JUAN SALDARRIAGA
La suspensión de la licencia de construcción de Tía María tiene en vilo al sector minero.
El conflicto en Tía María (Arequipa) trae cola larga para el sector minero. Cuando se cumplen 34 días del inicio de las protestas contra el proyecto -y diez, desde la suspensión de su licencia de construcción– la solución a la crisis aún no se percibe en el horizonte.
Y lo que es peor, parecería que el conflicto estaría ‘contagiando’ a otros proyectos. La semana pasada, cientos de pobladores del área de influencia de Quellaveco (Moquegua) se movilizaron para exigir a Anglo American que cumpla sus compromisos de contratar más mano de obra local y efectuar compras solo a empresas de la región.
Al mismo tiempo, los gremios de construcción civil de Arequipa anunciaron una “jornada de lucha” contra el proyecto Zafranal (Arequipa), a realizarse el próximo 22 de agosto.
Previamente, comuneros cusqueños y arequipeños asaltaron simultáneamente las minas Orcopampa (5 de agosto) y Antappacay (8 de agosto).
Por si fuera poco, las rondas campesinas de la Macrorregión Sur, reunidas en Puno (12 de agosto), efectuaron una proclama en respaldo a los opositores a Tía María y en demanda de la derogatoria de las concesiones mineras no consultadas en el sur.
Al cierre de esta edición, se supo también que pobladores del distrito de El Alto (Piura) habían incendiado las instalaciones de la petrolera china CNPC, al no llegar a un acuerdo sobre sus reclamos.
¿Esto significa que el conflicto en Tía María está escalando a otros proyectos mineroenergéticos?
De acuerdo a Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, lo que hay es un “contagio emocional” entre lo que sucede en Islay (provincia donde se ubica Tía María) y otros proyectos y minas.
“En Islay existen grupos sociales movilizados por largo tiempo y con gran éxito. Y eso envía señales a organizaciones en otras regiones, que estimulan a replicar acciones de ese tipo”, señala.
Según el último reporte mensual de la Defensoría del Pueblo, los casos de conflictos sociales activos relacionados con minería aumentaron de 56 a 62, entre junio y julio del presente año. Un aumento poco significativo (10%).
Sin embargo, la virulencia de estos sí se incrementó fuertemente.
Así, tenemos que las acciones violentas de protesta ascendieron a 177 en julio, 36% más que en junio. Mientras que las personas heridas (mayormente policías) sumaron 50, 47 de ellas en Tía María y tres en Quellaveco.
Víctor Góbitz, CEO de Compañía de Minas Buenaventura, apunta que esta renovada espiral de violencia tiene su génesis, más que en Tía María, en el mal ejemplo que el Gobierno ha dado a todas las comunidades del Perú al dejar sin castigo (e, incluso, premiar) a los comuneros que atentaron contra Las Bambas y el Oleoducto Norperuano.
“La toma de Orcopampa es una mala copia de lo que acontece en el oleoducto: tratar de generar una situación de emergencia ambiental para convertirse en víctimas”, señala.
Los mineros tienen claro que esta situación de conflictividad, sumada a la incertidumbre generada por el Gobierno en sus idas y vueltas con la licencia de construcción de Tía María, están creando un clima adverso a las inversiones mineras.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha señalado que revisará nuevamente a la baja sus estimados de inversión para el 2019 “si la suspensión de Tía María continúa” (el plazo dado por el Consejo de Minería es de hasta 120 días).
El gremio mineroenergético había advertido, semanas atrás, que la inversión en minería bordearía los US$5.000 millones en vez de los US$6.000 millones anunciados por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Ahora, opina que esta cifra podría ser mucho menor. ¿Qué tipo inversiones se verían afectadas?
“El impacto se verá en la inversión minera futura; no en la corriente, que seguirá adelante, porque es más costosa de detener. Eso significa que los nuevos proyectos se postergarán”, apunta Elmer Cuba, socio de Macroconsult, a este suplemento.
En opinión del economista, la suspensión de la licencia de construcción de Tía María ha introducido un factor de perturbación desconocido hasta la fecha: la “confabulación de un presidente de la República con opositores a la minería” para trabar un proyecto minero, algo que no ha ocurrido nunca en la historia del Perú.
Explica que la adición de este ‘factor político’ está incrementando el riesgo de inversión en todos los nuevos proyectos mineros que hay en el país.
“Habrá inversiones que no se van a detener, como las minas y proyectos en construcción (Quellaveco y Mina Justa, por ejemplo), pero todo aquello que está pendiente de decisión [de construcción] tendrá una segunda mirada”, añade Góbitz.
De acuerdo al Minem, hay seis proyectos mineros por US$8.149 millones, pendientes de obtener luz verde para construcción en el 2020, incluyendo Tía María.
Estos estarían en riesgo de demorarse (más de lo que ya están). ¿Y qué sucederá con la inversión en exploración minera?
Miguel Cardozo, presidente de la minera junior Alturas Minerals, estima que este rubro descenderá 30% este año (ver infografía), pero no por efecto de la conflictividad social.
“La caída de la inversión en exploración no tiene nada que ver con Tía María, sino con las demoras en el otorgamiento de los permisos ambientales”, refiere.
Añade, no obstante, que si la conflictividad escala aun más, “eso sí podría detener los proyectos”, porque dificultaría los acuerdos con las comunidades.
Por lo pronto, arguye Cuba, estamos “entrando a un período de enfriamiento de nuevos proyectos” que se resolverá cuando las aguas se calmen o suceda un nuevo Gobierno.
Especialistas aconsejan hacer inteligencia social y mejorar la calidad de los estudios ambientales.
Carlos Casas, decano de Economía de la Universidad del Pacífico, considera que la situación de conflictividad que vuelve a vivir la minería debe servir de acicate para trabajar más y mejor en el relacionamiento con las comunidades.
A ese efecto, aconseja hacer “inteligencia social” en los proyectos mineros. En especial, indagar cuáles son las necesidades de las comunidades del área de influencia, sus expectativas y brechas económicas, para trabajar sobre esa base en planes articulados con el concurso del Estado.
Y, no menos importante, hacer el seguimiento a los acuerdos que se adopten en las instancias de diálogo, con ayuda de instituciones independientes, que pueden ser ONG o universidades, en las que las comunidades puedan confiar.
Para ayudar a generar esa confianza, el grupo Propuesta Ciudadana aconseja mejorar la calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
“El origen del conflicto en Las Bambas fue la aprobación de un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) -EIA abreviado- que modificó el mineroducto por una carretera sin que la población lo advirtiera. Y otro es el EIA del proyecto Tía María, del cual la mayoría de la gente desconfía”, señala Epifanio Baca, coordinador ejecutivo.
