Victor Gobitz

En el discurso anual ante el Congreso, el presidente de la República, Martín Vizcarra, mencionó la necesidad de discutir y promulgar una nueva Ley General de Minería (LGM). Reiteró la importancia económica – financiera de la industria minera peruana; añadió la necesidad de darle predictibilidad y una relación armoniosa a todas las partes involucradas: Estado, sociedad civil y empresas mineras; pero argumentó en favor de una nueva LGM sobre la base que la actual legislación tiene casi 30 años de vigencia.

En este punto su discurso fue lo suficientemente ambiguo para que el mismo tenga dos lecturas diametralmente opuestas.

Desde la perspectiva de algunos gobernadores regionales, una nueva LGM sería la oportunidad para pretender reemplazar al gobierno central, en funciones tales como: el otorgamiento de licencias y fiscalización a la mediana y gran minería; y acaso también pretender modificar el régimen tributario, donde la normatividad impositiva actual, sigue los mismos principios que todas las demás actividades económicas exportadoras: pesquera, textil, agrícola, forestal o minera.

Precisamente es en este ámbito regional donde está acreditada la falta aún de una institucionalidad madura y su capacidad también limitada aún para gestionar proyectos de infraestructura pública de envergadura. Bastaría señalar que dentro de las competencias actuales de los gobiernos regionales está todo lo referente a la minería artesanal y la pequeña minería, donde coincidentemente está centrado el flagelo de la minería informal.

Por otro lado, desde la perspectiva de la propia industria minera, una nueva LGM sería la oportunidad para debatir e insertar dentro de la visión de crecimiento económico – social sostenido de nuestro país, la promoción decidida de la industria minera responsable.

La promoción decidida de la industria minera peruana permitiría, por ejemplo:

1) Incentivar las exploraciones mineras, acelerando las licencias ambientales y el acceso a terrenos superficiales, reconociendo que es una actividad de alto riesgo (de cada 100 proyectos de exploración, solo 1 se convertirá en una mina) y el impacto ambiental de esta actividad es mínimo;

2) Evolucionar en el concepto de “ventanilla única” (presentación de toda la documentación del proyecto minero ante una sola autoridad ambiental – Senace) hacia la implementación de un “espacio único”, donde se congregue a todas las instancias gubernamentales que tienen competencia de observación u opinión; de modo que de manera conjunta y holística se pronuncien acerca del proyecto minero; y

3) Específicamente, los nuevos proyectos mineros (nuestro país cuenta con una cartera que supera los 50 mil millones de dólares) podrían integrarse a los planes de desarrollo regional, con participación de los gobernadores regionales; de manera de hacer visible la “infraestructura pública permanente”; que dependiendo de cada proyecto minero se desarrolla, en términos de: redes de energía y/o telecomunicación, carreteras, puertos, aeropuertos, plantas de tratamiento o reservorios de agua.

En los últimos 18 meses, elpaís en aras de robustecer su institucionalidad, viene debatiendo y reformando aspectos claves concerniente al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a las agrupaciones políticas; y dentro de ese contexto estaríamos próximo a iniciar un debate acerca de una nueva LGM; lo cual visualizamos como una oportunidad y no una amenaza.

No obstante, a la luz de lo que viene aconteciendo en Arequipa, entorno al desarrollo del proyecto minero Tía María, un punto ineludible de nuestra Agenda Nacional, hacia una institucionalidad con mayor madurez, pasa por discutir y definir con claridad las competencias y responsabilidades de los gobiernos regionales.

Aquí también se debe dar batalla, con firmeza y decisión.