Los sectores mineros del país se movilizaron hasta la Corte Constitucional. Con un plantón expusieron su posición en contra de las consultas populares para definir si se pueden realizar o no actividades mineras en determinados territorios.
La Cámara de Minería del Ecuador, representantes de pequeños mineros, comuneros del Azuay y Loja; además de estudiantes y trabajadores, se mostraron en contra de la consulta popular que impulsa el prefecto de Azuay, Yaku Pérez para declarar libre de minería metálica a esa provincia. Guillermo Godoy, vicepresidente de la Cámara de Pequeña Minería del Ecuador, manifestó que su objetivo es que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de las consultas populares en temas mineros
Godoy señaló que han presentando cuatro amicus curiae para exponer en la audiencia a la que deberá convocar la CC, sus argumentos sobre la minería responsable. Para René Ayala, de la Asociación de Ingenieros Mineros del Ecuador, con esos amicus curiae se busca contrarrestar los pedidos de consulta que ya tramita la Corte. Señaló que es inconstitucional que estos temas se resuelvan con base en la decisión de un cantón o provincia por sobre el interés nacional.
El pedido del prefecto de Azuay está tratado por el juez Agustín Grijalva quien ya avocó conocimiento. El pedido de dictamen previo lo hizo el pasado 30 de julio del 2019. Esta consulta popular busca declarar a la provincia de Azuay libre de minería metálica. Para esto plantearon al CC la siguiente pregunta: "
¿Está usted de acuerdo con la prohibición, sin excepción, de actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles en la provincia del Azuay?".
En la CC también se tramita otro pedido de consulta pero para el cantón de Azuay, Ponce Enríquez. Sin embargo, ese pedido busca que ese cantón se pronuncie a favor de las actividades mineras.
En la Corte Constitucional (CC) se tramitan dos pedidos de dictamen sobre iniciativas para llevar a cabo consultas populares sobre minería. Esta vez, tanto el sector minero como quienes se oponen a esta actividad esperan una resolución de fondo sobre la constitucionalidad de esta vía, para definir si hay o no minería en determinados territorios.
Una iniciativa es la del prefecto del Azuay, Yaku Pérez. Su fin es que los habitantes de esa provincia se pronuncien sobre el desarrollo de minería metálica en fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos, humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles. La otra propuesta es la de Baldor Bermeo, alcalde del cantón Ponce Enríquez, de la provincia austral.
Pero esta consulta busca que no se limite esta actividad. Pérez manifestó que, en caso de que la CC no dé paso a su pedido, impulsará una consulta nacional y una enmienda constitucional para ampliar los territorios en los que se impida la minería metálica. La posición de impulsar una consulta nacional del tema es apoyado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Una de las resoluciones de la asamblea nacional de esa organización, del 23 de agosto pasado, fue: “Trabajar en minga para la realización de consultas populares en los territorios y garantizar que los recursos no renovables se queden bajo tierra”.
Los sectores mineros del país no concuerdan con esa visión y ayer se movilizaron hacia la CC para exhortar a sus jueces a emitir un pronunciamiento sobre este mecanismo, para no dar paso a la minería. Después de salir desde el parque
El Arbolito, en el norte de Quito, llegaron a la CC en donde presentaron un amicus curiae para ser parte de la causa presentada por Pérez. René Ayala, de la Asociación de Ingenieros Mineros del Ecuador, manifestó que con ese pedido se busca contrarrestar las peticiones de consulta que ya tramita la Corte. El Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, mediante una respuesta escrita, señaló que “la solicitud de consulta es un derecho constitucional del pueblo, al igual que el derecho a la participación. No obstante, el mismo debe ser ejercido con responsabilidad y midiendo las consecuencias que dejarían estas decisiones para el país”.
El ministro de Ambiente, Raúl Ledesma, señaló que el Gobierno respetará el pronunciamiento de la CC. Sin embargo, dijo que espera que en caso de que no se dé paso al pedido, Pérez también acepte la decisión del máximo órgano de interpretación constitucional. La Cámara de la Minería argumenta que las consultas deben circunscribirse a asuntos de competencia de su jurisdicción. Mediante un comunicado señaló que “es inconstitucional que se realice a nivel local sobre un asunto de interés nacional como la minería”.
Para el constitucionalista Jorge Benavides, el manejo de los recursos naturales es competencia del Ejecutivo. Entonces, lo que se discute es si cualquier Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) es competente para convocar a una consulta popular sobre estos temas. “La CC tendrá que ayudar a definir en este tipo de consultas qué se entiende por interés nacional y local”. Los antecedentes de las consultas sobre actividad minera 24 de marzo del 2019
En el cantón Girón se realizó la consulta popular sobre el futuro de las actividades mineras en esa jurisdicción. De acuerdo con el CNE ganó el no con el 86,7%. 20 de junio del 2019
La Corte Constitucional archiva el pedido de consulta minera en cuatro cantones de Carchi y de Imbabura. No se pronunció sobre la factibilidad de este mecanismo.
27 de agosto del 2019
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, informa que la CC avocó conocimiento sobre su pedido de consulta. El caso recayó en el juez constitucional Agustín Grijalva.
3 de septiembre del 2019
Los representantes de los mineros en el país se movilizan para pedir que no se dé paso a la consulta. Presentan amicus curiae para ser parte del proceso en la Corte.
24 de marzo del 2019
En el cantón Girón se realizó la consulta popular sobre el futuro de las actividades mineras en esa jurisdicción. De acuerdo con el CNE ganó el no con el 86,7%.
20 de junio del 2019
La Corte Constitucional archiva el pedido de consulta minera en cuatro cantones de Carchi y de Imbabura. No se pronunció sobre la factibilidad de este mecanismo.
27 de agosto del 2019
El prefecto de Azuay, Yaku Pérez, informa que la CC avocó conocimiento sobre su pedido de consulta. El caso recayó en el juez constitucional Agustín Grijalva.
3 de septiembre del 2019
Los representantes de los mineros en el país se movilizan para pedir que no se dé paso a la consulta. Presentan amicus curiae para ser parte del proceso en la Corte.
