Las continuas protestas antimineras en Perú, desencadenadas por la reciente aprobación de un permiso de construcción, del ahora detenido proyecto de US$ 1.400 millones de SouthernCopper (NYSE:SCCO) en Tia María, Arequipa, se han extendido a Anglo American y Mitsubishi por US$ 5 mil millones que aseguradora en la región vecina de Moquegua.
Desde el año pasado, el proyecto minero Quellaveco (Moquegua), cuya inversión es casi cuatro veces el tamaño que el de Tía María, ha tenido un efecto positivo en la inversión minera, principal componente de la inversión privada. Por lo que una eventual paralización, según Alberto Morisaki, gerente de Estudios Económicos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), tendría consecuencias directas en las cifras de este año.
A medida que los bloqueos de carreteras y las manifestaciones entran en un tercer día, los miembros de la comunidad siguen exigiendo más oportunidades de empleo y el uso de empresas locales en lugar de contratistas de fuera de la región.
Las autoridades de Moquegua afirman que Anglo American no ha cumplido con su compromiso de contratar al 80% de la mano de obra requerida a nivel local. En cambio, dicen que sólo seis de cada diez personas que trabajan en el sitio de la mina son de fuera de Moquegua, un cargo que la compañía ha negado.
“En el 2018, la inversión privada creció 4.4% y no esperamos que este año llegue a esa cifra. Estamos esperando que se llegue a 3% de crecimiento. Mucha de esa inversión privada está sustentada en la inversión minera, como Quellaveco. Vemos que el proyecto ha entrado en dificultades y que se aguante Quellaveco puede afectar a la inversión privada”, advirtió tras presentar la proyección del gremio para este año, que estiman crecerá alrededor del 3%, siempre que los indicadores al segundo semestre mejoren.
A la fecha, la empresa Anglo American ha invertido $2000 millones de los $5300 millones estimados para Quellaveco.
Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli, dijo que paralizar Quellaveco implica poner en riesgo el empleo de 12 mil personas que actualmente laboran en la etapa de construcción.
Sobre la Ley General de Minería, recordó que bajó su marco legal generó inversiones por $65 mil millones. “Tiene 30 años, pero no se ha mantenido estática; es una buena ley que ha tenido modificaciones para promover al sector. “No se puede cambiar de forma rápida, sin análisis de fondo, sería un despropósito hacerlo de otra manera. El Ejecutivo lanzó su propuesta, esperamos que nos convoquen. Pedimos que cualquier cambio se haga de forma técnica, sin apuro, sin presiones de ningún tipo; de lo contrario ponemos en riesgo toda la economía del país y no se avanzará en la lucha contra la pobreza”, precisó.
Anglo aprobó el desarrollo del proyecto en julio de 2018, diciendo que el activo tenía el potencial de transformar las perspectivas de negocio de la compañía.
Se espera la primera producción en Quellaveco, que tiene capacidad para generar 300.000 toneladas de cobre al año en sus primeros 10 años de funcionamiento, se espera en 2022. El mineral será transportado desde la mina, situada a 3.500 metros sobre el nivel del mar en el sur de Perú, a un puerto a 165km de distancia.
Perú es el productor mundial de cobre, zinc y plata número 2 y el sexto mayor productor de oro, pero los conflictos mineros han bloqueado miles de millones de dólares en inversiones potenciales en la última década.
La empresa minera Anglo American en el Proyecto Minero Quellaveco invirtió más de US$ 400 millones adicionales para reforzar las medidas de protección del medio ambiente y evitar cualquier riesgo de contaminación en los ríos, en la atmósfera o en el suelo, así lo informó el vicepresidente de Asuntos Corporativos, Diego Ortega
Diego Ortega aseguró que Quellaveco no se encuentra en ninguna cabecera de cuenca, como lo han denunciado algunos dirigentes.
“El proyecto minero se ubica a 22 kilómetros de la cuenca del Río Moquegua, por lo que es imposible que las operaciones mineras puedan representar algún riesgo para dicho curso de agua”, agregó.
Asimismo, explicó que, de los US$ 400 millones que se ha invertido adicionalmente para reforzar la protección del medio ambiente, US$ 250 millones se destinaron para la construcción de un túnel de 8 kilómetros para desviar el río Asana con la finalidad de que no pase cerca de las operaciones mineras.
Del mismo modo, se han establecido 90 puntos de monitoreo ambiental para evaluar de manera constante la calidad del agua, del aire y del suelo en los alrededores del proyecto para verificar que no exista ningún tipo de contaminación.
“Hasta el momento en todos esos monitoreos realizados con la participación de la población y técnicos de las entidades públicas especializadas en protección ambiental han confirmado que no ha habido ningún impacto”, enfatizó.
Además, Anglo American ha invertido en la construcción de la Represa Vizcachas, que permitirá captar agua en las épocas de lluvia y abastecer las operaciones del proyecto minero y a la población de Moquegua, tanto para el riego agrícola como para consumo humano.
“De esa manera, Quellaveco está cumpliendo con su compromiso de no utilizar agua subterránea ni el agua utilizada en la agricultura”, explicó Diego Ortega, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American.
Comunicado
El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú destaca la importancia de retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo justo y sostenible del Perú con el ansia de reducir la pobreza e incrementar el bienestar de los peruanos en todos los rincones de nuestra rica y compleja geografía.
Expresamos nuestra preocupación y desacuerdo por la forma inapropiada en que se pretende determinar la viabilidad de los proyectos mineros y el predominio de la prepotencia y el cálculo político en vez del diálogo constructivo para resolver las dudas y discrepancias que surgen acerca de los impactos de la actividad minera.
El proyecto Tía María se ve hoy paralizado, pese a que, en su momento, las instituciones públicas determinaron su viabilidad ambiental y el cumplimiento de todas las exigencias de la legislación peruana, por la que se otorgaron las autorizaciones y permisos respectivos.
Esta situación constituye un mal precedente en la imagen del país como destino atractivo para las inversiones y pone en manifiesto la débil institucionalidad, la pobre transparencia en la gestión pública y la falta de decisión política para defender la seguridad jurídica, la legalidad y el orden institucional.
Cabe recordar que Arequipa es una región emblemática para la minería peruana, a la cual debe parte importante de su desarrollo en infraestructura, reducción de la pobreza, generación de trabajo, entre otros aspectos.
Es lamentable que las acciones de grupos violentos determinen la paralización de un proyecto que apunta beneficiar a los habitantes de todo el país y en especial a miles de peruanos en Arequipa.
Asimismo, rechazamos el intento de impulsar un escalamiento de las protestas en contra de la actividad minera, tal como lo hace otro colectivo en Moquegua en contra del proyecto minero Quellaveco, así como el llamado de la CGTP junto con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil de Camaná y la del Perú, a una “jornada de lucha” en apoyo a la población del Valle de Tambo y el rechazo al proyecto Zafranal.
Invocamos a las autoridades que hagan valer la institucionalidad, la transparencia, estabilidad, el Estado de derecho y los espacios oportunos de diálogo para mantener al país por la senda del crecimiento y la democracia.
