Juan Saldarriaga
Transcurrida una semana de la sorpresiva propuesta presidencial para reformular la Ley General de Minería –solicitada por los gobernadores regionales del sur–, muchos peruanos tratan de dilucidar los cambios que traerá la nueva norma.
“Hasta ahora solo hay especulaciones. Los gobernadores regionales no tienen una posición estandarizada de qué es lo que quieren, y si le preguntas al presidente Martín Vizcarra o alguna autoridad del Ministerio de Energía y Minas (Minem), tampoco tiene idea de lo que vendría (en la nueva ley)”, apunta Ángel Chávez, socio del Estudio Payet.
De hecho, Día1 pidió al Minem que explique las modificaciones que estaría contemplando, pero nos respondió que aún no se tenía un pronunciamiento oficial sobre el tema.
Y sobre el objetivo de los gobernadores regionales, eso se sabrá en una semana más, cuando presenten el borrador que resume sus reclamos.
“En estos momentos, los técnicos del sur están haciendo el borrador de esa ley de minería, y el 14 de agosto vamos a presentarlo para que se discuta en el Pleno del Congreso”, ha señalado el gobernador de Arequipa Elmer Cáceres.
Por lo pronto, los gobernadores han disparado una batería de exigencias que van desde el incremento de las regalías y la redistribución del canon minero, hasta la exigencia de que las comunidades campesinas participen en el accionariado de las empresas y que sean los gobiernos regionales los encargados de otorgar las concesiones para la gran minería.
Se trata, como bien apunta Marcial García, socio de EY, de tópicos que no están regulados por la Ley General de Minería, lo que evidencia el desconocimiento de las normas por parte de los gobernadores regionales.
“El principal detonante de los conflictos sociales es la distribución inequitativa de la riqueza que genera la minería a través del canon y las regalías, pero eso no lo ve la Ley General de Minería, sino otras normas como la Ley de Regalías y la Ley del Canon”, explica.
Igual sucede con la consulta previa para el otorgamiento de las concesiones mineras y la exigencia de que las comunidades participen en el accionariado de las empresas, propuestas que también dependen de otros cuerpos de leyes.
Manuel Fumagalli, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) coincide en señalar que la efervescencia social no se solucionará reformando la Ley General de Minería, sino reduciendo las brechas sociales a través del mejor uso de los recursos que genera el sector.
“Esos recursos existen. Son S/39.000 millones los que han ingresado a las arcas de las regiones vía canon y regalías en los últimos años, pero solo entre el 50% y 60% se ejecuta. El desafío es mejorar la habilidad de ejecución de estos ingresos para reducir la pobreza”, indica.
Pero, hay problemas que la Ley General de Minería sí podría resolver, de acuerdo a Epifanio Baca, coordinador ejecutivo de Propuesta Ciudadana.
Uno de ellos es el “crecimiento caótico y acelerado de las concesiones mineras”, que genera ansiedad en las comunidades y produce el caldo de cultivo para los estallidos sociales.
“Eso tiene que ver con la promulgación de la Ley 30.230 (año 2013) que flexibilizó las exigencias para el otorgamiento de concesiones mineras, lo que lleva a que muchos titulares especulen por qué no se les pide espaldas financieras ni ‘expertise’ en minería”, refiere.
Señala que una prueba de ese “crecimiento desordenado” es la concesión del cerro Siete Colores, que motivó una rectificación del Minem a finales del 2018.
Así, la promulgación de una nueva Ley General de Minería no será la panacea que los gobiernos regionales imaginan. Pero sí traería una cola larga de problemas. El primero y más obvio es que el Gobierno no tendría la norma lista para su debate en el Congreso en los seis meses propuestos, lo que motivaría un conflicto por expectativas no satisfechas.
“En mi experiencia, esperar que un proyecto tan complejo sea consensuado en tan poco tiempo será muy complicado, y más aun con un Congreso en riesgo de ser vacado y en contra del Gobierno”, señala Marcial García.
Ejemplo de ello es lo acaecido con la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, que lleva dos años dando vueltas en el Congreso sin que haya asomo de que sea aprobada.
Lo más probable, según Chávez, es que el Minem “saque un texto único ordenado (TUO) sin grandes cambios”, orientado a resolver los problemas que preocupan al sector minero (la pérdida de competitividad, por ejemplo) y no a los gobernadores regionales. “Si quiere hacerlo más rápido y de manera técnica, la fórmula que ha funcionado siempre es el decreto legislativo emitido por el Ejecutivo y no su promulgación por el Congreso”, explica.
Una cosa parece cierta, durante los seis meses (o menos) que demoraría elaborar y consensuar la nueva ley, la minería se abstendría de invertir a la espera de un escenario más propicio. Y eso vale tanto para las empresas que nunca han entrado al Perú como para las que están desarrollando proyectos.
“Hace días ajustamos a la baja nuestra previsión de inversión minera para este año, de US$ 6.000 millones a US$ 5.000 millones. Si le sumamos un escenario de incertidumbre por posibles cambios en las reglas de juego, eso haría que la inversión sea mucho menor”, apunta Fumagalli.
