SANTIAGO SPALTRO
Cambia el foco del sector energético: de las licitaciones a las preguntas por juicios. Postergaron la fecha de presentación de ofertas para el nuevo gasoducto y financiar un proyecto cuesta más de 22% en dólares.
Los estudios de abogados que hasta hace tres semanas estaban desbordados de trabajo con las cuestiones legales de licitaciones y contratos para la inversión en Vaca Muerta ahora empiezan a recibir consultas y ofrecerservicios preventivos a clientes sobre derechos y garantías de sus negocios en Argentina
La idea de última de las empresas es recurrir a tribunales internacionales para resolver diferendos comerciales en caso de ver vulnerados sus intereses, como sucedía en tiempos no muy lejanos. Apenas a inicios de este mes, esa posibilidad era impensada; hoy ya está en la mira. Ocurrió después del congelamiento de precios del petróleo crudo y los combustibles líquidos como naftas y gasoil a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 566/2019, medida del Gobierno que recordó los tiempos más proclives al intervencionismo del kirchnerismo, tan temido porlas empresas delsector.
En su afán de cuidar a la población de los efectos de la devaluación inmediatamente posterior a las elecciones PASO, el Gobierno intervino el mercado petrolero y arrojó un manto de incertidumbre sobre el futuro de Vaca Muerta, la estrella que promete ser el paraíso exportador en los próximos años
.Según supo El Cronista, petroleras extranjeras preguntaron sobre la viabilidad de recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), mientras que las compañías locales inquirieron sobre la supuesta inconstitucionalidad del DNU. Aunque por el momento descartan la ruptura de relaciones que sería ir al CIADI, dada la transitoriedad de la medida (90 días), la carta ya está sobre la mesa.
En este escenario, la inversión energética está planchada. El proyecto más importante, que es la construcción de un nuevo gasoducto y la operación de la licencia de Transportadora de Gas del Centro (TGC) está informalmente suspendido, a la espera de la asunción de un nuevo Gobierno. Según comentaron desde una compañía delsector, la Secretaría de Energía postergó hasta noviembre la presentación de ofertas, originalmente fechada para el 11 de septiembre.
En el medio, las elecciones generales del 27 de octubre conrmarían a Alberto Fernández como nuevo Presidente (excepto que se necesite una segunda vuelta, algo que luce muy improbable) y el Frente de Todos podría otorgar mayores certezas sobre la política energética venidera. Al momento de presentarla oferta para la construcción del gasoducto, que costaría en su primera etapa unos u$s 800 millones, el interesado también debe constituir una garantía de u$s 8 millones. "Nadie la va a desembolsar si creen que va a haber un cambio en las reglas de juego", aseguran en elsector.
El riesgo político y el miedo que tienen algunas empresas a una nueva etapa de intervencionismo estatal es crucial. YPF anunció que perderá entre u$s 300 millones y u$s 360 millones y recortará gastos de capital en los próximos 3 meses y Vista Oil & Gas se presentó en el fuero Contencioso Administrativo de la Justicia, mientras su acción en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos (NYSE) cayó un 40% a exactamente un mes de que empezara a cotizar. Asimismo, Pan American Energy (PAE) manifestó problemas en sus operaciones petroleras en Chubut, por el conicto del gobierno provincial con el pago de los salarios de los empleados estatales, que mantienen las rutas cortadas. El ex secretario de Energía Jorge Lapeña criticó seriamente a las petroleras que amenazan con parar operaciones y las conminó a mostrar sus costos.
.De todas formas, existe algo más tangible que imposibilita ahora las inversiones de gran magnitud: el elevado riesgo país de la Argentina, que superó ayer los 2000 puntos básicos. Para nanciar cualquierinversión en el país, una empresa debería pagar una tasa mayor al 22% anual en dólares. Así las cosas, las inversiones en energías renovables, proyectos que necesitan de ingentes sumas de capital (y nanciación) en el principio y pocos recursos para el mantenimiento a largo plazo, también están frenadas.
El subsecretario de Energías Renovables y Eciencia Energética, Sebastián Kind, armó: "Tener 2000 puntos de riesgo país hace imposible nanciar cualquier proyecto. Impacta en toda la economía". La reciente ronda 3 (Mini-Ren), adujo, avanzará y pronto se rmarán los contratos de abastecimiento de energía eléctrica (PPA) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), porque se adjudicaron proyectos de pequeña escala con equity (nanciamiento con capital propio).
La ronda 4, en cambio, que el Gobierno planeaba para n de año, está virtualmente suspendida, lo mismo que los proyectos de Participación Público-Privada (PPP) para tender unos 3000 nuevos kilómetros de líneas de transmisión eléctrica en todo el país.
El senador de la Nación y candidato del MPN a renovar su banca en octubre, Guillermo Pereyra, presentó en la Cámara Alta un proyecto de ley que deroga el Decreto de Necesidad y Urgencia N°566/19 firmado por el presidente de la Nación, Mauricio Macri; que impuso de manera inconsulta el dólar petrolero en 45,19 pesos y el barril de referencia del Brent en 59 dólares para congelar el precio de los combustibles “porque atenta directamente contra las economías provinciales y contra el sector trabajador vinculado directa e indirectamente con la industria hidrocarburífera”.
Según los fundamentos, el DNU “lisa y llanamente atenta contra el federalismo y la autonomía provincial. Es una medida inconsulta, sin ningún tipo de consenso por parte de los actores involucrados y ni siquiera se permite esgrimir una propuesta superadora y que logre el mismo fin”.
El senador neuquino dijo compartir el problema de fondo, la necesidad de lograr un congelamiento del precio de los combustibles, y pidió extenderlo al cuadro tarifario del gas y la energía eléctrica domiciliaria; como así también al GNL. En esa línea, recordó que es de su autoría la Ley 27.209 que extendió la rebaja del Impuesto a la Transferencia de los Combustibles a la Patagonia Norte, “pero no de la forma impuesta por el Ejecutivo Nacional, que daña todo lo alcanzado en materia de producción y trabajo en el sector”.
En su proyecto, Pereyra explica que el congelamiento apunta directamente al precio por el cual las provincias productoras de hidrocarburos calculan sus regalías, “es decir un derecho y una ecuación que constitucional y legalmente le es ajena al poder central nacional”.
En este sentido, el senador neuquino considera que la medida atenta contra el artículo 124 de la Constitución Nacional, la Ley N°17.319 de Régimen de Hidrocarburos y la Ley N°26.197 que sustituye el artículo 1 de la anterior. “Como se sabe, las provincias son las titulares del dominio originario, cuya contrapartida clara y directa es la regalía. El Estado Nacional, por medio de este instrumento, interviene en un vínculo en el cual no es parte”, alega y reafirma que “el límite de su ‘discrecionalidad’ se encuentra en la desnaturalización del derecho de los titulares originarios”.
Por otra parte, el senador neuquino consideró que se debe reunir con carácter “urgente” la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tiene competencia para pronunciarse respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para analizar las últimas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional tras los malos resultados obtenidos por el oficialismo en las PASO del 11 de agosto.
Al mismo tiempo, pidió el tratamiento en lo inmediato del proyecto de su autoría, presentado en el mes de marzo, por el cual se exime del Impuesto al Valor Agregado a productos de la canasta básica alimentaria y servicios de gas, energía eléctrica y de provisión de agua para domicilios destinados a vivienda.
El proyecto fue presentado ante el fuerte incremento en la inflación registrado en los primeros meses del año, que afectó en mayor medida a los productos de la canasta básica. Asimismo, el proyecto dispone la excepción del IVA para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor cuando se efectúe para domicilios destinados exclusivamente a vivienda.
