GABRIELA ORIGLIA
En varias oportunidades desde que inició su gestión, el presidente Mauricio Macri afirmó que apuesta a la minería como uno de los motores del crecimiento de inversión y de las exportaciones argentinas. La reinstalación de las retenciones como consecuencia de la urgencia fiscal y los fallos de la Corte Suprema de Justicia (saldrán otros dos en el corto plazo) que determinó la constitucionalidad de la Ley de glaciares generaron incertidumbre en el sector, pero desde el Gobierno insisten en que no hay riesgos y hasta 2022 proyectan radicaciones por US$1165 millones. El 90% de esas inversiones están vinculadas al litio.
Cuando se firmó el Acuerdo Federal Minero con las provincias para homogeneizar las legislaciones, Macri planteó que el sector podría generar 125.000 empleos (por cada uno directo hay cinco indirectos) y aunque la gran "estrella" de los discursos oficiales es el litio, desde la Secretaría de Minería apuntan que el "verdadero salto" en ingresos y exportaciones será de la mano del cobre. "El litio representa el 2% del mercado mundial; el cobre tiene más participación y sus proyectos -aunque son menos en cantidad- requieren de más volumen de inversión", explica a La Nación Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera.
Con los precios internacionales vigentes, la exportación de oro (US$2412 millones en 2018, 70% del total del rubro) irá perdiendo participación (se estima que para 2024 la cifra será de US$1666 millones, 20% menos). Las ventas al exterior de cobre, en tanto, alcanzarían en 2024 los US$3041 millones, considerando los proyectos más avanzados en términos de estudios de factibilidad, fondeos y avances en la licencia ambiental. San Juan, Catamarca y Salta son las provincias con más reservas de cobre.
Los datos oficiales dan cuenta de 33 iniciativas mineras inventariadas, incluyendo las proyectadas y las que están en construcción (18 se encuentran en estado "avanzado" de exploración). Este año la inversión en el sector es de unos US$250 millones y 60% corresponde a exploraciones orientadas a ampliar los recursos en operaciones, mientras que el resto es en zonas de más alto riesgo.
Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) se limitan a difundir sus proyecciones: desde 2004 el crecimiento anualizado de las exportaciones es de 10,1% (en 2018 sumaron US$ 3.858 millones, el sexto sector detrás de oleaginoso, cerealero, automotor, de petróleo y gas y bovino), mientras que el empleo, en ese lapso, aumentó a un ritmo anual de 5,7% (81.500 personas, incluyendo puestos directos e indirectos, lo cual representa 1,2% del trabajo registrado).
Según el cálculo, las empresas mineras vuelcan $20.136 millones en masa salarial al consumo tomando solamente los puestos directos. Y pagan en impuestos (a 2018), $29.176 millones (incluyendo cargas nacionales y provinciales). Desde la CAEM apuntan que 80% de las compras del sector se concentra en proveedores locales.
"Hay una diversidad de situaciones, pero la minería es un sector estratégico para atraer inversiones y mejorar la balanza comercial -describe Sánchez-. Venimos trabajando en muchas líneas en el marco de una política concertada con las provincias que son las titulares dominiales de los recursos; modernizamos el marco normativo e incorporamos estándares internacionales además de informar sobre los beneficios para las poblaciones".
Miguel Zielonka, economista de la consultora Econviews, señala: "Hay mucho potencial en minería; geológicamente tenemos las mismas riquezas que Chile, así que resolviendo temas de impacto ambiental y de reglas de juego para invertir hay mucho para hacer. El potencial del litio es fuerte porque su costo de extracción es más bajo que en otros países ya que se extrae del salitre y eso es más accesible. Es clave avanzar y lograr no solo la producción de la materia prima básica sino la integración vertical y que se refine o se manufacture acá".
Sánchez remarca que la demanda de litio será acompañada por la de cobre: se requieren ocho kilos para un auto de combustión y, en el caso de los eléctricos (que llevan batería de litio), esa cantidad se multiplica por cuatro. Mientras una iniciativa de litio requiere entre 200 y 400 personas para su explotación, una de cobre necesita hasta 4000 trabajadores y, en términos de inversiones, puede multiplicar por diez a un proyecto grande de litio.
Por ejemplo, el Taca-Taca en Salta demandará para su construcción unos US$ 3.500 millones; está en fase de exploración y es de la australiana First Quantum Minerals.
Cobre y litio le van ganando terreno al oro. La sanjuanina de Veladero -explotada por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold- está entre las diez más grandes del mundo. Esa mina (muy cuestionada por sus accidentes ambientales) con las de Cerro Negro y Cerro Vanguardia (en Santa Cruz) aporta más del 70% de la producción nacional, que ronda las 62 toneladas anuales. La actividad se concentra en esas dos provincias (en la patagónica hace poco ingresaron Don Nicolás y Cerro Moro); Catamarca fue perdiendo participación por el fin de la vida útil de La Alumbrera y Salta se incorporará el año próximo con Lindero.
La tendencia bajista de los precios del oro, iniciada entre 2011 y 2012, habría comenzado a revertirse en 2016, por lo que se espera un mejor escenario para los próximos años. Como toda exportación, la minera paga una retención del 10% con un tope de tres pesos si tiene valor agregado en términos de manufactura y de cuatro pesos si no hay valor agregado. De las exportaciones mineras, 35% corresponden a la provincia de Santa Cruz; 25%, a San Juan; 19%, a Catamarca y 9% a Jujuy. El resto se reparte entre otras jurisdicciones.
"El sector privado entiende que las retenciones son una medida transitoria; los inversores miran el largo plazo -dice Sánchez-. Hay otras decisiones que buscan favorecer las operaciones". La referencia es a las resoluciones que simplificaron el registro para acceder a los beneficios para promover la actividad que incluye la rebaja de impuestos en gastos de exploración.
Gabriela Origlia
En las últimas semanas la Corte Suprema de Justicia emitió dos fallos avalando la ley que protege los glaciares. En el primero, rechazó un planteo de nulidad realizado por la Barrick Gold de la Ley 26.639, que fija el régimen de presupuestos mínimos para proteger los glaciares y el ambiente periglaciar. En el segundo, rechazó la demanda de la firma Pachón, con fundamento en que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las de la resolución anterior.
Carolina Sánchez, secretaria de Política Minera, rechaza que esos fallos (a los que se sumarán otros tres en la misma línea en el corto plazo) condicionen alguno de los 33 proyectos inventariados: "La situación legal es la misma; no varía nada. No hay iniciativas en operación que puedan ser detenidas; sí podría alcanzar a algunas que no están en marcha. Estamos atendiendo las consultas junto al secretario Sergio Bergman, pero por ahora no tenemos casuística. Hay que recordar que los glaciares se ubican a mucha altura, así que la norma de 2012 no afecta a todos los proyectos por igual".
La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) en un comunicado sostuvo que "reafirma su compromiso de trabajo respetuoso con el ambiente y por ende, con la sociedad. Consideramos que toda actividad productiva debe realizarse de forma responsable y transparente, y por ello, impulsamos un desarrollo minero sustentable". Y recordó que cuenta con el programa Hacia una Minería Sustentable, que fija estándares internacionales de calidad y control.
Sobre el fallo, apuntó: "Coincidimos en la exigencia de fortalecer el trabajo entre Nación y provincia, con el objetivo de generar definiciones técnicas e instrumentos que potencien el desarrollo productivo minero, cuidando los recursos naturales dentro del marco legal vigente".
Sánchez insiste en que los sectores que esperan la declaración de inconstitucionalidad de la ley "no son mayoritarios, reflejan la vieja minería y la que hoy es dominante es la nueva, la del futuro, la que va hacia la sostenibilidad. La sociedad argentina no acepta los estándares antiguos".
Daniel Taillant, director ejecutivo del Centro de Derechos Humanos y Ambiente (Cedha), señala que hay unos US$ 20.000 millones "congelados hace casi una década a la espera de una resolución". Allí se incluyen proyectos de Barrick Gold (Pascua Lama, Veladero, Del Carmen), Glencore (El Pachón), McEwen Mining (Los Azules), Stillwater (El Altar) y Meryllion Gold (Cerro Amarillo), que tienen concesiones mineras en zona de suelos congelados saturados en hielo.
"El problema para estas empresas es que el suelo de sus concesiones está protegido por ley", dice Tailland. La primera norma fue aprobada en 2008 y fue vetada por la entonces presidenta Cristina Kirchner; la nueva se reglamentó en 2012.
Para Taillant, el inventario de glaciares, que fue realizado con demora, "dejó afuera a la mayoría de los de la Argentina; hay más del doble de los contabilizados y no fueron incluidos por ser demasiado pequeños según el criterio técnico del inventario, si bien en su conjunto, representan un enorme valor hídrico. Tampoco se inventariaron los glaciares de escombros y los elementos del ambiente periglaciar, como obliga la ley. Y no se habla hoy de esta laguna del incumplimiento de la ley de glaciares"
