El 28 de julio, bajo un contexto donde el sur del país se paraliza por las protestas contra el proyecto minero Tía María en el Valle de Tambo (Arequipa), el presidente Martín Vizcarra anunció frente al Pleno del Congreso una Nueva Ley General de Minería.
¿Esta normativa solucionará los conflictos socioambientales? ¿Podría representar un avance? o ¿se trata acaso de más letra muerta?, ¿qué debería incluirse en la propuesta anunciada durante el discurso presidencial? Para dar algunas luces, Wayka conversó con tres especialistas en el tema.
Pese a que aún no se conocen los detalles de la Nueva Ley General de Minería, el economista investigador en gestión ambiental, minería y conflictos socioambientales de Red Muqui, Juan Aste Daffós, espera que se incluyan puntos relevantes como la conservación de las fuentes de agua y la biodiversidad.
“No existen normas que garanticen la protección de las cabeceras de cuenca. La expansión minera está afectando aguas subterráneas y superficiales. Hemos preguntado a la Autoridad Nacional del Agua sobre el inventario de fuentes de agua y no tienen. Reciben lo que las empresas le entregan en sus Estudios de Impacto Ambiental. O sea, las mineras le informan a la ANA, no tienen un mapeo completo por cuencas”, cuestiona Juan Aste de Red Muqui.
Lo mismo apunta el economista José de Echave, investigador de CooperAcción y ex viceministro del Ministerio del Ambiente, sobre la ausencia de un registro de fuentes de agua del país. “Hay un vacío de información sobre lo que ocurre en nuestras cuencas. Y por otro lado, están las licencias del uso de aguas, que en el caso de algunas mineras tienen licencias vitalicias”, agrega de Echave para Wayka.
Otro de los de los pendientes que arrastra el Estado y el sector minero son los más de nueve mil pasivos ambientales que se han regado por todo el país luego de la extracción de minerales.
“Muchos de los pasivos ambientales mineros no son tratados, no tienen dueño y el Estado tampoco los asume plenamente. Yo esperaría que una nueva ley de minería trate de saldar esta cuenta pendiente que tenemos del supuesto pasado de la minería pero que sigue ocurriendo”, precisa de Echave.
En su artículo publicado en la última edición del semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, de Echave describe a los pasivos ambientales como operaciones mineras -en su mayoría- abandonadas con desechos tóxicos cargados de rocas molidas, agua y metales pesados como plomo, mercurio, arsénico y otras sustancias usadas para el proceso minero.
Otro de los puntos mencionados por los especialistas es la consulta previa en los procesos de entrega de concesiones mineras a las empresas. Para el abogado del Instituto de Defensa Legal especialista en la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, Juan Carlos Ruiz, la ausencia de la consulta previa ha desatado significativos conflictos sociales.
«¿Qué pasaría si el Estado un día entrega una concesión minera a una empresa sobre los recursos que hay debajo de tu casa? Se entregan concesiones y dentro del procedimiento no notificaban a la comunidad. Simplemente sacan un aviso en el periódico que tiene una circulación urbana y en castellano. Eso es entregar concesiones mineras a espaldas de las comunidades», explica Juan Carlos Ruiz a este portal.
Como se recuerda, el conflicto social desatado en 2011 en Puno, conocido también como el ‘Aymarazo’, tuvo a más de 9 mil comuneros de la región marchando contra el proyecto minero Santa Ana, de la empresa Bear Creek, cuya concesión fue otorgada por el entonces presidente Alan García, sin cumplirse la consulta previa con las comunidades indígenas aymaras.
