LUCIA SALINAS

Hay 29 procesados entre empresarios y kirchneristas. Fue el primer gran escándalo de corrupción durante la presidencia de Kirchner.

En una medida histórica, el fiscal Carlos Stornelli pidió que Julio De Vido, José López y otros 29 imputados vayan a juicio oral en la causa conocida como Skanska, por los delitos de administración fraudulenta y cohecho. El requerimiento se presentó ante el juez Sebastián Casanello.

La lista incluye al ex gerente de Fideicomisos del Banco Nación, Néstor Ulloa y a ex directivos de la empresa, y se investigaron en esta causa a 23 empresas que intervinieron en la confección de facturas truchas a través de las que se simulaban pagos ilegales. Los directivos de estas compañías sólo fueron procesados por el delito de cohecho como coautores.

El caso empezó a investigarse como un desprendimiento de un expediente de evasión impositiva que tenía el juez en lo penal económico López Biscayart. en el 2005. Cuando pasó al fuero federal, la causa fue cerrada en un trámite polémico por una decisión de la sala I de la cámara federal porteña bajo presiones de los K. Pese a que había un audio en el que directivos de Skanska decían que le había pagado un soborno "al pingüino de acá a la vuelta". Stornelli apeló y en el 2015 la Corte ordenó reabrir la causa y anular sobreseimientos.

Reabierta la causa, el juez Casanello y el fiscal Stornelli investigaron la hipótesis de que Skanska habrían pagado sobornos a los funcionarios públicos. "Dádivas ilegítimas justificando dichas erogaciones mediante facturas apócrifas" que fueron compradas a la empresa Infinity Group SA, "con la finalidad de beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".

El caso Skanska se trata de la primera causa por corrupción que tuvo el gobierno kirchnerista. En la causa se investigó el pago de comisiones indebidas y sobreprecios en el marco de las contrataciones de la ampliación del gasoducto 2005. La obra fue adjudicada a la firma Skanska y las acusaciones resueltas por el juez Casanello, recaen también sobre el ex secretario de Obras Pública, José López, también preso en otro expediente.

​La causa investiga el Proyecto de Ampliación de Gas 2005 de los gasoductos en el sistema norte (licenciataria TGN) y en el sistema sur (licenciataria TGS), y una serie de obras complementarias, todo financiado por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomisos.

Después de un informe de auditoría sobre Skanska, el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, incluyó la hipótesis de soborno, según la cual la empresa "le habría entregado dádivas ilegítimas a funcionarios públicos", justificando dichas erogaciones mediante facturas falsas "compradas a Infinity Group SA".

La finalidad de la maniobra, según el expediente, era "beneficiar a la referida empresa en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur".

En este contexto, el juez Casanello al procesarlos consignó que la licitación pública que debía realizarse como "procedimiento regular de contratación no se realizó" y por el contrario, "se modificó por un concurso privado, al cual se invitaron a unas pocas empresas".

Así, tal como sostuvo el fiscal, el procedimiento de contratación fue un "punto significativo" a partir del cual se dio lugar "a los sobreprecios de las obras". Así, la diferencia entre los precios presupuestados para las obras y lo pagado por todas las obras del Proyecto, se estiman ascendieron a 185 millones de pesos. Aunque las obras que se incluían en los tres contratos que obtuvo Skanska tienen un ingreso estimado en 82 millones de pesos.

Los sobornos detectados en las maniobras bajo investigación, en función del egreso que se "acreditó de la empresa", rondarían los 14 millones de pesos.

En su requerimiento, Stornelli sostuvo que De Vido "entre noviembre de 2004 y abril de 2006 recibió dinero, en su carácter de titular del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, por parte de directivos del grupo económico Skanska". A cambio de ello, y como contraprestación, De Vido "intervino en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado “Proyecto de Expansión de Gas 2005” (vinculado a la realización de obras de las firmas Transportadora de Gas del Norte y Transportadora de Gas del Sur), mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska S.A, pese a la existencia de desvíos presupuestarios".

En esa línea "se corroboró que percibió pagos instrumentados por Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba, quienes extrajeron trece millones novecientes cuarenta y nueve mil ochocoentos veintinueve pesos con ochenta y siete centavos ($13.949.829,87) de la la filial argentina de la multinacional sueca, con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo; entre los que se encontraban, al menos, Julio Miguel De Vido, José Francisco López y Néstor Alberto Ulloa."

Según consta en el expediente, las irregulares contrataciones y los "ilegítimos sobreprecios presuntamente acordados" constituirían la "contracara de sobornos que ingresaban al patrimonio de los funcionarios". En este punto, recordó que José López está procesado por enriquecimiento ilícito y preso por dicho expediente que lleva el juez Daniel Rafecas.

La Justicia determinó que hubo marcada evidencia sobre "operaciones de facturación apócrifa". Esta usina de facturación falsa donde participaron 23 empresas, era designada por el “cliente” y el representante de la empresa que documentaba la "provisión de servicios inexistentes, reportaba directamente a un funcionario público".

Así, entendiendo que los procesos de licitación advertían sobreprecios de obra que estaban "por encima de los valores de referencia", más las manifestaciones del apoderado de la empresa sobre la facturación falsa y el "marco reglamentario determinado para hacer posible las contrataciones cuestionadas, apuntan a las más altas esferas del ex Ministerio de Planificación".

En el escenario de los sucesos, Julio De Vido, como máxima autoridad del ex Ministerio "diseñó un esquema jurídico de delegación de funciones" que le permitió "a la par de licuar su responsabilidad", determinar a través de sus dependientes directos: Secretaría de Energía, Secretaría de Obras Públicas (José Francisco López) y ENARGAS, "las maniobras para direccionar la adjudicación de las obras a Skanska y a las otras empresas Por estos motivos el fiscal Stornelli pidió que los acusados sean enviados a juicio oral.