Miguel Román, presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, señaló que se formará una mesa de trabajo para abordar las posibles modificaciones a la Ley de Minería.
Tras definirse las nuevas mesas directivas de las comisiones del Congreso para el periodo 2019 - 2020; la de Energía y Minas ya tiene una agenda que busca poner en marcha. El presidente de dicha comisión, el congresista Miguel Román, señaló que se priorizarán dos proyectos para su debate: la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (que ya se encuentra en el Congreso) y la nueva Ley General de Minería (que aún no es enviada al Parlamento).
Después que en noviembre del 2017 el Gobierno presentara un proyecto de ley (N°2145) para la promoción de la industria de hidrocarburos (al que se sumaron las iniciativas N° 1525 y 0098), el Congreso agregó diversas modificaciones al texto original, cambios que fueron objetados por parte de los ministerios de Economía y del Ambiente. En medio de esas objeciones, se aprobaron dos dictámenes -mayoría y minoría- que esperaban ser debatidos en el pleno; sin embargo, en noviembre del año pasado, se optó por devolverlos a comisión.
El congresista indicó que tras esta situación, se retomará el debate, considerando que ahora ya existe un texto que sí tiene consenso dentro del Ejecutivo. Además, consideró que también existe un acuerdo entre los mismos parlamentarios en torno a esta iniciativa.
“Pienso que sí hay consenso en la comisión. Los miembros de la comisión ya han estado antes, conocen el tema, saben que lo hemos tratado en varias oportunidades (...)”, dijo a Gestión. Como se recuerda, uno de los principales cambios que traería la nueva ley es un cambio en las regalías. En marzo pasado (Gestión 21.03.2019), el ministro del sector, Francisco Ísmodes, explicó que el texto consensuado establece, por ejemplo, que si bien Perupetro puede revisar las regalías acordadas en los contratos, también se pueden definir regalías distintas para producción incremental.
Cabe recordar que en marzo pasado, el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, expuso ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso el texto consensuado en el Ejecutivo de la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Según explicó en ese momento, las mejoras absuelven, principalmente las observaciones que los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), Cultura (MINCUL) y Ambiente (MINAM) realizaron al dictamen en mayoría que fue aprobado en la Comisión.
Asimismo, se ha precisado que la prórroga de 20 años para los contratos de los lotes petroleros está sujeta a un compromiso de inversiones adicionales y a un informe de las actividades realizadas en el área de concesión. Además, se evaluará el cumplimiento de las obligaciones ambientales (a cargo del OEFA) y el de las obligaciones de seguridad (Osinergmin). “No hay una prórroga inmediata”, resaltó el ministro.
Aunque aclaró que ese beneficio no aplica para el Lote 192 (Loreto), operado por Frontera Energy, que tiene un contrato de servicios que vence en setiembre de este año, pues ese lote será otorgado a Petroperú, que deberá buscar un socio estratégico que realice la inversión necesaria para la operación.
De otro lado, el ministro dijo que se prevé la creación de un fondo social para los nuevos contratos y las prórrogas. Asimismo, explicó que la aprobación y modificaciones a los contratos de licencia y/o servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos (upstream) serán aprobados por Decretos Supremos (DS) refrendados por el MEF y el MEM. “Había preocupación de que los contratos pudieran ser aprobados simplemente por Perupetro”, comentó.
De igual forma, detalló que si se produce la cesión de un lote, el nuevo operador asumirá todas las responsabilidades del anterior, incluyendo las obligaciones de abandono (remediación de pasivos ambientales), publicó La República.
Después de que el Ejecutivo y los gobernadores de la macro-región sur señalaran que la Ley General de Minería necesita ser revisada por su antigüedad, cada uno buscará enviar un proyecto de ley en esta línea. Al respecto, el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Parlamento señaló que se encuentran a la espera de ambas iniciativas.
Estas se sumarán a los cerca de seis proyectos legislativos que se encuentran en la comisión. Además, se formará un grupo de trabajo que les permita abordar mejor el tema. “Mesas de trabajo donde involucremos a todos los actores del tema, a la gente que conozca de esto, expertos que puedan darnos luces sobre los cambios que realmente son necesarios”, remarcó. Román señaló que será importante, por ejemplo, revisar el tema vinculado a las conceciones, publicó Gestión.
De acuerdo al director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pablo de la Flor, es clave que se trabaje en la simplificación administrativa minera para que los procedimientos que en la actualidad vienen demorando puedan verse liberados.
Asimismo, espera que en la nueva Ley de Minería se tengan en consideración una serie de temas que se han ido trabajando en las mesas ejecutivas lideradas por el MEF con la SNMPE.
"En el seno de las mismas se han identificado 16 temas prioritarios que se han ido abordando y sería bueno que puedan abordarse de manera puntual en la norma", añadió.
Anteriormente, la SNMPE había indicado que se establecieron tres mesas (minería, eléctrica, y de hidrocarburos), y una mesa transversal que ve los temas de interés de los tres sectores. En la mesa minera, dijo, se está discutiendo el tema de cabecera de cuenca; así como se evalúan temas de carácter regulatorio para darle mayor agilidad a los trámites y las inversiones que afectan a las empresas.
Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) el “estatismo quiere ser revivido en el Perú por algunos gobernadores” que a través de su propuesta de nueva Ley General de Minería.
“Quieren impulsar una sobrecarga fiscal sobre todo el sector minero y la creación de una empresa estatal minera, ahuyentando la inversión privada en esta importante industria productiva del país”, indicó el presidente del gremio, Manuel Fumagalli.
En es sentido, consideró que con estas iniciativas los gobernadores de la Mancomunidad de la Macro Región Sur, se destruiría la competitividad de la minería peruana, alejando la inversión privada, generando menores ingresos para el país y mayor pobreza.
El presidente de la SNMPE expresó su preocupación de que hoy se quiera volver al pasado, promoviendo la creación de una empresa pública minera y que se pretenda destinar los fondos del erario nacional para ello.
“Los peruanos ya conocemos la nefasta experiencia del estatismo, que en las décadas de los 70 y 80 impulsó empresas públicas ineficientes, quebró la economía nacional y generó una terrible hiperinflación. Mas bien, se deben focalizar los recursos del Estado en mejorar la calidad y cobertura de los servicios básicos de educación, salud y saneamiento, entre otros, en beneficio de todos los peruanos.”, subrayó.
Las propuestas que han hecho públicas este grupo de gobernadores -anotó- resultarían también en una expropiación encubierta, al pretender que el 80% de las utilidades de las empresas se queden en poder del Estado.
Asimismo, advirtió que de prosperar la propuesta llevaría al colapso la exploración minera en el país, pues se eliminaría el régimen de devolución definitiva del Impuesto General a las Ventas (IGV) para esta actividad.
“Esa iniciativa desencadenaría la paralización de la exploración en circunstancias en que ya registra una caída mayor al 50% en los últimos 5 años y de 17% en el primer semestre del 2019. No olvidemos que la exploración es fundamental para encontrar los yacimientos que se convertirán en las minas del futuro.”, comentó.
Otras propuestas planteadas –indicó– consideran la alteración del régimen de concesiones y derechos mineros en el territorio nacional, lo que restaría competitividad al Perú como destino de inversión minera y afectaría la estabilidad jurídica que tiene el país.
De otro lado, denunció que la propuesta debilitaría los mecanismos de fiscalización ambiental, ya que los gobernadores pretenden asumir esa tarea, que actualmente está a cargo de una institución técnica e independiente como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
“Los gobiernos regionales buscan asumir la fiscalización de la gran y mediana minería, cuando ya su capacidad ha sido desbordada en su atención a la pequeña minería y minería artesanal. Con esa iniciativa debilitarían las funciones de la OEFA y ponen en riesgo la supervisión ambiental y el combate contra la extracción ilegal de minerales que tanto daño hace al país”, declaró.
En suma, estamos frente a una propuesta de nueva Ley General de Minería que, lejos de promover la competitividad y el crecimiento de la minería peruana formal que tanto requerimos, provocaría el colapso de esta industria, una de las principales impulsoras de la economía y desarrollo en el país. Esto significaría un duro golpe para el futuro del Perú, puntualizó el presidente de la SNMPE.
La actual Ley General de Minería contempla más de 200 artículos, que contiene un título de garantías y medidas de promoción de la inversión que podría ser modificado, advirtió García.
"Hay beneficios básicos, el régimen tributario, el régimen de estabilidad tributaria, que son garantías fundamentales para el desarrollo de proyectos intensivos en capital", advirtió el socio de EY.
Además, el director ejecutivo de la SNMPE indicó que un tema preocupante es el que la gran minería pueda ser manejada por los gobiernos regionales y locales.
"Es un pedido de los gobernadores, que no tienen necesariamente una actitud favorable al sector, sería un error garrafal modificar la norma para que la gran minería sea materia de pronunciamientos o permisos o autorizaciones de gobiernos regionales y locales. Tratándose de recursos de todos los peruanos, corresponde al gobierno central", indicó, según El Comercio
