Daniel Gustavo Montamat
El Grupo de Ex-Secretarios de Energía, del que soy parte, ha vuelto a someter a la consideración de la dirigencia política y social un documento de consensos que contiene los lineamientos de una política energética de largo plazo.
El grupo nació en 2009, cuando junto a otros colegas que habíamos ocupado responsabilidades en el área energética en distintas administraciones de la democracia, preocupados por la crisis energética que todavía no era evidente para muchos, privilegiamos el diálogo y la necesidad de superar el problema con políticas de largo plazo que tradujeran acuerdos básicos entre gobierno y oposición.
No hubo eco en el oficialismo de entonces, pero sucesivos pronunciamientos y documentos del Grupo de Ex-Secretarios fueron esclareciendo a la opinión pública el diagnóstico del paciente energético y las dificultades que iba a tener su recuperación.
En 2015, los principales precandidatos y candidatos a la presidencia de la República, entre ellos el actual presidente, suscribieron un documento de consensos básicos elaborado y acordado por los exsecretarios. Los lineamientos de ese documento han servido de guía y referencia a las sucesivas gestiones energéticas de la actual administración. La Nación y la mayor parte de las provincias suscribieron en 2017 el Acuerdo Federal Energético, fundado en el documento de consensos básicos.
No es casual que el sector energético, que formó parte de la peor herencia recibida, y que estuvo sujeto a traumáticos reajustes de precios y tarifas, hoy luzca como uno de los más promisorios, en condiciones de volver a proveer energía abundante y a precios competitivos. El diagnóstico y las terapias planteadas en los consensos energéticos permearon el debate de ideas y facilitaron el proceso de cambio. La energía todavía es parte del problema económico, pero puede transformarse en un capítulo clave del programa de desarrollo económico y social que nos debemos.
De allí el planteo de estos nuevos consensos, que abordan los principales desafíos de la industria energética argentina en la próxima década. Proponen la necesidad de que la política energética sea asumida como política de Estado y que el sector energético cuente con un plan estratégico de largo plazo "consistente con la necesidad de transformación del modelo productivo argentino". Se insiste en la diversificación de las fuentes de energía, asumiendo la transición gasífera, por ser el gas natural el recurso primario predominante. Dentro de los recursos fósiles, el gas y el petróleo son objeto de especial consideración.
Hay que aprovechar el potencial que ofrecen los hidrocarburos no convencionales con Vaca Muerta a la cabeza; con el desarrollo petrolero en lo inmediato, y con el gas natural, que es más abundante, y cuyo desarrollo intensivo implica una estrategia específica de penetración en el mercado regional y en el mercado internacional. Preocupa la caída sistemática de la producción convencional y se recalca la necesidad de que la política energética aliente los programas de recuperación asistida para sumar reservas y reducir las tasas de declinación productiva. Hay que promover nueva exploración como se lo ha hecho en la Plataforma Económica Exclusiva en la exitosa licitación del corriente año, y hay que incentivar la política exploratoria en las áreas de jurisdicción provincial.
Previendo un desarrollo intensivo de los recursos hidrocarburíferos y la consiguiente apropiación de renta petrolera por parte de la Nación y las provincias, se propicia la creación de fondos contracíclicos que acumulen dólares y eviten la apreciación cambiaria de corto plazo con perjuicio de otras actividades productivas. Reconstituidos los mercados mayoristas de gas natural y de electricidad, los precios y las tarifas deberán reflejar costos económicos eficientes. Solo habrá subsidios focalizados mediante la tarifa social. Hay definiciones en materia de biocombustibles (no solo para sustituir importación de derivados, sino también para desarrollar valor agregado exportable) y de inversión en nuevas centrales nucleares e hidroeléctricas. Se vuelve a enfatizar la importancia de la conformación de mercados regionales integrados de energía (gas y electricidad), todo un desafío anticipatorio del relanzamiento de la plataforma regional tras los acuerdos Unión Europea-Mercosur. La eficiencia energética y el desarrollo sustentable cierran la propuesta.
Conviene dejar en claro que los consensos energéticos no propician un blindaje sectorial ajeno a los desafíos políticos y económicos que tiene la Argentina. Primero, porque presuponen la alternancia republicana en el ejercicio del poder. En la República, donde hay pluralidad de ideas, el diálogo acerca a los diferentes y genera mínimos comunes denominadores que se traducen en políticas de Estado. Entre adversarios, entre oficialismo y oposición. No puede haber consensos cuando el diferente es mi enemigo, y donde prevalece el pensamiento único del que se apropia de la voluntad popular. Segundo, porque los consensos asumen que las ventajas y abundancias relativas de los recursos energéticos con que cuenta el país no pueden ser ajenas a la realidad energética que plantea el mundo y sus principales tendencias. No podemos seguir haciendo "ombliguismo" a contrapelo de lo que pasa en la región y en el mundo. Hay una transición gasífera en la matriz mundial que nos favorece, y hay una creciente inserción de energías renovables que se han vuelto más competitivas. Crece la electrificación en la matriz de consumo final, y las redes eléctricas inteligentes están transformando la interacción entre la oferta y la demanda de electricidad.
El cambio climático impone nuevas exigencias para mejorar la productividad energética (reducir la tasa de intensidad) y descarbonizar su oferta. Hay irrupciones tecnológicas que pueden acelerar las transformaciones. Los consensos se formulan con una mentalidad flexible y abierta a los cambios en el paradigma energético mundial; porque los consensos asumen que la microeconomía energética está expuesta como sector capital intensivo a los avatares de la inestabilidad macroeconómica y de un modelo productivo fallido orientado al mercado doméstico que hay que cambiar. Los barquinazos de la política energética están relacionados con los vaivenes de la política económica y las explosiones cíclicas del modelo productivo.
NÉSTOR O. SCIBONA
La performance del sector energético muestra en 2019 varios cambios esenciales que resultan invisibles a los ojos -como diría El Principito en la célebre novela de Antoine de Saint Exupéry-, al menos de la opinión pública enfrascada en la campaña electoral. Tampoco contribuye a visualizarlos la distancia con los grandes centros urbanos, ni el excesivo tecnicismo y fragmentación de la información oficial para ponerlos en perspectiva.
Aunque mucha gente seguramente oyó hablar de Vaca Muerta, pocos saben que la desértica formación neuquina ya representa el 18% de la producción total de petróleo y el 41% de gas natural. En mayo (último dato disponible), la extracción no convencional de crudo (shale oil), con YPF a la cabeza, aumentó casi 53% interanual (a 14.600 metros cúbicos diarios), con lo cual contrarrestó el retroceso de -2,7% que hubo en la convencional (65.700 m3) y elevó la producción total en 4,2% interanual, tras acumular 15 meses de crecimiento ininterrumpido.
En gas natural, a su vez, la producción creció 7,6% interanual y con 137 millones de m3/diarios resultó la más alta desde 2009. De ese total, 57 millones corresponden a la extracción no convencional (shale y tight gas), que subió 33,3% interanual; en especial por el aporte de un tercio de ese volumen del yacimiento Fortín de Piedra, de Tecpetrol, pese al recorte de incentivos fiscales que llevó a la compañía a plantear un juicio contra el Estado. En cambio, la producción convencional se redujo -5,3% (a 79,9 millones).
Con estos resultados, en los últimos 12 meses la extracción total de crudo acumula una suba de 3,2% y la de gas, de 5,7%. Aquí, la gravitación de Vaca Muerta -donde 7 áreas ya se encuentran en etapa de desarrollo masivo, con 544 fracturas mensuales- puede advertirse en incrementos interanuales de 53,6% y 40,7%, respectivamente. En cambio, los yacimientos convencionales registraron declinaciones de -2,8% en petróleo y de -8,9% en gas natural, según la misma variación móvil que calcula el Instituto General Mosconi.
Otro cambio relevante, como efecto de esas mejoras, es que la balanza comercial energética registró en los primeros cinco meses de este año un superávit de US$ 51 millones. No tanto por el monto sino porque, por primera vez en diez años, marca el punto de inflexión de una tendencia que afectó seriamente las cuentas externas.
Aunque la Secretaría de Energía proyecta un resultado cercano al equilibrio para 2019, no deja de ser un avance si se tiene en cuenta que entre 2006 y 2013 la Argentina pasó de un superávit comercial energético de US$ 6.100 millones a un déficit de US$ 6.900 millones (o sea, una diferencia total de US$ 13.000 millones) y que incluso en 2018 el rojo fue de US$ 2.300 millones. Una de las razones es que, si bien la actual producción de gas genera excedentes exportables (a Chile y otros países vecinos) en ocho de los doce meses del año, en los restantes la Argentina debe importar el equivalente de 30% del mayor consumo doméstico invernal.
En la reciente "Experiencia IDEA Vaca Muerta", hecha en junio en Neuquén, el presidente de Tecpetrol, Carlos Ormachea, aportó varios datos adicionales para dimensionar la magnitud de esta transformación. Por ejemplo, explicó que si no existiera el gas nuevo de VM, el país debería importar combustibles por US$ 3.600 millones y que, al reemplazar una parte, se genera un ahorro de divisas de US$ 2.300 millones anuales. A la vez, el sector industrial privado captura una baja de US$ 700 millones en el costo de la energía, en tanto que el Estado nacional y las provincias se reparten un ahorro fiscal neto de US$ 1.600 millones (incluyendo los subsidios de precios previstos hasta 2021), por las menores importaciones de combustibles para generación eléctrica, que también está subsidiada.
Para posibilitar la salida de una mayor producción de gas de VM hacia las centrales termoeléctricas del Litoral, el Gobierno acaba de presentar el pliego de la licitación nacional e internacional para adjudicar la licencia de la futura Transportadora de Gas del Centro (TGC). Esta compañía -de la que podrían participar las actuales TGN y TGS- deberá diseñar, construir y operar el futuro gasoducto troncal cuyo primer tramo unirá la cuenca neuquina con Salliqueló y el segundo con San Nicolás (ambas en la provincia de Buenos Aires) con una inversión total cercana a US$ 2.000 millones. Otros gasoductos similares también serán necesarios en el futuro para exportar gas natural licuado (GNL) en gran escala cuando se complete el autoabastecimiento. Por caso, YPF estudia la factibilidad de instalar una planta de licuefacción en la zona del puerto de Bahía Blanca.
Paralelamente, la Argentina ya dejó de importar crudo liviano a raíz del aumento en la extracción de esta variedad en los yacimientos de VM que, con precios desregulados en dólares, podría exportar incipiente en los próximos meses. Y, para abrir un nuevo frente productivo, el Gobierno abrió hace tres meses un concurso público internacional donde recibió un total de 13 ofertas por casi US$ 1.000 millones para la exploración costa afuera (off shore) de hidrocarburos en tres cuencas marítimas de la plataforma continental. Hace más de 20 años que no había inversiones en off shore, pese a que Néstor Kirchner creó con ese objetivo la empresa estatal Enarsa, que terminó dedicada a importar GNL con sobreprecios y armar sospechosos negocios con Venezuela, que incluyeron el maletín de Antonini Wilson.
En este contexto, resulta llamativo que el candidato kirchnerista Alberto Fernández haya afirmado semanas atrás, en una visita proselitista a Necochea, que el gobierno de Mauricio Macri "se enamoró de Vaca Muerta y descuidó la producción convencional, pero un día se va a terminar". Si hubiera escuchado al economista Ricardo Arriazu en el encuentro de IDEA en Neuquén, se habría enterado de que la actual explotación de VM abarca solo el 4% de su superficie, que "a este ritmo habría reservas para 150 años y no sabemos si entonces realmente va a haber necesidad de hidrocaburos".
También Fernández abogó por un mayor desarrollo de las energías renovables, lo cual implica desconocer que en 2015, hacia el final del mandato de Cristina Kirchner, el Congreso sancionó por unanimidad la ley de fomento de esas fuentes. Con 2056 MW de potencia instalada en operación (principalmente eólica y solar), actualmente representan el 4,8% de la matriz de generación eléctrica, frente al ínfimo 0,5% de 2011, pero aún lejos del objetivo de 12% planteado por ese régimen para este año. Durante la gestión de Macri, en sucesivas rondas, fueron adjudicados 143 proyectos con una capacidad instalada de 6260 MW. De ese total, la publicación Carta Energética estima que 4800 MW están en construcción y próximamente entrarán en operación, con lo cual la participación de ER llegará a 8% en 2019 y a 12% en 2020. A ellos se agregó este mes otra ronda con la presentación de 52 proyectos que suman 323 MW, aún pendientes de adjudicación.
Al igual que lo que ocurre con la mayor producción de gas natural y la necesidad de nuevos gasoductos, el desarrollo de estas nuevas centrales de energía eólica, solar, biomasa, biogás y pequeños proyectos hidroeléctricos en numerosas provincias, tiene como limitante la ampliación de la capacidad de transporte e interconexión al sistema nacional, lo cual requiere de mayores inversiones públicas y privadas.
Estas y otras cuestiones llevaron al grupo de exsecretarios de Energía a elaborar un documento con propuestas para el próximo gobierno, entre las cuales incluyen el fin de los subsidios a la oferta energética y la normalización pendiente de los mercados mayoristas de gas y electricidad. En el trabajo admiten que, si bien la crisis energética ha sido superada en su fase más aguda, la transición hacia a un sistema energético sustentable y competitivo requerirá de una política de Estado explícita, acordada con una mayoría legislativa que asegure la continuidad de reglas y la elaboración de un plan estratégico de largo plazo en consulta previa con la industria y especialistas a través de la web, con actualizaciones periódicas mediante el mismo esquema. Como broche, proponen la creación de fondos contra-cíclicos para evitar que apreciaciones cambiarias de corto plazo perjudiquen la estrategia de generar valor agregado exportable.
