El Ejecutivo plantea incentivar el uso de autos eléctricos en sector público. Entre el 2016 y junio del 2019, el Perú ha importado 23 vehículos eléctricos y 436 vehículos híbridos destinados, en su mayoría, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).
No obstante, esta cifra se ubica muy por debajo de otros países como China o Suiza que llevan la delantera en el uso de estos vehículos y que han aplicado diversas 'estrategias' para fomentar su uso: subvenciones del Gobierno, beneficios tributarios, cuotas obligatorias de producción y otros.
Muchos países están transformando sus parques automotores debido a la eficiencia, ahorro en el consumo y respeto al medio ambiente que ofrecen este tipo de vehículos.
El Perú no quiere quedarse atrás, y una de las formas en las que se podría fomentar el uso de estos vehículos es la que propone el parlamentario de Acción Popular Miguel Román, quien el pasado 15 de agosto presentó un proyecto de ley con miras a promover una movilidad sostenible.
Asimismo, este lunes 2 de setiembre, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó un proyecto de ley para que las futuras flotas vehiculares de las entidades del sector público sean renovadas con vehículos eléctricos o híbridos.
Román conversó con El Comercio y explicó que busca fomentar el uso de vehículos eléctricos e híbridos mediante dos caminos. El primero es el otorgamiento de incentivos, financieros y no financieros; y el segundo tiene que ver con los centros de carga.
En el primer caso, propone la creación de una comisión encargada de estudiar y plantear los incentivos, y que estaría conformada por los ministerios de Economía, de Transportes y Comunicaciones, de Energía y Minas, y de Ambiente; así como por el Instituto Nacional de Calidad.
Asimismo, la importación de estos vehículos está exenta del pago del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), pero la venta se grava con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto al Patrimonio Vehicular.
Ellioth Tarazona, gerente técnico normativo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), dijo al respecto que los incentivos financieros de carácter tributario deberían incluir precisamente la exoneración del IGV y del Impuesto al Patrimonio Vehicular, que equivale al 1% del valor comercial del vehículo y se paga en los primeros tres años.
Adicional a ello, los beneficios no financieros "se pueden crear mediante políticas que exoneren a los conductores del 'pico y placa', establezcan estacionamientos preferenciales con cargadores o brinden acceso a zonas restringidas".
En el segundo caso, Román explicó que uno de los principales obstáculos para el ingreso de estos vehículos al mercado peruano, es la falta de centros de cargas o electrolineras[las últimas funcionan de manera similar a una gasolinera].
“El proyecto busca promover la implementación de estaciones de carga que se ubiquen en proyectos de vivienda, edificios empresariales o centros comerciales, ya que es una de las limitaciones que existe”, sostuvo.
Fuente: Statista
Un caso interesante, que podría servir de ejemplo, es el de Uruguay, que ha desarrollado diversos instrumentos para fomentar el transporte eléctrico. Entre los beneficios económicos que otorga está la reducción del impuesto específico interno, la ley de promoción de inversiones, los certificados de eficiencia energética, la exoneración de la tasa global arancelaria.
Para Lino de la Barrera, especialista en temas de transporte, el proyecto es una buena idea y ya existen algunas empresas en el país que usan vehículos eléctricos para transportar a su personal. No obstante, es necesario trazar un camino claro y definir qué se quiere hacer y cómo se quiere renovar el parque automotor.
Fuente: E-Volumes
"No me parece mal que estemos apostando por ello como lo ha hecho Santiago al convertir casi toda la flota del Transantiago en vehículos eléctricos o como lo está haciendo Bogotá con el Transmilenio", agregó.
Roberto Obradovich, socio director de Cambio Consultores, sostuvo que al país le falta establecer las normativas y reglas de juego de los vehículos eléctricos. Situación que se repite en Bolivia y Venezuela.
"Si uno compra un vehículo eléctrico y lo quiere cargar en su casa, se encontrará con un trámite muy engorroso con el distribuidor y no contará con tarifas para estos vehículos", añadió.
Así recomendó como ejemplo el caso ecuatoriano donde se ha desarrollado una tarifa especial y recordó que es necesario priorizar los buses eléctricos y centros de carga masivos que pueden ser atractivos para las distribuidoras de energía en el país. La tecnología está lista pero falta más 'agresividad' para implementarla, puntualizó.
