Alejandra Palma*

Somos un país privilegiado en recursos naturales. Chile está dentro de los 10 países con mayor masa glacial del mundo, junto con Canadá, Estados Unidos, China y Rusia, entre otros. También tenemos una abundante riqueza en recursos minerales: somos el primer productor del mundo de cobre (28% del total) y el segundo en molibdeno y litio.

Existe consenso en proteger los glaciares que proveen importantes servicios ambientales y valores de uso turístico. Sin embargo, hay visiones opuestas sobre los instrumentos más adecuados para lograrlo y cuánto es el costo que es aceptable imponer a la población. No se puede perder de vista que la minería representa el 9,8% del PIB y que Codelco aportó US$ 1.798 millones al fisco en 2018. Estos recursos, junto a los tributos de la minería privada, contribuyen a financiar servicios públicos como educación y salud para la población más vulnerable, en lo que se ha estimado alcanza a más del 10% de los ingresos fiscales.

Además, no todos los glaciares son iguales. En la región centro-norte del país, donde hay traslape geográfico de glaciares con terrenos de alto potencial minero, abundan los “glaciares rocosos”. A diferencia de los glaciares blancos del sur, éstos tienen una contribución hídrica mucho menor y a su valor paisajístico es cuestionable. Todo lo anterior no significa que se deban desprotegerse, sino que son argumentos que indican que el instrumento adecuado para la protección de estos glaciares no es una prohibición absoluta y a priori, sino que una evaluación caso a caso, como se hace en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

En la mayoría de países más desarrollados y de mayor conciencia ambiental que Chile -Canadá, EE.UU. y varios de Europa- la protección de glaciares se aborda a través de la regulación sobre áreas protegidas. En Chile, el 83,5% de la superficie glaciar ya se encuentra protegida bajo el SEIA y el resto cuenta con una protección indirecta a través del que hace una evaluación caso a caso.

En cambio, Argentina es el único país del mundo que tiene una ley de protección de glaciares.

Se está tramitando en el Senado una moción parlamentaria en que se prohíben las actividades en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost (suelo congelado), ya sea que tenga o no hielo. El proyecto, además, afecta retroactivamente las actividades que ya están operando cerca de glaciares. Esta iniciativa es muy similar a la ley argentina, salvo algunas restricciones adicionales.

Antes de “importar” esta ley, hay que entender que el contexto de ese país es distinto. La superficie glaciar argentina de 8,484 km2 es equivalente a un tercio de la chilena y la importancia de la minería es mucho menor. En 2018 las exportaciones mineras argentinas fueron de menos de US$ 4 mil millones mientras que las chilenas fueron más de US$ 40 mil millones.

Lo que el país necesita son mejores leyes y no más leyes paralelas que debiliten la institucionalidad existente para proteger el medio ambiente.

* Economista Senior de Libertad y Desarrollo