El jefe de Estado, Martín Vizcarra, consideró que se deben tomar “las mejores decisiones en beneficio de todos los peruanos”, del Estado y la institucionalidad, respetando la independencia de poderes
El presidente Martín Vizcarra consideró que los S/524 millones que reclama la empresa Odebrecht al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como reembolso por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, deberían quedar como una “garantía” para el Perú.
“El daño que ha hecho Odebrecht al Perú es muchísimo más de 500 millones. Pienso que -cumpliendo la independencia de poderes porque respetamos las decisiones que tome el Ministerio Público y el Poder Judicial- debería haber una forma de que, si el acuerdo determina, quede como garantía porque vemos que siguen haciendo destapes de corrupción en otros proyectos que no se habían considerado”, opinó.
Para Vizcarra, se deberían tomar precauciones considerando que hay casos de corrupción en proyectos en los que se pensaba que Odebrecht no estaba involucrada.
“Hay que tomar las providencias y precauciones del caso porque es lamentable que proyectos que se pensaba, porque así lo habían dicho los actores involucrados, que no habían sido fruto de la corrupción, también han sido fruto. Pienso que amerita un análisis profundo y siempre cuidado los intereses del Estado”, afirmó el mandatario.
Finalmente, consideró que se deben tomar “las mejores decisiones en beneficio de todos los peruanos”, del Estado, la democracia y la institucionalidad, respetado la independencia de poderes.
Como se recuerda, el programa "Punto final" reveló que la empresa brasileña Odebrecht le solicitó a inicios de julio al Ministerio de Justicia el reembolso de más de S/500 millones, tras la venta de Chaglla a un consorcio estatal chino.
El Estado Peruano le retuvo a la empresa US$319 millones, equivalentes a aproximadamente S/1.052 millones, de dicha transferencia.
De ese monto, S/435 millones fueron utilizados para que Odebrecht cancele la deuda que tenía con la Sunat; S/12.5 millones para saldar la reparación civil por la carretera de Chacas (Áncash) y S/80 millones como pago de la primera cuota de los S/610 millones de reparación civil fijado en el acuerdo de colaboración eficaz.
El resto, S/524 millones, debe retornar a las cuentas de la constructora, según el acuerdo de colaboración firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría.
Sin embargo, el Poder Judicial estableció en la homologación del acuerdo, que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia antes de devolver este dinero que “no exista investigación o proceso penal en curso” respecto a la constructora “por hechos distintos” al convenio.
La constructora brasileña Odebrecht reclama al Gobierno de Perú 524 millones /S por la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla. La amenaza de que este conflicto llegue a arbitraje, tras la venta por parte de Odebrecht a un consorcio chino el pasado mes de abril, desata las alarmas.
A finales del mes de abril se produjo la venta de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, una de las más grandes de Perú situada en la región Huánuco, al consorcio China Three Gorges por 1.400 millones de dólares ($).
De ese pago, Odebrecht tendría que saldar deudas pendientes. Según declaraciones de Alex Zimmermann, gerente general de Cofide (Corporación Financiera de Desarrollo) recogidas por el medio Gestion.pe en información publicada en el artículo “Odebrecht concretó venta de Hidroeléctrica Chaglla a consorcio chino por US$ 1,400 millones“, 25.04.2019: 600 millones de dólares pagarían la deuda senior de Odebrecht con un sindicato de bancos; 100 millones de dólares serían para Cofide con motivo de la financiación a la constructora; un pago por concepto de penalidad de 2 millones de dólares; y 319 millones de dólares como aporte al fideicomiso de pago de la reparación civil de la constructora acusada de corrupción.
Con motivo de la actual demanda de 524 millones de /S, otras declaraciones como las de María Isabel León, presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), explicó su confianza en que, si el reclamo llegase a arbitraje la resolución sería a favor del Estado. Declaraciones en rueda de prensa: “Si hay algún emplazamiento a nivel judicial o en algún órgano administrativo, es este quien debe resolver. Seguramente [la entidad] resolverá a favor del país tomando en cuenta el principio de legalidad” (recogidas del medio El Comercio “Si caso Chaglla llega a arbitraje, Confiep espera un fallo a favor del Estado“, 16.07.2019).
Según información recogida por este mismo medio en el artículo “Vizcarra: Dinero que reclama Odebrecht por Chaglla debería quedar como “garantía”“, de 16.07.2019, los 524 millones deben “retornar a las cuentas de la constructora, según el acuerdo de colaboración firmado por el Ministerio Público y la Procuraduría”. Pero cita que “el Poder Judicial estableció en la homologación del acuerdo, que la fiscalía debe informar al Ministerio de Justicia antes de devolver este dinero que “no exista investigación o proceso penal en curso” respecto a la constructora “por hechos distintos” al convenio.”
En marzo de este año informábamos de que entre 2010 y 2016, la compañía brasileña Odebrecht presentó siete arbitrajes contra el Gobierno de Perú por obras de infraestructura que son los siguientes:
+Proyecto Especial de Irrigación Hidroeléctrica de Olmos Trasvase;
+Rehabilitación, Mejoramiento y Construcción de la carretera Callejón de Huaylas, Chacas San Luis;
+Rehabilitación y Mejoramiento de la carretera Empalme Cullum Duque, Zapatero, San José de Sisa;
+Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, IIRSA Tramo 2;
+Corredor Vial Interoceánica Sur Perú-Brasil, IIRSA Tramo 3;
+Construcción de la Vía Costa Verde Callao;
+Construcción y Mejoramiento de la Carretera Camaná, Quilca, Matarani, Ilo, Tacna, Sub Tramo 1, El Arenal, Sub Tramo, El Arenal, Punta de Bombón.
