El pasado viernes 9 de agosto el Consejo de Minería suspendió la licencia de construcción en el proyecto de Tía María, la misma que en su análisis sostiene que se evalúa el riesgo de las pérdidas humanas, además de las pérdidas económicas.
Dicho informe fue elaborado por la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el día 8 de agosto, por Miguel Kuzma Alfaro, director de la Oficina de Diálogo y Participación Ciudadana del Minem. (Informe 002-2019-MINEM/OGGS/OGDPC).
En el documento se relatan los hechos del 2011 y 2015, y los últimos acontecimientos en relación a las manifestaciones realizadas en Arequipa, contra el proyecto de Tía María.
De la misma manera, en sus conclusiones indican que, desde el 15 de julio se vienen desarrollando diferentes movilizaciones y paros indefinidos, que cuentan con el respaldo de las autoridades regionales y locales motivadas por su oposición al proyecto de Tía María, llegándose a comprometer la integridad de las personas, además de las actividades económicas de la ciudad.
Sostiene que las condiciones sociales actuales no permiten que sucedan espacios de diálogos, pese a los intentos de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Minem, por lo que argumentan que el paro podría elevarse con mayor riesgo social.
“Existe un alto riesgo de escalamiento de los paros, movilizaciones y medidas de protesta que vienen realizando en el departamento de Arequipa…”.
De la misma manera, advierten que, de no revertirse esta situación se puede llegar a equipararse a la crisis social presentadas en los años 2011 y 2015.
Si bien, hasta el momento no se han registrado víctimas mortales, pero este escenario no es descartado, dado que hasta el momento hay 33 policías heridos.
Según el informe, hasta el momento se han registrado 36 manifestaciones sociales en diferentes lugares de la región de Arequipa, publicó Gestión.
Comercios, hoteles, empresas de exportaciones y hasta agricultores. Nadie, o al menos ninguna actividad, ha estado libre de las pérdidas que ha generado el paro en Arequipa en oposición al proyecto minero Tía María .
De acuerdo con datos actualizados de la Cámara de Comercio de Arequipa, las pérdidas alcanzaron los US$800 millones, de los cuales US$500 millones corresponden a exportaciones y el resto a otras actividades económicas. Así lo aclaró la presidenta de este gremio regional, Jessica Rodríguez.
“En general, la Cámara de Comercio de Arequipa ha hecho una estimación, a través de su área de estudios económicos, en la que en total se tienen US$800 millones perdidos hasta la fecha. Esto incluye el área de exportaciones, que es la más fuerte en Arequipa. Y luego están los otros sectores; estamos hablando de ganadería, los sectores agroindustrial, agrícola, pecuario, turismo y servicios”, explicó luego de una conferencia de prensa que organizó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).
A pesar de las pérdidas económicas, la ejecutiva aclara que estas no son la única preocupación, pues el impacto en el empleo también es otro problema. Aproximadamente la mitad de la población económicamente activa se ha visto obligada a detener sus actividades. Ello se traduce en aproximadamente 344 mil personas afectadas.
“Cuando hablamos de minería, no solo se habla de la mina, sino de que se crea un cluster alrededor, de gente que da servicios a la minera, de otros sectores como construcción y servicios, comercio”, comenta Rodríguez.
Otro aspecto de gran preocupación para Rodríguez es la presencia de personas ajenas a las comunidades en las protestas y disturbios.
“Sabemos que no solamente es población de la zona la que está participando, sino que ha venido gente de otras ciudades para acatar el paro y establecer la violencia que hemos visto en el primer día de paro, en el que hubo saqueos, se quemaron vehículos, se tiraron piedras y se destruía la ciudad”, aclara.
Desde la cámara, explica, se ha identificado la llegada de movilizaciones desde Moquegua y Puno. Rodríguez agrega: “Es una protesta que se inició por Tía María, pero ahora es un tema sobre cómo se está manejando la democracia en nuestro país. (…) Ahora se empiezan a encender otros puntos (de protesta), pero con algún interés político y personal. Ya no es la lucha para que no salga Tía María, ya no es eso”.
Por otra parte, María Isabel León, presidenta de la Confiep, aclaró que hace falta que el Poder Ejecutivo actúe de manera clara y consecuente, pues la decisión del Consejo Nacional de Minería de suspender la licencia de construcción de Tía María genera confusión en el sector privado.
“Necesitamos que haya una gobernabilidad clara, un respeto al principio de autoridad. (…) No veo manifestaciones en contra de esta minería que depreda nuestros bosques, sacrifica a nuestros jóvenes y niños, que secuestra mujeres y que no paga impuestos”, precisó León.
En ese contexto, la presidenta de Confiep agregó que los empresarios no presionan al Gobierno ni son los enemigos, pero que sí se espera el respeto al principio de legalidad y el Estado de derecho: “Tenemos que poner el orden, no se pueden intervenir vías. No se puede permitir que haya bloqueos de pistas y carreteras”.
Alfonso Bustamante, presidente de Comex Perú, expresó una postura similar y aclaró que gran parte del impacto de los disturbios ha afectado a los ciudadanos, agricultores, artesanos y productores de leche, pues solo en este último caso las pérdidas han llegado a contarse en 900 mil litros de leche por día.
Las consecuencias sufridas por la región, aclaró Bustamante, son producto de una protesta que ya no responde a su motivo original. “Tía María no es la causa, es la excusa de quienes promueven un modelo de violencia, que no quieren inversión privada”, agregó.
Tales excusas estarían relacionadas con los intereses políticos y movilizaciones de otras regiones que fueron observadas por la Cámara de Comercio de Arequipa. Y en ello también coincide el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Manuel Fumagalli.
De acuerdo con el representante gremial, los actos de violencia que se observan en Arequipa también podrían verse reproducidos por grupos radicales en otras regiones del país, como Moquegua.
“El tema de Tía María ya ha ido más allá de lo que se ve en las noticias. Se ha politizado y ha generado efecto contagio en provincias como Moquegua, afectando al proyecto Quellaveco. Acá lo que tenemos que asegurar es que se dé señales claras e inequívocas de respeto al Estado de derecho, al principio de autoridad”, afirmó a Perú21.
Las señales de respeto al Estado de derecho y el hecho de restablecer el orden, precisó, no implican que el Gobierno actúe vulnerando los derechos humanos, sino haciendo respetar el principio de autoridad.
A esto se suma la preocupación sobre la manera como el Consejo Nacional de Minería pueda tratar la suspensión de la licencia de construcción pues puede afectar otros proyectos de inversión.
“Se genera un precedente muy peligroso porque otros proyectos, no solo del sector minero, podrían verse impactados y suspendidos ante actos similares donde grupos radicales, minoritarios y no representativos, generen esta violencia y hagan retroceder al Estado en actos que se han otorgado conforme a la ley. Confiamos en que el Consejo de Minería resuelva esto de acuerdo a la ley y de manera técnica”, afirmó.
Las expectativas del sector privado, expresadas tanto por Fumagalli como por María Isabel León, fueron expresadas en un contexto en el que Tía María resulta ser un proyecto clave para que la economía peruana crezca en 2019 al menos 2.5% respecto al año anterior.
Contagio. Para Fumagalli, hay riesgo de que Tía María genere un efecto contagio en otras regiones. (GEC)
Continúa el paro indefinido contra el proyecto minero Quellaveco. Dirigentes agricultores de Moquegua acordaron apoyar a los antimineros de Tumilaca, quienes, además de expresarse contra la mina, acusaron de traidor al presidente Martín Vizcarra, evocaron la figura de Evo Morales y tomaron medidas más radicales.
Al mediodía, soldaron tubos en el puente de Tumilaca, lo que impidió el tránsito de más de 40 vehículos en la Carretera Binacional. Al cierre de esta edición, el tránsito no había sido restablecido.
En declaraciones a Perú21, el alcalde de Moquegua, Abraham Cárdenas, señaló que el 19 de agosto se realizará un comité de monitoreo. En dicha reunión, Anglo American ofrecerá medidas de solución sobre los puntos de discordia, como la contaminación de ríos y contratación de mano de obra y empresas locales.
Por otro lado, Cárdenas nos señaló que ayer se reunió con el presidente Vizcarra. “Se expresó a favor de que Quellaveco cumpla los acuerdos que él firmó (cuando fue gobernador de Moquegua) en el año 2012”, manifestó a este diario.
El presidente Martín Vizcarra defendió su postura en la filtración de los audios sobre el proyecto minero Tía María. Sin embargo, no fijó una posición firme contra ese sector de la izquierda radical de la zona sur del país que filtró tales grabaciones, dejándolo mal parado frente a la opinión pública.
El gobernante, al parecer, no quiere que se sepa el trasfondo de su postura y sigue jugando para las tribunas, como si lo más importante fueran las encuestas y su popularidad.
Insistió en que su gobierno priorizará el diálogo para sacar adelante cualquier proyecto minero y advirtió que “no negocia en la salita del SIN” y se refirió al ‘Baguazo’ (protesta que dejó 33 muertos en 2009) para justificar la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero y así evitar un costo social.
Aludió al fujimorismo y al Partido Aprista, como si fuesen ellos los que revelaron los audios, olvidando al otro sector radical que saca provecho de esta coyuntura utilizando sus audios para arrinconarlo.
Además, Vizcarra dejó en claro la falta de comunicación en el gobierno, donde solo se pronuncian sobre el impacto de la minería legal, pero no dicen nada sobre cómo combatir la minería ilegal o la situación que afecta a Quellaveco en Moquegua.
Además, apareció una última grabación que complica al presidente. “Si ustedes ven que en un mes yo no cumplo, ahí hagan una medida radical”, señala. El vicegobernador de Arequipa, Walter Gutiérrez, afirmó que “no hubo ninguna negociación” en la reunión con las autoridades del sur. El alcalde de esa ciudad, Omar Candia, señaló: “Nadie en su sano juicio puede decir que Tía María es viable”.
Con el proyecto paralizado se vislumbra una situación de “incertidumbre”. El experto en temas de conflictividad minera Iván Lanegra dijo a
Perú21.TV que la decisión del Consejo de Minería deja “cabos sueltos”. “Ni la población ni la empresa ni el Estado saben qué es lo que va a pasar”, indicó.
- El 40% de los ingresos de Arequipa proviene del sector minero, según datos de la Cámara de Comercio de esta región.
- Cada año, Arequipa podría recibir S/273.4 millones más por transferencias de canon minero y regalías si se pusiera en marcha el proyecto Tía María. Durante sus primeros 20 años de operación, la región podría recibir S/5,460 millones.
- Cuatro proyectos mineros importantes por desarrollar tiene Arequipa. Estos son Don Javier, Pampa de Pongo, Tía María y Zafranal. En conjunto pueden comprometer inversiones por US$5,660 millones, Perú 21
