La falta de aceptación social del proyecto minero Tía María, ubicado en la región Arequipa, ocasionó la posterior suspensión de la licencia de construcción por parte del Consejo Nacional de Minería, compuesto por un grupo de expertos autónomos. Si bien este conflicto se detuvo momentáneamente, abrió un viejo debate: el Perú aún mantiene una Ley General de Minería del siglo pasado. Fue aprobada en junio de 1992.
La discusión de este tema de fondo comenzó luego de que el presidente Martín Vizcarra se reuniera con los gobernadores de la región sur a partir del caso Tía María. “Los gobernadores han planteado actualizar la Ley de la Minería, así que ellos van a tramitar un proyecto de ley, nosotros también creemos que en algunos aspectos esa ley está desfasada”, señaló el mandatario.
Sin embargo, frente a ese desafío la pregunta resulta obligatoria. ¿Qué se debería corregir en la actual Ley y qué debería agregarse? Para poder comenzar a entender esta cuestión es importante analizar el contexto en que nació el documento que legisla a una de las principales actividades económicas del país.
“La Ley (General de Minería) fue aprobada en el contexto del autogolpe de junio de 1992”, dice Miguel Lévano, oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú. En ese momento el Perú pasaba por una crisis económica (inflación), el aislamiento comercial, la violencia política y otros problemas socioeconómicos.
La Ley General de Minería nace como parte de unos paquetes estructurales en los que la minería tenía un papel preponderante. “Se quería volver atractivo al Perú para la inversión extranjera. Las reformas estructurales redujeron el papel del Estado en la economía a partir de las órdenes del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”, señala Leonidas Wiener, especialista legal de la ONG Cooperacción.
Dicho escenario dio muchas ventajas a las empresas privadas para recibir en concesión lo que antes había pertenecido a las antiguas empresas estatales: Minero Perú y Centromin. Ahora que el presidente Vizcarra anunció que quiere reformar esta Ley, las condiciones han cambiado: el Perú tiene una relativa estabilidad económica y los esfuerzos de la población y los gobernantes no están enfocados en movimientos subversivos. Sin embargo, lo que sí remueve al país son los conflictos socioambientales.
De acuerdo al reporte número 185 de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, hasta julio de este año se han registrado 184 conflictos en total, sin embargo, 123 son de naturaleza socioambiental (66.8%). A su vez, la actividad productiva con más conflictos es la minera con 79 casos.
“¿Cómo se pueden generar incentivos para que las empresas incorporen a las comunidades dentro de todo un esquema más societario?”, debería ser la pregunta fundamental que debe ser considerada por el poder Ejecutivo, según Alicia Abanto, adjunta de Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría.
Luego de haber conversado con expertos de diferentes instituciones al respecto, se puede concluir que son cuatro puntos a debatir: la relación de las comunidades con los beneficios de la empresa, participación ciudadana, consulta previa y la entrega de las concesiones mineras.
Según Wiener, de Cooperacción, luego de que una empresa minera obtiene el permiso del Estado para explorar o explotar los minerales de cierta concesión, el Gobierno desaparece. El escenario que queda para la minera es el siguiente: “Ahora arréglate con las comunidades”, subraya.
Este tipo de dependencias devienen en conflictos cuando la empresa privada no quiere reconocer acuerdos de dueños previos con la población local. “Así fue la historia de Las Bambas”. El conflicto nació porque los nuevos dueños chinos no reconocían lo acordado con la primera empresa MMG.
Asimismo, la falta de un Estado permite el ingreso de terceras partes con intereses particulares. “La falta de intermediación origina que aparezcan personas como los hermanos Sánchez Otelo (recordados por el caso Las Bambas)”, remarca Wiener.
Lévano, de Oxfam, indica que la Ley General de Minería solo ha tenido un par de cambios en toda su historia y han tenido que ver con los decretos legislativos del segundo gobierno aprista, que coincidió con el alza de precios de los commodities (entre ellos los minerales). Por supuesto, el fin era atraer la inversión privada. El resultado: apareció el conflicto trágico del “Baguazo”, recuerda el experto.
Por su parte, Abanto precisa que el proceso de consulta previa debe agregarse al marco legal de la nueva Ley General de Minería. Además, esta reforma debe asegurar que la consulta se desarrolle a lo largo de todo el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto extractivo.
La adjunta de la Defensoría enfatiza en este punto porque en un informe de dicha institución se demostró que hasta el momento no se ha aplicado ninguna consulta sobre el EIA en algún proyecto de minería en el Perú. Esto significa que las comunidades nativas ni indígenas fueron informadas en el debido tiempo de los impactos positivos y negativos de la actividad minera en su territorio.
Wiener apunta que las concesiones mineras se pueden mantener hasta por 30 años, sin la necesidad de que se exploten durante ese tiempo, la empresa solo debe cumplir con un pago de vigencia y penalidades. Esta principal dificultad se presenta en el caso de la formalización inconclusa de los mineros informales en Madre de Dios.
“Los mineros artesanales que quieren formalizarse deben llegar a un acuerdo de explotación con el titular de la concesión, pero si este no quiere, los mineros nunca podrán formalizarse. Esto impide la formalización de la pequeña minería. Es un sinsentido que alguien tenga un concesión tanto tiempo. Eso no permite un ordenamiento territorial adecuado”, explica el especialista de Cooperacción.
De acuerdo con Lévano, las reformas a la Ley General de Minería por parte del Ejecutivo deben ser socializadas con la sociedad civil, las comunidades y los expertos. Antes de que envíen el proyecto al fuero parlamentario para el posterior debate y aprobación. “Que la participación sea abierta y participativa. Recordemos que las leyes aprobadas por el Congreso no pasan por consulta previa”, advierte.
Intentamos comunicarnos con el Ministerio de Energía y Minas para saber su posición al respecto, pero hasta el cierre de este reportaje no tuvimos respuesta. De acuerdo con el comunicador institucional de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Samuel Ramón, dicho gremio empresarial “no va a declarar hasta que el gobierno anuncie qué cambios pretende hacer a la Ley General de Minería. Los desconocemos”.
