En la cuenca del Copiapó, el caudal del río ha retrocedido a la mitad, mientras que en el Río Aconcagua corre un tercio menos de agua que hace 25 años. Son algunos datos de la actualización del Balance Hídrico Nacional, que concluye que existe una progresiva disminución de la cantidad de precipitaciones y del nivel de los caudales de los ríos de la zona norte y centro del país, desde 1985.
Chile se ha ido secando y cada vez hay menos agua disponible en la zona norte y centro del país. La cantidad de declaratorias de emergencia agrícolapor falta del recurso, vigentes en pleno invierno, como la recientemente entregada para la Región Metropolitana, es una evidencia más de una realidad reconocida por la comunidad científica y las autoridades.
Pero no se sabía con datos objetivos cómo se ha producido este fenómeno en las últimas décadas, ni cómo se han ido secando las distintas regiones del país.
Hasta ahora, cuando la Dirección General de Aguas (DGA), dependiente del Ministerio de Obras Públicas, reveló los resultados del Balance Hídrico Nacional para las zona norte y centro del país, entregando datos precisos sobre la disminución de las precipitaciones y de los caudales superficiales de los ríos en las principales cuencas del país, entre Arica y El Maule, respecto del nivel de agua disponible en el período que va entre 1985 y 1995.
Así es como se descubrió que la cuenca del Río Copiapó es una de las más afectadas por la disminución de sus caudales: mientras entre 1995 y 2005 la disminución de las aguas superficiales alcanzaba el 36% respecto de la década anterior, entre 2005 y 2015 el déficit superaba la mitad.
Pero son los caudales de los ríos Elqui y Aconcagua los que han sufrido la disminución más severa. Mientras el primero bajó 43 puntos porcentuales en la última década respecto de la anterior, la principal cuenca de la V Región registra en hasta un tercio menos de agua superficial que hace dos décadas.
En cuanto a la cantidad de precipitaciones caídas, es también la cuenca del Elqui (Región de Coquimbo) la más afectada, pasando de un superávit del 3% registrado entre 1995 y 2005, respecto de la década anterior, a presentar un déficit de 29% en los últimos años.
En la Región Metropolitana, el caudal del río Maipo ha retrocedido casi un cuarto de su nivel promedio de dos décadas atrás, mientras que en la zona la cantidad de agua lluvia caída ha disminuido en un 19% en este mismo periodo (Ver infografía más abajo).
“Los resultados del Balance Hídrico en las macro zonas norte y central, nos entregan datos concretos que demuestran y cuantifican la disminución de la disponibilidad hídrica en gran parte del país como consecuencia del cambio climático, que ha provocado que la sequía sea estructural en Chile y una situación más permanente que transitoria”, afirma el director de la DGA, Oscar Cristi.
Por su parte, el investigador de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, Pablo Mendoza, quien participa en la elaboración de la actualización del balance, precisa que “la disminución de los caudales es mayor que el de las precipitaciones. Esto se debe a que las cuencas son sistemas hidrológicos muy complejas y sensibles a las alteraciones del clima (…) Su disminución tiene mucho que ver no sólo con menores precipitaciones, sino también con la menor cantidad de nieve que se ha acumulado en la cordillera. Por el momento, el derretimiento paulatino de los glaciares en la montaña ha ayudado a mitigar en algo la falta de nieve y de ahí su importancia”.
En este sentido, Marcela Mella, de la organización No Alto Maipo, afirma que “quienes vivimos en el Cajón vemos como cada vez baja menos agua en el Río Maipo. Este es especial porque no se abastece de las lluvias, sino de las reservas de nieve y cada vez hay menos. Eso, sumado a que el agua está siendo cooptada por la represa y a la extracción de áridos en el lecho del río, va a provocar que la situación sea cada vez más grave”. Y agrega: “la situación es dramática pensando en que cada vez vive más gente en Santiago”.
Desde el ámbito de la investigación y organismos internacionales existe preocupación por esta realidad, pero principalmente por las políticas públicas que se deberían implementar para hacer frente a la sequía.
En opinión de la jefa de Gobernanza y Desarrollo Sostenible del PNUD (Programa para el Desarrollo de Las Naciones Unidas), Paloma Toranzos, “estos resultados ponen en evidencia que existe una disminución muy acelerada de la cantidad de agua disponible y la explicación es que estamos sufriendo los impactos del cambio climático, que está afectando gravemente los recursos naturales disponibles”.
La experta hace hincapié, además, en la importancia de garantizar el acceso al agua para el consumo humano. “En 2010 la ONU declaró el acceso al agua como un derecho humano. La presión que ejerce el aumento de la población mundial y los efectos del cambio climático sobre este recurso obliga a que las normativas y políticas públicas puedan conciliar la demanda de agua de los procesos productivos con la demanda de las comunidades para su consumo”.
El director General de Aguas, Oscar Cristi, señala que existen una serie de iniciativas que pretender mitigar los efectos de la menor disponibilidad de agua en Chile, principalmente de la zona norte y centro.
Entre estos, la elaboración de planes de gestión para las 101 cuencas del paísen el plazo de diez años (actualmente existen en siete de ellas); la regularización de la especulación con los derechos de agua; la aplicación de nueva tecnología para la puesta en marcha del monitoreo de extracción efectiva del recurso; y el cambio de los derechos de aprovechamiento de aguas para que no se sigan entregando de forma gratuita, excepto para usos de agua potable rural y pequeños agricultores.
“Estamos desarrollando una política que permita dar seguridad hídrica y certeza jurídica para que los chilenos tengan acceso a más agua y más segura”, agrega Cristi.
Además, el MOP envió al Congreso el proyecto de Ley de Reforma al Código de Aguas. Según un documento elaborado por la DGA respecto de las principales modificaciones, se explicita que la iniciativa incorpora normas para la gestión de aguas subterráneas y para solucionar el sobre otorgamiento de derechos. Esta también incluiría la creación de reservas para consumo humano y de un nuevo tipo de derecho de agua con fines no extractivos para la conservación ambiental y el turismo.
Asimismo, la reforma establecería la posibilidad de expropiar derechos de agua con fines de conservación ambiental y prohibiría “la constitución de derechos de agua en glaciares, salvo que se trate de las aguas de deshielo”.
Respecto del otorgamiento de derechos de agua a particulares, según la DGA ésta se realizaría solo mediante remate, para que parte del beneficio quede en el Estado. Además, se mantendría “la libre transferibilidad y duración indefinida de los derechos de agua, sin establecer usos específicos predefinidos”.
“Respecto a la normativa legal, necesitamos modernizar el Código de Aguas para que nos sirva en este escenario de sequía. Es necesario que el consumo de agua se limite a los niveles sustentable y esto no se logra alterando la certeza jurídica de los derechos de aguas, sino que a través de información y mediciones para que los usuarios ajusten su consumo”, afirma Oscar Cristi.
Esto es algo resistido por las organizaciones medioambientales. Ezio Costa, director de la ONG FIMA, opina que el proyecto de reforma “en general tiene como punto positivo que se consagre el derecho humano al agua. Pero no se hace cargo de los efectos del cambio climático, ni de la necesaria mantención de agua en las cuencas para proteger el medio ambiente, ni de aquellos que no tienen derechos de agua pero que habitan las cuencas”.
Costa agrega que “la propuesta del gobierno le da más fuerza a la perpetuidad de los derechos de aguas y eso no es aceptable. El agua es un bien común que está en concesión de sus usuarios, que tienen derecho a usarla. Ese derecho debe darles certeza, pero no por su inexpugnabilidad, sino que por la definición de un período de tiempo acotado y bajo el cumplimiento de condiciones mínimas”.
El Balance Hídrico Nacional es una actualización del catastro oficial sobre la disponibilidad del agua en Chile, que maneja la Dirección General de Aguas, para desarrollar los planes de gestión del recurso hídrico. El último disponible data de 1987.
Este catastro se compone del análisis de caudales de ríos y precipitaciones de 101 cuencas del país, separadas en cuatro estudios para las macro zonas norte, centro, sur y austral, de los cuales los primeros dos ya están finalizados. El análisis está a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica, a cargo de la investigadora principal de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la U. de Chile, Ximena Vargas.
Según Alfredo Alvarez, asesor División de Estudios y Planificación de la DGA, “el objetivo de la actualización del balance es entregarnos datos precisos que nos permiten conocer cómo ha cambiado la disponibilidad de agua en los últimos 30 años, cuánta agua existe hoy y también realizar proyecciones a futuro que permitirán elaborar planes atingentes para enfrentar esta situación”.
Los datos del balance para las macro zonas sur y austral deberían completarse a fin de año.
El presidente ejecutivo de Antofagasta plc, Iván Arriagada, dijo que en respuesta a esta situación avanzarán en desaladoras y en mayor eficiencia.
La sequía que se ha acentuado este año en el país tiene preocupada a la industria minera por el abastecimiento de agua que necesitan para sus procesos. Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta plc -minera ligada a la familia Luksic-, se refirió al asunto en conferencia con inversionistas.
En la instancia, Arriagada admitió que la sequía de la zona central se ha convertido en un tema de importancia. “Hemos estado bajo sequía durante varios años y creo que este año, en particular, ha sido bastante seco en términos de suministro de agua. Entonces es un riesgo y un problema”, señaló. En relación con las operaciones de sus faenas en lo que queda de año, el ejecutivo sostuvo que no ven riesgos, porque están “bien cubiertos”.
Sin embargo, el CEO de Antofagasta plc advirtió que si las condiciones climáticas se mantienen, es decir, si continúa la sequía, es obvio que ese riesgo aumenta desde 2020. “Si esto continúa, creo que para la industria, esto puede convertirse en un problema en 2020 y para nosotros también”, agregó.
Dado este escenario, en la minera ligada a la familia Luksic están tomando medidas para enfrentar la sequía. Uno de los principales proyectos para hacer frente al problema es la construcción de una planta desaladora en la mina Los Pelambres. Sin embargo, esta estará operativa en 2021, por lo que en 2020 se acentuaría la falta de agua en la faena, si es que la situación permanece. Además, Arriagada dijo que están muy enfocados en usar el agua de manera eficiente.
“Una de las cosas es que estamos reduciendo la descarga de agua en los relaves en Pelambres, asegurando que aumentemos el porcentaje de sólidos, que ayuda a reciclar más agua. Tenemos esta tecnología de relaves espesados en Centinela y algo de eso podemos aplicar en Pelambres. Por lo tanto, debemos ser más eficientes en el uso del agua y reducir la descarga”, explicó a los inversionistas.
A esto se le suma que se están asegurando de que sus sistemas de agua de entrada y transporte estén administrados en forma óptima, completamente sella y sin fugas. “Estamos gestionando el agua de manera muy consciente con respecto a ser capaz de recircular y reutilizar el mayor porcentaje de agua”, dijo el ejecutivo.
Por último, enfatizó en que si la sequía continúa, “el riesgo comienza a aumentar para nosotros y para todos, pero tenemos la planta desaladora en construcción, que nos da a medio plazo una buena respuesta a eso”.
