Daniele Bragança 

La Agencia Nacional de Minería (ANM) debe rechazar todas las solicitudes de exploración minera o minería en territorios indígenas en la Amazonía. Esto es lo que determinó el Tribunal Federal, al aceptar la solicitud de una orden judicial de la Oficina del Fiscal Federal (MPF), que presentó una acción civil pública para evitar que el ANM suspenda las solicitudes de acceso a la minería en tierras indígenas en el estado, hipotéticamente esperando un cuando la minería en estas áreas está autorizada por ley.

El tribunal dictaminó que la práctica era ilegal y le permitió a la agencia 45 días para denegar solicitudes en áreas donde la ley actual no lo permite, incluidas nuevas solicitudes en tierras indígenas.

Actualmente no existe una ley específica para la exploración minera en tierras indígenas.

A principios de agosto, el ANM desestimó más de 50 demandas que se habían estancado durante años, algunas desde 1984, por centrarse en tierras indígenas en el Medio Río Negro, en municipios como Barcelos (399 kilómetros de Manaus) y São Gabriel da Cachoeira (el 852 kilómetros de la capital). Los solicitantes incluyen grandes compañías mineras como Vale y Mineração Taboca.

Según el MPF, la exageración, jerga legal que indica la suspensión temporal de un proceso hasta que se reanude otro problema que lo afecta y se reanude el análisis del proceso, ponga en cola los procesos y cree una condición de preferencia para los procesos que no son rechazados Esta situación ha puesto en peligro a los líderes y miembros indígenas cuando son cooptados y limitados por empresas mineras y empresarios. Al reclamar derechos preventivos inexistentes, las compañías prometen ganancias materiales y mejoras a las comunidades a cambio de permiso para ingresar o explotar tierras indígenas.

"El daño a la organización política y social de las comunidades es sorprendente: las comunidades que una vez lucharon juntas ahora están divididas por intereses estimulados por los supuestos titulares de derechos preventivos en la minería en estas áreas", dice un comunicado de la acción civil pública.

Al final del proceso, el MPF quiere condenar a la agencia a la obligación de analizar y rechazar todas las solicitudes de investigación o minería, incluidos los permisos de minería, incidentes en tierras indígenas aprobados en el estado de Amazonas.

La acción civil pública se está procesando en el 1er Tribunal Federal en Amazonas.