Los exdirectivos de Pachón SA se desligaron de toda responsabilidad por la escombrera que levantó Los Pelambres en el territorio que tienen concesionado en Calingasta y aseguraron que tanto la secretaría de Minería de la Nación y el Ministerio de Minería de San Juan conocían de la existencia de la misma antes de que la causa ingresara a la Justicia.
Dichas afirmaciones se desprenden de las indagatorias que Leopoldo Rago Gallo tomó en julio pasado a Xavier Luis Ochoa, Julián Patricio Rooney y Luis Enrique Lucero. Los tres exdirectivos de Pachón SA están imputados por el delito de contaminación del ambiente y fueron citados por el magistrado federal para explicar por qué no hicieron nada para evitar que Los Pelambres arrojara entre 2007 y 2012 más de 50 millones de toneladas de residuos en territorio donde la empresa tiene su proyecto de cobre en Calingasta.
El actual director y exvicepresidente entre 2003-2015 de Pachón SA, Luis Enrique Lucero, declaró que tomó conocimiento de la escombrera en noviembre de 2013 y que el 27 de marzo de 2014 redactó y firmó una denuncia de la existencia del basurero que presentó “a la Secretaría de Minería de la Nación y al ministro de Minería de San Juan (Felipe Saavedra)”.
“El Ministerio de Minería comenzó a tomar acciones respecto de la escombrera recién luego de que presentamos esta denuncia. Tiempo después se supo que el Ministerio de Minería de San Juan conocía perfectamente la existencia de la escombrera desde varios años antes y que habían omitido poner esa situación en conocimiento de la compañía”, destacó Lucero ante el juez.
Consultado sobre la denuncia que presentó en marzo de 2014 ante la Nación y la Provincia, el director contestó: “En lo que respecta a la Secretaría de Minería de la Nación no tuvimos ninguna respuesta y si hubo acciones relativas a la escombrera la desconozco. En lo que respecta a Minería de San Juan, inició un sumario administrativo en el cual se investigó a Pachón, jamás a Minera Los Pelambres, a pesar de nuestros innumerables pedidos”.
Lucero señaló también que hasta que ocurrió la demarcación de la frontera a principios de 2012, que “la escombrera en la Argentina no era visible para Pachón, ni para Gendarmería Nacional, ni para la Policía Minera, todos esos agentes advertían la escombrera, pero nadie tenía conciencia de que ella ingresaba en territorio argentino”.
Por su parte Xavier Luis Ochoa, gerente General entre 2009-2012, coincidió con Lucero y dijo que “previo a que ocurriera la densificación de la frontera en 2012, era imposible determinar que había una invasión chilena en territorio argentino”.
“Hecho además validado por las periódicas inspecciones de la Policía Minera de San Juan que en todas sus actas jamás hicieron referencia o comentario alguno a la presencia de una escombrera en territorio argentino, tampoco lo hizo Gendarmería en las inspecciones que realizó a la frontera”, declaró.
Ochoa también indicó que durante ese período de tiempo, “en múltiples ocasiones, hubo visita por parte de autoridades nacionales como el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, y el ministro de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, ninguno de los cuáles hizo referencia o alegato al respecto de que hubiese habido transgresión a los límites internacionales”.
Luego de las indagatorias, Rago Gallo y el fiscal federal Francisco Maldonado solicitaron al Ministerio de Minería una serie de informes para determinar si la cartera que en ese momento conducía Felipe Saavedra tenía conocimiento de la escombrera y que la misma se emplazaba en territorio argentino. De acuerdo a lo que surja de dichos informes, el juez o el fiscal podrían requerir la citación de uno o más funcionarios de esa cartera.
La causa penal se inició en 2015, cuando la empresa Glencore, a cargo de la mina argentina El Pachón, denunció a Pelambres por haber arrojado, entre 2007 y 2012, 52 millones de toneladas de escombros mineros en su territorio. La acusación apuntó principalmente a los tres últimos gerentes generales de Los Pelambres(Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerda Mery y Robert Mayne-Nicholls), a quienes la Justicia le imputó los delitos de contaminación, usurpación de propiedad privada y usurpación de aguas.
En agosto de 2017, Fiscalía de Estado pidió que también se indagara a los directivos de Pachón para determinar cuál era su responsabilidad, debido a que la escombrera se levantó entre 2007 y 2012, y la empresa recién presentó la demanda en 2014, no realizando ninguna acción antes de esa fecha.
