Desde hace años sólo se conoce de las inversiones que ejecutan San Cristóbal, Manquiri, Illapa y San Vicente. En 2017, la cartera no superó los US$ 253 millones.
La inversión minera en Bolivia está estancada frente a los proyectos del sector que ejecutan empresas privadas en Perú y Chile. La principal causa de esta “sequía” se atribuye al tema impositivo, según un análisis de la Fundación Milenio.
“La valoración de Bolivia en la última medición anual continúa siendo tan mala como en los años anteriores. Esto es lo que reflejan los puntajes que obtiene nuestro país en la mayoría de los indicadores utilizados por el reporte anual del Instituto Fraser, de Canadá, que recoge las opiniones de expertos y ejecutivos de empresas y clasifica a los países según su atractivo para captar inversión minera”, se lee en el Informe Nacional de Coyuntura, elaborado por la fundación.
En el Índice de Atractivo de Inversión 2018, Bolivia ocupó el puesto 74 entre 83 países. El puntaje obtenido llegó a 48,5, es decir, 36 puntos menos que Chile; 33 menos que Perú; 25 menos que México; 14 menos que Colombia; 11 menos que Ecuador, y 10 puntos menos que Brasil.
El Índice de Atractivo de Inversión conjuga tanto el potencial minero de los países como la percepción de la aptitud de las políticas gubernamentales para captar inversiones extranjeras.
Además, se evalúa aspectos como la regulación ambiental y laboral, el régimen tributario, las barreras arancelarias, la estabilidad política, el sistema legal y el grado de incertidumbre en la aplicación de las normas, la protección de los derechos mineros, la infraestructura, la información geológica, la habilidad y experiencia de la fuerza laboral.
Milenio informó que Bolivia es un país minero por tradición e historia, y la abundancia de sus recursos mineros está fuera de duda. No obstante, también se conoce que el país tiene muchas restricciones para poner en valor esos recursos, que están inexplorados, sin aprovechamiento.
De acuerdo con los datos más recientes publicados por el Ministerio de Minería, en 2017 la inversión privada registró 252,8 millones de dólares; si bien el monto es superior al registrado en 2016, cuando sólo hubo 41,6 millones de dólares; sin embargo, ya no se ven cifras como las de 2008.
Es así que desde hace varios años sólo se conocen las inversiones de firmas como San Cristóbal, Manquiri, Illapa o San Vicente. En la lista estaba South American Silver, pero la mina que operaba, MallkuKhota, fue revertida por el Estado en 2012.
A las cifras oficiales, si se le suma la inversión estatal, en 2017 no se llegó ni a 400 millones de dólares. En comparación con Perú, la cartera de proyectos de construcción de mina para 2018 consta de 48 planes, por un monto global de inversión que llega a los 59.134 millones de dólares.
Los recursos provienen principalmente de 11 países, encabezados por Reino Unido, con cinco proyectos que ascienden a 11.930 millones de dólares. Siguen en importancia las inversiones de China y, en tercer lugar, Canadá.
En el caso de Chile, pese a los vaivenes del mercado, la inversión minera en ese país se mantiene activa, con 46 proyectos valorados en 36.159 millones de dólares, desde 2006 hasta la fecha.
El catastro de inversiones mineras para el período 2018-2027 incluye 44 proyectos. Las inversiones provienen particularmente de 11 países, liderados por el propio Chile, con 60% de la inversión total, y Codelco y Antofagasta Minerals como operadores principales. Luego siguen Canadá y Australia, entre otros.
Para el investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Alfredo Zaconeta, es evidente que la inversión en minería, tanto estatal como privada, fue casi mínima en la década pasada. Por ejemplo, en 2008 ambas alcanzaron 519 millones de dólares, y, a partir de entonces, cayeron.
“A 2019, el país no conoce de un nuevo proyecto minero que se haya puesto en marcha, los proyectos presentados en instancias internacionales no lograron copar la atención de los inversionistas. Por lo mismo, no podríamos hablar de renovación minera, por el contrario, sí podemos hablar de agotamiento de yacimientos”, consideró Zaconeta.
El experto atribuyó el desinterés de parte de las empresas privadas a la falta de proyectos serios y con reservas probadas, desarrollados a través de estudios y avalados por Comibolo por el Servicio Geológico Minero.
Indicó que, en 2018, Oruro redujo su recaudación minera de 14,4 millones de dólares de 2017, a 13,6 millones, por la caída internacional del precio de los minerales, pero también por la falta de prospección y exploración.
“¿Qué pasó con los proyectos Chulcani, Culta, Negrillos, la franja Poopó y Conde Auque? Lo que las autoridades tienen que entender es que la minería se hace con prospección y exploración, si no, Oruro va rumbo a su ocaso minero”, advirtió.