La Ley General de Minería, vigente desde 1992, ha registrado impactos positivos en la economía peruana. Un claro ejemplo es el despegue del producto bruto interno (PBI) del sector minero el cual creció en 3,6 veces durante el periodo 1993 a 2018, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.
“En estos 26 años, el sector apenas registró caídas mínimas de 0,9% y 1,3% en el 2014 y en el 2018, respectivamente”, afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.
Cabe precisar que la actividad minera es el segundo sector con mayor participación en el PBI, luego de manufactura.
Asimismo, la referida ley -desde su vigencia- contribuyó al sector minero a atraer mayor inversión extranjera directa (IED) el cual registró un avance de 10% promedio anual ascendiendo a US$ 5.711 millones en 2018.
“Antes de la vigencia de la norma, entre 1980-1991, estos montos no superaban los US$ 450 millones y su crecimiento promedio anual era apenas de 1,3%, con lo cual su contribución al avance de la IED era insignificante en comparación a sectores como industria y comercio que crecieron en promedio 6.2 y 10%, respectivamente”, precisó Peñaranda.
No obstante, en los siguientes ocho años (1992-1999), una vez vigente la Ley General de Minería a la par de las reformas estructurales implementadas también desde 1992, la inversión minera logró un crecimiento promedio anual de 18,2%, cuadriplicando así el máximo pico alcanzado en los años 80 y elevando su incidencia en el avance de la IED.
“En la primera década del año 2000 la IED fue alentada por el llamado súper ciclo de los minerales permitiendo que tales inversiones superen los US$ 5.000 millones en el 2010 y, pese a que su crecimiento medio anual se niveló en 10,6%, se posicionó como uno de los sectores que más contribuyó a la expansión de la IED”, refirió el economista.
Peñaranda enfatizó que se necesita mantener el actual marco legal para la minería el cual ha demostrado que incentiva el desarrollo del sector otorgando estabilidad y predictibilidad a las grandes inversiones, que podrían evaluar migrar hacia otros países mineros con mejores condiciones institucionales. "No obstante, al ser una actividad sensible para las comunidades –donde se ubican los yacimientos- se requiere mayor proactividad del Estado en etapas previas al inicio de los proyectos socializando sus beneficios y garantizando la preservación del medio ambiente. En la actualidad se percibe un Estado más reactivo, es decir, que actúa luego de que estallan los conflictos”, anotó.
Los gobernadores de Cusco, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios, Ica, Tacna y Apurímac –agrupados en la Mancomunidad Regional de la Macro Región Sur– se reunirán para consolidar la propuesta legislativa de una nueva Ley General de Minería.
El encuentro –que se realizará el 27 y 28 de agosto en Tacna– tendrá como propósito consensuar puntos de vista hacia un documento común.
Uno de los puntos a incluir en el planteamiento –que se prevé presentar al parlamento en setiembre– es la incorporación de una figura similar a la consulta previa.
A lo que se suma la posibilidad de transferir a los gobiernos regionales competencias para la fiscalización ambiental de los proyecto extractivos tomando como base que las comunidades aledañas a la actividad minera tienen poca confianza en las instancias dedicadas a la inspección ambiental (OEFA, ANA y Senace).
Jean Paul Benavente, gobernador regional de Cusco, explicó a Gestión.pe que incorporar una figura similar a la consulta previa en la nueva Ley General de Minería tendría como propósito evitar la paralización de una actividad por la falta de ‘consenso social’ tal como está ocurriendo en Arequipa por Tía María.
“Sabemos que actualmente existen instrumentos de evaluación ambiental que implican talleres informativos, pero entendemos también que tiene que adoptarse un procedimiento adicional que permita garantizar compromisos de largo plazo y promueva el consenso social”, argumentó.
En ese contexto, precisó que es necesario esta figura tomando en cuenta que existe una debilidad institucional al interior de las comunidades, que cambian constantemente de junta directiva o representantes, lo que genera nuevas demandas e intereses.
“Lo que hace falta es un marco jurídico común a través de una consulta o una licencia social, que nosotros llamamos rentabilidad social. Lo que implica (que el proyecto) sea rentable socialmente, que se pueda promover la participación de fondos de compensación o fideicomisos para que las comunidades vean que existe un trabajo articulado y armónico con la empresa minera, que haya ganar-ganar”, añadió.
Estos elementos –en opinión de Benavente– ayudarían a mejorar la presencia de la minería en zonas conflictivas.
Otro de los puntos que espera añadirse al proyecto de ley de la nueva Ley General de Minería es que se transfieran a los gobiernos regionales la posibilidad de fiscalizar –en materia ambiental– a las empresas mineras.
Dado que –en opinión de Benavente– las comunidades tienen mayor confianza en el trabajo de sus autoridades regionales. “Este es un punto central porque eso nos lleva a pensar conceptos que están vinculados a la compensación y a la reparación”, apuntó.
“Le pongo un ejemplo, juste estuve en Antapacay –conversando con las comunidades– y ellos nos piden que hagamos una valorización de los impactos ambientales de la mina dado que desconfían de las entidades encargadas de la fiscalización ambiental”, señaló la autoridad.
¿La fiscalización ambiental en manos de los gobiernos regionales, implicaría recursos adicionales? Al respecto, la autoridad consideró que la propuesta implicaría la dación de recursos adicionales para contratar a personal calificado para esta actividad.
1.- La Ley General de Minería fue emitida en 1992, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En ese año, se dio luz verde al Texto Único Ordenado de la ley a través del Decreto Supremo N° 014-92-EM con un marco legal de 1981.
2.- Los gobernadores regionales proyectan tener listo para el 28 de agosto un primer borrador del proyecto de ley sobre la nueva Ley General de Minería. Para la quincena de setiembre, se estaría presentando al parlamento.
3.- La propuesta de los gobernadores será socializada entre todos los actores relacionados a la actividad extractiva, incluyendo empresas mineras, comunidades y a representantes del Gobierno.
