas, así como de 43 daños a la tubería. De ellos, 31 fueron provocados por terceros –un tercio de estos durante el 2016–, nueve por fenómenos geodinámicos y siete por corrosión. Estos siniestros junto a la baja cotización del petróleo afectaron la producción de crudo en la selva y, por ende, el volumen que se transporta por el ducto.
Así, entre el 2011 y el 2015, el oleoducto pasó de transportar, en promedio, 7,8 millones de barriles de petróleo por año a 2,23 millones de barriles anuales, entre el 2016 y el 2018. El volumen de crudo transportado durante los primeros seis meses del año apenas alcanza el millón de barriles.
Sobre la necesidad de acelerar la obtención de permisos y licencias, que es otra problemática identificada por el sector, los especialistas discrepan sobre en quién debe recaer la responsabilidad. Para nuestra primera fuente, la solución contra esta traba depende de Perúpetro. En tanto, para el otro entrevistado, se necesita de una política de Estado que estimule la producción en la selva y que proteja la infraestructura del oleoducto.
De acuerdo con el ránking 2018 de regiones más atractivas para invertir en hidrocarburos del Fraser Institute, el Perú cayó en 19 peldaños para ubicarse en la posición 63 entre 80 países, solo encima de Bolivia, Ecuador y Venezuela, en Latinoamérica.
Perúpetro también indicó que la decisión de suspender la operación del ducto le compete al Ejecutivo. La autoridad dijo que este paso debe tomarse como parte de una evaluación integral sobre “lo que el país quiere hacer con sus recursos petroleros”. Esto, debido a que el sector contribuye con el “desarrollo de la selva, regalías, canon, trabajo, refinería, generación eléctrica en Iquitos, entre otros”.
La entidad manifestó que en la Cuenca Marañón, las reservas probadas y probables de petróleo llegan a los 179 millones de barriles, y existen lotes conrecursos contingentes por 356 millones, en los ya se ha descubierto petróleo.
Además, Perúpetro indicó que si bien modernizar el oleoducto requiere una inversión importante, lo mismo sucede con el pasivo ambiental que generaría su eventual paralización, “por la elaboración de un plan de abandono y su ejecución, y el cierre de la industria nacional de petróleo en la Amazonía”.
Por otra parte, según las fuentes del sector, el cierre del oleoducto generaría conflictos sociales en la Amazonía, toda vez que la población recibe un canon proveniente de la actividad, a la vez que ya Petro-Perú registra casos de conflictos sociales vigentes reportados en la Defensoría del Pueblo, por los derrames del oleoducto.
Por último, cerrar el oleoducto podría ser un final no feliz, según los expertos. Otra fuente del sector consultada por El Comercio, indicó que “sería lamentable construir una refinería de US$5.000 millones para petróleo ecuatoriano en vez de crudo de la Amazonía”, considerando que Ecuador está en una peor posición que nosotros en el ránking de regiones más atractivas para invertir en hidrocarburos del Fraser Institute.
