El Ministerio de Energía y Minas (MEM) aprobó, en agosto del 2014, el segundo Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Southern Copper para la construcción del proyecto minero Tía María.
Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE) la inversión es necesaria para afianzar el crecimiento económico, pero grupos que se oponen al desarrollo buscan sembrar violencia y caos en regiones del sur del país, alertó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ( SNMPE), Manuel Fumagalli, en referencia a las protestas por el proyecto minero Tía María.
“Las autoridades regionales y municipales han sido elegidas con el propósito de promover el desarrollo de sus pueblos, no para ahuyentar la inversión, que es la mejor aliada para construir oportunidades de progreso”, afirmó mediante un comunicado.
En ese contexto, Fumagalli expresó su condena ante la actitud de algunas autoridades que se niegan a establecer espacios de diálogo para disipar las dudas que tienen en torno al proyecto “Tía María”, que significa una inversión de US$ 1,400 millones. “Rechazamos todo tipo de amenazas y ultimátums que atenten contra la gobernabilidad”, subrayó.
“La empresa Southern Perú ha cumplido con todos los requisitos que demandan las leyes peruanas para obtener los permisos y licencias; y además ha venido implementando un amplio proceso de relacionamiento con importantes grupos de interés en el valle y la región Arequipa”, expresó.
De otro lado, alertó de la existencia de un grupo antiminero que se moviliza por el sur del Perú con el fin de boicotear otros proyectos y operaciones mineras en Moquegua y Tacna.
“Es necesario establecer un diálogo franco, sin amenazas ni condicionamientos, que incluya a todos los actores (Estado, empresa y sociedad civil), pues nuestro país requiere de paz social para impulsar el desarrollo sostenido y cerrar las brechas sociales”, sostuvo Fumagalli.
Sin embargo, la ONG Cooperacción sostiene que las organizaciones sociales lideradas por las Juntas de Usuarios de la zona de influencia contrataron a una serie de profesionales que formularon observaciones al EIA.
Según indica dicha organización, estos profesionales concluyen que no se levantaron en su totalidad las 138 observaciones emitidas por la Unops al primer EIA, que es la base del segundo, y advierten de riesgos adicionales.
Por ello, Cooperacción señala que no queda claro si pueden convivir en un mismo territorio las actividades económicas actuales del valle (agricultura, ganadería y pesca) y la minería.
Las observaciones que estos profesionales hacen son:
La población del Valle del Tambo necesita del agua del río Tambo y de sus canales para realizar sus actividades. El flujo de agua en el canal La Ensenada-Mejía-Mollendo muestra una tendencia de decrecimiento de 3m3/s, que estaría influenciado por el Proyecto Pasto Grande. En tanto, dicho río tiene altas concentraciones de sólidos suspendidos, cloruros, aluminio, arsénico y plomo en periodos de estiaje, por lo que deviene en agua de mala calidad para el consumo humano y para la agricultura. Agravar esta situación sería un gran problema para el valle. Se debe tener en cuenta que los componentes mineros se ubicarán en varias quebradas: Posco o Rosa María, Salinas, Cachuyo, Chuli, Quialanque y tres quebradas sin nombre.
Además, se indica, están los riesgos de dispersión del polvo, que proviene de un yacimiento con sulfuros, por lo que resulta importante estudiar la dirección de los vientos. Si bien, los vientos en dicha zona van de manera predominante hacia el Nor-Este, esa tendencia varía (hacia el Sur-Este) en las diferentes estaciones del año y entre el día y la noche por la presencia de los vientos locales (brisas marinas). Según se señalan, esto no se encuentra suficientemente estudiado, por lo que las partículas PM10 y PM2.5 podrían llegar hasta el valle y depositarse en aguas superficiales, suelos y cultivos.
En las observaciones de la Unops de los numerales 142 y 143, indicó su preocupación por la ubicación de la planta de chancado primario de La Tapada, debido a su proximidad al Valle Tambo y de los depósitos de desmonte de La Tapada y Tía María, ya que se encuentran en una quebrada que incide en el poblado de Cocachacra y sobre el río Tambo, por lo que expresó su preocupación por los posibles cambios en la calidad del aire y recomendó reubicar la planta de chancado primario y el depósito de desmonte del tajo de La Tapada, algo que “solo se movió ligeramente”, señala el listado de observaciones de los especialistas consultados, que dio a conocer Cooperacción.
Por otro lado, cuestionan el número (solo cuatro) y ubicación de las estaciones de monitoreo del aire y muestreos realizados. Estas se encuentran a 400 metros de las oficinas administrativas de la empresa, a 800 metros del poblado de Cocachacra camino al ingenio Obando, a 200 metros de la plaza del poblado La Ensenada y a 100 metros de la orilla del mar, en el área donde se construirá la planta desalinizadora. “No existe estación de monitoreo en el valle, el poblado El Fiscal (algo que fue recomendado por Unops, indican), el poblado de Chucarapi, los tajos, las plantas chancadoras, entre otros, lugares en donde se podrían generar serias afectaciones”.
5. Polvo
Adicionalmente se sostiene que el EIA no toma en cuenta el potencial contaminante del polvo que proviene de un depósito de sulfuros, que podría generar drenaje ácido de roca (DAR) ante neblina estacional o el Fenómeno El Niño. El drenaje ácido de roca tiene el potencial de introducir acidez y metales disueltos en el agua, lo que puede ser perjudicial para los peces y la vida acuática.
Los depósitos de desmontes provenientes de los tajos La Tapada y Tía María estarán ubicados en la Quebrada Cachuyo, que es perpendicular al río y al Valle de Tambo y en pendiente. Además, el depósito de sulfuros se encuentra aledaño al yacimiento La Tapada, en quebrada y en pendiente, y su drenaje igualmente va en sentido de la pendiente y con dirección al río Tambo. La ubicación de dichos depósitos podría generar drenaje ácido de roca, según una observación de Unops. “Estos depósitos no se han movido de esas quebradas, según lo indica el nuevo EIA, por lo que podríamos decir que la observación de Unops se mantiene”, se advierte.
En el EIA también se afirma que no hay riesgo de generación de aguas ácidas porque las lluvias son de tan solo 2.36 mm/año. Sin embargo, se indica, no se toma en cuenta que la humedad relativa de la zona del tajo La Tapada se encuentra entre el 50 a 80% durante el año.
Según el documento elaborado por Cooperacción dicho canal está expuesto a caídas de roca en contextos de voladuras simultáneas (en un determinado momento los tajos de La Tapada y Tía María, se explotarán simultáneamente) y de activación de la falla geológica Yanamayo que atraviesa en forma perpendicular el área donde se ubican los dos tajos. Esto no habría sido considerado en la evaluación de los impactos ambientales.
En dichos yacimientos hay presencia de sulfuros. Cuando se exploten ambos tajos, existe el riesgo de generar aguas ácidas cuando entren en contacto los sulfuros y la napa freática. En promedio desde la cota 229 msnm hacia abajo, el acuífero puede entrar en contacto con la capa de sulfuros del tajo de La Tapada. Unops recomendó en el numeral 185 la cuantificación del potencial de drenaje ácido de roca, cuando los tajos se encuentren explotando las áreas de sulfuros y ripios, y tomen contacto con aguas subterráneas.
Otra preocupación es la posible conexión de las aguas subterráneas de la zona de los tajos con el río Tambo. Señalan que la gran discusión es si el acuífero es fracturado o no.
En el EIA se menciona una demanda nominal de agua de 847m3/hora y luego se menciona otra de 1049.5 m3/hora, lo que implicará una modificatoria posterior de las plantas desalinizadoras.
El EIA se aprobó sin que la planta desalinizadora contara con un estudio de ingeniería a nivel de factibilidad que permitiera determinar sus impactos.
Al ser consultada por Gestion.pe sobre estas observaciones, la empresa Southern Copper aseguró que en su segundo EIA subsanó cada una de las observaciones de la Unops a su primer EIA, puesto que la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Minem lo aprobó en agosto del 2014.
