FRANCISCA FORNI
El gobierno peruano suspendió la licencia de construcción por 120 días, lo que causó una indignación transversal. El congresista aprista Mauricio Mulder estaría evaluando presentar una moción de vacancia contra el Mandatario.
No solo significaba una inversión de US$ 1.400 millones, sino que también aumentaría el PIB de Perú en 0,4% y consolidaría a ese país como el segundo mayor productor de cobre del mundo. Semanas atrás, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender la licencia de construcción del proyecto minero Tía María por 120 días, luego de que el gobernador regional de Arequipa y algunas organizaciones sociales presentaran recursos de revisión. La misma secretaría de Estado había otorgado el permiso en julio, tras la aprobación del segundo estudio de impacto ambiental.
Tía María es un proyecto ubicado en la provincia de Islay, en la región de Arequipa. Desde el año 2003 la empresa Southern Copper se encarga del plan, que contempla la construcción de dos minas denominadas “Tía María” y “La Tapada” para la obtención de cobre.
Según la última encuesta de El Comercio/Ipsos, el 54% de los peruanos está informado sobre Tía María. De ese porcentaje, un 54% está contra su desarrollo. Así, el Presidente Martín Vizcarra heredó una crisis de lo que en Perú se conoce como “conflictos sociales”. Pero también el propio gobierno estaría dando pasos en falso.
En 2009 se presentó el primer estudio de impacto ambiental, sometido a evaluación por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicio para Proyectos. Pero fue declarado “inadmisible” por el ministro de Energía y Minas de ese entonces, Pedro Sánchez Gamarra.
En agosto de 2014 se aprobó un segundo estudio, determinándose que el proyecto minero no usaría agua dulce del río, sino agua de mar desalinizada. Además, el proyecto utilizaría dos geomembranas, sensores y capas de protección para asegurar que no hubiera impacto en el subsuelo. El informe también señalaba que el proyecto minero no generaría evaporación de ácido sulfúrico, lo que descartaba la posibilidad de lluvias ácidas.
Desde entonces, la iniciativa ha provocado una gran controversia en la sociedad, especialmente en Arequipa. Las protestas en contra del plan han provocado 7 muertes, incluida la de un policía. En 2011, luego de la presentación del primer estudio, se inició una manifestación que terminó con cuatro fallecidos y varios heridos. En 2015 volvieron las protestas, dejando a tres fallecidos y más heridos.
Tras la suspensión de la licencia, la prensa peruana publicó un audio donde se escucha a Vizcarra y autoridades de Arequipa conversando sobre el proyecto y la zona donde se desarrollaron las protestas. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical y todo”, dice el Mandatario en la grabación. Con esto, la popularidad de Vizcarra se ha visto afectada.
“La posición que ha tomado Vizcarra frente al tema sintoniza con el clamor regional, pero se opone a los intereses de las élites empresariales y de los niveles socioeconómicos más altos”, señala Carlos Meléndez, politólogo peruano.
Fernando Rospigliosi, exministro del Interior peruano, cree que las protestas seguirán porque el descontento provocado por Vizcarra es transversal. “El tratamiento que dio al conflicto lo ha hecho quedar mal con todos, empresarios y opositores al proyecto. Los radicales y caudillos oportunistas han visto la debilidad del gobierno y seguirán promoviendo disturbios para sacar provecho político”, indicó.
En medio de esta creciente tensión, el congresista aprista Mauricio Mulder, anunció la posibilidad de presentar una moción de vacancia contra Vizcarra, similar a los procesos iniciados contra su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski.
Sin embargo, la probabilidad de que logren destituir a Vizcarra por este tema es muy baja. “No existen los votos suficientes. La moción de vacancia es una bandera de la oposición más radical, y ni siquiera dentro del APRA tiene el consenso de todo el partido”, señala Meléndez. “Un Congreso con gran desaprobación no puede destituir a un Presidente con alta aprobación, es políticamente inviable”, concluye Rospigliosi.
